La Comisión investigadora por alzas en cuentas de la luz durante la pandemia Covid-19, recibió, de manera telemática, las exposiciones del superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, y del subsecretario de Energía, Francisco Javier López, donde se dieron a conocer la evolución que han tenido la llamada facturación provisoria en los consumos de los clientes de las distribuidoras.
En primer término, Ávila informó sobre las instrucciones emanadas de SEC desde que se inició la pandemia, para garantizar la continuidad de servicios y, posteriormente, luego del acuerdo anunciado por el gobierno con las empresas para prorratear deudas con posterioridad al estado de catástrofe, donde se solicitó a las distribuidoras los planes y medidas implementadas para dar cumplimiento al acuerdo y que mejoraran sus canales de atención hacia los clientes.
Boletas
El personero explicó que las empresas también sufrieron el repliegue de sus trabajadores con la pandemia, lo que imposibilitó la toma de lectura de los medidores y la dificultad de acceder a los domicilios. Por ello, se aplicó lo dispuesto en el artículo 129 del Decreto Supremo 327 del Ministerio de Minería que señala que se facturará provisoriamente por la energía total consumida, el promedio de los seis meses anteriores de ese cliente. Ávila explicó que «eso no es la boleta real, ya que luego se resta lo provisorio, cuando se regulariza el cobro».
Informó que de un universo de más de 39 millones de boletas, en los últimos 6 meses, 9,6 millones fueron emitidas con esa modalidad: 17,1% en marzo, 62,3% en abril (donde hubo mayor impacto) y 29,1% en mayo. Ya en septiembre se retoma la normalidad con solo un 4,3% de las boletas.
El superintendente ahondó en los dos grupos de clientes que tuvieron problemas con esta modalidad. En primer lugar, los que seis meses anteriores tuvieron consumo normal como restaurantes, peluquerías, colegios, universidades y hoteles, y que ahora tenían costo cero o muy bajo porque estaban cerrados. Para ese reclamo masivo, se instruyó a las empresas a no cortar suministro y coordinar con el cliente abrir el local para tomar la lectura del medidor. «A aquellos que no tenían consumo se aplicó una nota de crédito para llevar la cuenta a su valor correcto (…) y lo ya pagado queda como monto a favor», explicó.
En segundo lugar, añadió, está el grupo donde se generó un problema porque la estimación de consumo de los seis meses anteriores no refleja el nivel de consumo que en realidad tuvieron los hogares durante la pandemia, con actividades como teletrabajo, estudios y calefacción, por menores temperaturas de invierno. «Esa subvaloración tendrá una diferencia a pagar que puede ser excesiva», advirtió.
Ambas situaciones generaron un récord de reclamos ante la Superintendencia. Mientras en años anteriores el promedio era de 120 reclamos por día, esto aumentó, significativamente, a 2 mil 400 reclamos diarios. “La Superintendencia elevó su capacidad de atención y respuesta, llegando a más de 11 mil reclamos respondidos en un mes”, informó.
La autoridad agregó que, hasta antes de publicada la ley de servicios básicos, había 130 mil solicitudes para evitar el corte de suministro y acceder al prorrateo. Mientras, los reclamos por facturación en las empresas subieron desde más de 5 mil en marzo, a 45 mil en julio. Para ello, se instruyó a las distribuidoras eléctricas a explicar la situación, dar facilidades y mejorar sus canales de atención.
Finalmente, Ávila descartó el aumento en las cuentas de la luz, «ya que el kilowatt/hora permanece igual con la ley de estabilización de precios de energía de noviembre de 2019, pero detectaron algunos hallazgos en las empresas Saesa de ciudades del sur del país, y en Enel de la Región Metropolitana, que no cobraron en la facturación provisoria el cargo asociado al valor de transmisión, que es un 10% de la boleta, cobro acumulado que apareció al regularizarse las boletas. Por ello, estudian procesos sancionatorios».