mayo 15, 2014 | Industria
(La Segunda) «En estudio» dejó la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción el fallo por la termoeléctrica Bocamina II -propiedad de Endesa y ubicada en Coronel- que determinará si la central retoma sus operaciones o se mantiene paralizada por decisión de la justicia.
El tribunal paralizó el pasado 17 de diciembre la operación de la central de 350 megawatts (MW) al aceptar una orden de no innovar contenida en un recurso de protección presentada por asociaciones de pescadores de Coronel.
La decisión de la Corte de Apelaciones de dejar «en estudio» el fallo asegura que la paralización de la carbonera se extenderá por al menos un mes más, tiempo mínimo que entrega la ley a los jueces para que redacten la resolución.
El cierre temporal de Bocamina II ha afectado los resultados de Endesa y a marzo de este año, última estimación realizada por la compañía, la generadora calculaba un impacto financiero de US$44,9 millones.
Bocamina II suministra entre un 5% y 6% de la demanda diaria del Sistema Interconectado Central (SIC), equivalentes a todo el consumo de Los Angeles al sur. En estimaciones anteriores de Endesa, la detención de la carbonera ha producido un sobrecosto al sistema de US$1,2 millones, al tener que sustituir la energía que inyectaba con centrales que utilizan diésel, combustible más caro.
Los contrarios al proyecto señalan en el recurso de protección que la empresa construyó una central diferente a la que fue aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Concepción.
Añaden que la Corte Suprema en junio de 2012 falló en contra de la generadora, solicitándole el ingreso de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por Bocamina II y no sólo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como lo habría hecho la empresa.
mayo 14, 2014 | Industria
(Pulso) Acudir al Tribunal Constitucional sería una de las cartas que tiene Endesa para impugnar el cierre de su planta Bocamina II, que requirió una inversión superior a los US$600 millones.
Por lo pronto, la eléctrica encargó al ex ministro del TC, Enrique Navarro, un informe en derecho enumerando los posibles vicios constitucionales y administrativos en el proceso que gatilló el cierre de su unidad generadora. Esto le ha generado, según ha dicho la propia Endesa, pérdidas por alrededor de US$49 millones.
En el informe (de 70 páginas) se establece que la medida de cierre es desproporcionada, arbitraria y que en el proceso sancionatorio la Superintendencia de Medio Ambiente habría incurrido en faltas administrativas.
Si bien el texto elaborado por el profesor en Derecho Constitucional no va dirigido al Tribunal Constitucional, ya que fue presentado a la Superintendencia de Medio Ambiente, fuentes legales señalan que en caso que el panorama se vuelva aún más adverso para la eléctrica, éste documento podría cimentar las bases para un futuro reclamo frente al TC.
¿Qué se vulnera?
El eje central del informe es la vulneración del principio de proporcionalidad, el que establece límite a los poderes constituidos, con el propósito final de que ninguno de ellos pueda hacer un uso arbitrario del poder que les ha sido conferido, sostiene el abogado Enrique Navarro.
El documento establece que la medida de cierre que pesa sobre Bocamina II sería arbitraría, desproporcionada y “no se dan los supuestos que harían procedente una medida tan gravosa como es la suspensión de actividades o la clausura del establecimiento”.
En otro capítulo, el informe cuestiona los fallos que han perjudicado a la eléctrica en las dos aristas que debe enfrentar de manera simultánea: el recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción y el proceso sancionatorio levantado por la Superintendencia de Medio Ambiente.
Enrique Navarro afirma que uno de los principios esenciales del Estado de Derecho es que las sentencias judiciales sean debidamente fundadas, “lo que también resulta aplicable a los actos administrativos, todo lo cual ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.
En esa línea, el texto argumenta que las sanciones deben ser adecuadas a la entidad o cuantía que ha tenido la infracción, situación que no se habría respetado según la óptica del jurista.
Sostiene que la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente delimita perfectamente el carácter de las infracciones en leves, graves o gravísmas y establece parámetros específicos, los cuales no se habrían ponderado de manera correcta, determinando de forma arbitraria la suspensión de las operaciones de la termoeléctrica situada en la Región del Biobío. Junto a esto, se hace un repaso de todas las sanciones a Endesa con el fin de justificar la tesis de la arbitrariedad.
“De los 70 procesos sancionatorios efectuados por la superintendencia el año pasado, en tres hubo sentencias favorables, en otros tres se impuso la sanción de amonestación, en 24 se aprobaron programas de cumplimiento y en otras 24 se aplicó multas de diversos montos”, recuerda el abogado.
Luego, en su escrito señala que frente a la misma falta -modificación de un proyecto sin Resolución de Calificación Ambiental, que fue lo que ocurrió con Bocamina II, según la autoridad ambiental-, el historial de la superintendencia sólo habla de multas.
El abogado añade que el Tribunal Ambiental ha dicho que el sólo hecho de que ciertas obras no hayan ingresado al sistema de evaluación ambiental no es motivo suficiente para aplicar sanciones. Esto, dice Navarro, “habida la consideración que siempre se deberá acompañar antecedentes suficientes para evaluar si existe o no riesgo de daño inminente al medio ambiente o a la salud de la población”.
abril 8, 2014 | Medio Ambiente
(Confepach) La Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores de Artesanales de Chile (Confepach), que logró en la Corte Suprema el fallo que obligó a Endesa a someter a la termoeléctrica de Coronel (Región del Biobío) a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en la ampliación de Bocamina II, se hizo parte en el recurso que mantiene paralizadas las operaciones de esta termoeléctrica.
A poco de que la Corte de Apelaciones de Concepción se pronuncie sobre la acción cautelar presentada en diciembre por algueras y pescadores de la caleta Lo Rojas, la Confepach ingresó en el tribunal de alzada un escrito haciéndose parte del recurso.
En el documento firmado por los abogados Renato Fuentalba y Roberto Coloma se pide acoger la acción legal que mantiene fuera de funcionamiento Bocamina II, argumentando los daños ambientales que ha causado la termoeléctrica en la comuna de Coronel.
El asesor de la Confepach, Hugo Arancibia, informo que decidieron adherirse al recurso de protección porque todo el caso contra Endesa -dijo- se originó en el fallo logrado por la confederación en la Corte Suprema, dictamen que ha influido en las investigaciones administrativas y judiciales contra la segunda unidad.
“El objetivo ahora, agregó Arancibia, es que la corte penquista ordene a Endesa un EIA integral de todo el complejo termoeléctrico”.
El tribunal de alzada deberá pronunciarse próximamente sobre la acción cautelar luego de recibir todos los informes solicitados al Servicio de Evaluación Ambiental, a la generadora e incluso a la Fiscalía que investiga la varazón de recursos marinos en la costa de la comuna de Coronel.
marzo 25, 2014 | Industria
(Diario Financiero) Este jueves la central Bocamina II completará 100 días paralizada por orden de la Corte de Apelaciones de Concepción y el sobrecosto para el Sistema Interconectado Central (SIC) de esta medida ronda los US$ 100 millones, según cálculos de Endesa Chile, propietaria de esta termoeléctrica a carbón.
Esta cifra se explica por la entrada en operación en este período de centrales menos eficientes -fundamentalmente a diésel- en reemplazo de esta unidad, que en marzo de 2013, por ejemplo, aportó el 5,5% de la generación del principal sistema eléctrico del país.
Fuentes de la eléctrica controlada por el grupo Enersis explicaron que el consumo diario de petróleo para sustituir a Bocamina II equivale a cinco veces el consumo del Transantiago o bien, si la opción fuera suplir esas inyecciones de energía con generación hidráulica, ello representaría todas las extracciones realizadas por los regantes durante esta temporada desde el Embalse del Laja, que es la mayor reserva hidroeléctrica del SIC.
Este volumen -dicen en la industria- no es menor y da cuenta de la dimensión del costo que este tipo de decisiones judiciales tienen sobre las reservas hídricas en períodos de sequía como el actual, que en 2013 completó el cuarto año consecutivo.
Una de las consecuencias más evidentes del mayor uso de diésel en la generación es el aumento en el costo marginal, ya que este combustible es la fuente más cara y menos eficiente de la matriz eléctrica (ver página 6).
Piden suspensión
El viernes pasado Endesa Chile pidió por tercera vez al tribunal de alzada penquista que suspenda la orden de no innovar que impide operar Bocamina II.
La solicitud se basa en una serie de nuevos antecedentes que fueron proporcionados y que acreditan, a juicio de la eléctrica, que el funcionamiento de la central cumple con las normas que regulan la actividad, no existiendo contaminación, riesgo o daño a la salud de las personas y al medio ambiente.
Entre los documentos proporcionados por la eléctrica figuran informes asociados al cumplimiento de la norma de termoeléctricas, vigente en una primera etapa desde este año, así como de otras normativas relacionadas con residuos líquidos y mitigación de ruidos y en el sistema de succión.
A lo anterior se suma una declaración del organismo pertinente dando cuenta de que en 2013 (hasta el 30 de noviembre) la central no excedió la generación máxima autorizada por la autoridad.
marzo 14, 2014 | Industria
(Pulso) Hace dos semanas, el gerente general de Endesa Chile, Joaquín Galindo, declaró ante la Superintendencia de Medio Ambiente en el marco de la causa que esa entidad inició tras detectar severos incumplimentos a la normativa en la central Bocamina II.
Según la SMA, Endesa incumplió los compromisos ambientales adquiridos en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la central a carbón -que se ubica en Coronel, Región del Biobío- y fue el propio Galindo quien compareció ante el regulador para entregar los descargos de la compañía.
Según la transcripción de su declaración, a la que tuvo acceso PULSO, el ejecutivo señaló que varias de las falencias se originan en incumplimientos de la empresa que construyó la unidad mediante un contrato EPC (llave en mano), es decir, la italiana Tecnimont.
Ambas mantienen un litigio judicial en distintas cortes -entre ellas, la Cámara de Comercio de París- e incluso la italiana demandó en US$1.300 millones a la generadora, que es controlada por la también italiana Enel.
En relación con una de las unidades cuestionadas, el sistema de abatimiento de ruido, Galindo planteó que la responsabilidad directa corresponde a la constructora y no a su empresa.
«Se produce un hecho que es el incumplimiento contractual por parte de Tecnimont: era el contratista ‘llavemanista’ y dentro de su alcance tenía que acabar con las centrales, entre otras cosas cumplir con la limitación. Estos señores incumplen el contrato, incumplen el contrato de forma flagrante y estamos hoy en los tribunales con el contratista y una de las cosas que dejó pendiente, que no acabó, fue la implementación del sistema de ruido», dijo el ejecutivo de Endesa Chile.
Respecto a las reparaciones de la unidad, agregó que ha sido Endesa la que ha debido completar ese trabajo, pues Tecnimont no lo hizo. «Entonces, por eso, entre otras cosas, hoy estamos en la corte y en el arbitraje en la Cámara de Comercio de París», manifestó el ejecutivo.
Desulfurizador
También fue citado el director de Construcción de Bocamina II, Ignacio Salinas, quien respaldó la postura de Galindo y dijo que el desulfurizador de la Unidad 2, otro punto de discordia, también era parte del contrato con Tecnimont.
«La central termoeléctrica se compró como un paquete completo», puntualizó.
Salinas también reconoció que el contrato no tuvo un término normal y que, por tanto, la central propiamente tal no se ha terminado.
«Nosotros terminamos lo fundamental, pero dentro del contrato, por ejemplo, estaban los jardines. Los jardines no los trajo Tecnimont, no los instaló. También estaba la pintura de la central; tampoco terminó la pintura, etc. Entonces, la central no quedó completamente terminada», es parte de su declaración.
Pese a ello, aseguró que la unidad, con algunos detalles por terminar, opera.
