mayo 17, 2017 | Industria
(Diario Financiero) Los permisos obtenidos y los derechos de agua que sustentaban el proyecto hidroeléctrico más grande impulsado en el país, son casi los únicos activos que hoy posee HidroAysén y defenderlos es la cruzada que mantiene la sociedad entre Enel Generación Chile (ex Endesa Chile) y Colbún.
En este contexto, hace un par de días los socios sufrieron un nuevo traspié, ya que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los dos recursos de reclamación que la firma presentó en 2015 para impugnar los decretos que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) dictó en enero de ese año y en los cuales denegó parcialmente los derechos adicionales que la sociedad pidió en 2008 en los ríos Baker y Pascua.
Estos recursos permitirían reducir la superficie inundable del complejo eléctrico proyectado en la Región de Aysén a cambio de la inclusión de una quinta central, con lo que se mantendría la capacidad de producción en 2.750 MW.
Tras analizar los argumentos de ilegalidad y arbitrariedad en la acción del MOP que denunció la empresa, el tribunal de alzada capitalino resolvió rechazar el recurso por estimarlos inexistentes.
“HidroAysén fue notificada hoy de dos fallos adversos de la Corte de Apelaciones de Santiago por derechos de agua solicitados por el proyecto el año 2008. La sociedad está estudiando el contenido y alcances de dichos fallos antes de adoptar una decisión”, dijeron en la empresa al ser consultados por estas resoluciones que pueden ser llevadas a la Corte Suprema.
Facultad presidencial
Amparado en una facultad presidencial, contenida en el artículo 147 bis del Código de Aguas, el MOP decretó la reserva hídrica de caudales en los dos ríos mencionados, basado en la existencia circunstancias excepcionales y de interés nacional.
Previo a esta resolución y tras unos siete años a la espera de una resolución por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), fue la Contraloría la que ordenó ejecutar el pronunciamiento que terminó siendo contrario a los intereses de la empresa, porque los caudales que la entidad aceptó otorgar resultaban insuficientes.
La entonces Endesa Chile renunció a derechos de agua que estaba pidiendo en la zona para evitar la colisión de solicitudes y desbloquear su entrega a HidroAysén.
El otro frente de batalla que actualmente libra el gerente general de HidroAysén, Camilo Charme, el único ejecutivo que mantiene la sociedad, está en el Tribunal Ambiental, donde están tratando de impugnar la anulación del permiso ambiental de la iniciativa que decretó el Comité de Ministros para la sustentabilidad en 2014.
Esta es una de las causas más antiguas que la justicia ambiental mantiene pendiente.
[Colbún e HidroAysén: “Proyectos de este tipo deben hacerse en el marco de una política nacional que cuente con amplio consenso”]
mayo 15, 2017 | Industria
(El Mercurio) La reforma laboral, que empezó a regir en abril de este año, modificó una serie de artículos del Código Laboral. Uno de ellos fue el que regulaba la determinación de las empresas cuyos trabajadores no pueden ir a huelga, también conocidas como empresas estratégicas.
Son empresas privadas o del Estado que atienden servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.
El 31 de marzo, los ministerios de Economía, del Trabajo y Defensa publicaron una resolución que describe los nuevos criterios que regirán de ahora en adelante a la hora de determinar si una compañía atiende a los criterios necesarios o no.
El documento le otorga al Ministerio de Economía un rol de coordinación en la evaluación y definición de la resolución que podrá determinar si la empresa califica o no para este criterio, una vez que lo solicita.
Entre los cambios prácticos, el documento establece que la calificación deberá ser efectuada ahora cada dos años y no uno como establecía la legislación anterior, y será dada a conocer en el mes de julio. Las solicitudes presentadas por las empresas deberán ingresarse hasta el 31 de mayo de cada año. También se incorporó la posibilidad de que la resolución de los ministerios pueda ser reclamada ante la Corte de Apelaciones.
Según una resolución del 29 de julio del año pasado, 127 empresas fueron consideradas estratégicas por el Gobierno, entre ellas el Banco Central, Chilectra, Colbún Transmisión, Transelec, Enap, Aguas Andinas, Gasco, Metrogas entre otras empresas del área de energía, puertos, agua, transporte, sanitarias, etc.
[Atraso en línea Cardones-Polpaico provocaría nuevos límites de transmisión en norte del SIC]
mayo 8, 2017 | Industria
(Diario Financiero) La eléctrica Colbún pagaría menos de US$ 10 millones por la participación de su socia Enel en el fallido proyecto hidroeléctrico HidroAysén.
Actualmente las partes están negociando, luego que la italiana decidiera no seguir adelante como socio de la cuestionada obra. La firma liderada por los Matte tiene el 49% y tiene la prioridad para quedarse con el porcentaje restante que maneja Enel.
Las negociaciones involucran sólo los derechos de agua, pese a las millonarias pérdidas que asumieron en 2015 luego de la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que tuvo el proyecto hidroeléctrico en mayo de 2014 ante los tribunales ambientales de Santiago y Valdivia.
En 2015, la entonces Endesa Chile informó que la firma perdió US$ 123 millones por su participación en la iniciativa. Colbún decidió contabilizar US$ 102 millones por deterioro.
Incertidumbre
HidroAysén tiene derechos por 650 mil litros por segundo en el Río Pascua y más de un millón de litros en el Río Baker, y en 2016 pagó sobre los US$ 4,8 millones principalmente por no uso, además de patentes y tributos.
Conocedores del proceso explican que el precio que podría pagar Colbún sería atractivo para Enel, considerando que, si es que se llega a aprobar un plan para instalar centrales hidroeléctricas en la zona en un plazo de 10 años, eso significaría tener que desembolsar en todo ese periodo al menos unos US$ 50 millones sólo por concepto de pago de patentes, tributos y por no uso de derechos de agua.
A esto hay que sumar la incertidumbre sobre los derechos de agua en cuestión.
En la memoria 2016 de HidroAysén, su gerente general, Camilo Charme, hizo hincapié en la legalidad del proyecto, aunque señaló que sigue pendiente de resoluciones de la justicia ordinaria y ambiental, las que la compañía espera se dicten durante la primera mitad del presente año.
Enel y Colbún esperan el fallo del Tribunal Ambiental de Santiago por el reclamo de ilegalidad que ingresara tras la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental que obtuviera la iniciativa en mayo de 2011.
“Con fecha 28 de diciembre de 2016, el Tribunal Ambiental de Santiago dictó la resolución de Acuerdo sobre la sentencia, por lo que se espera que ésta sea notificada el primer semestre de 2017”, destacó la compañía.
También se encuentra pendiente el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago tras un recurso de apelación presentado por la firma luego de la denegación de los derechos de agua que solicitara en 2008.
“El gobierno decidió aplicar el artículo 147 bis del Código de Aguas (facultad presidencial excepcional motivada por un interés nacional para denegar parcialmente solicitudes de derechos de agua) a las solicitudes presentadas por la sociedad. Con esto, se dio inicio al proceso de defensa judicial de las solicitudes”, señaló la empresa, añadiendo que en diciembre de 2016 la audiencia fue realizada en la Corte de Apelaciones, quedando la firma a la espera de la sentencia, la cual -dijo- se materializaría durante el primer semestre de 2017.
A todo esto hay que sumar la tramitación de la reforma al Código de Aguas que sigue avanzando en el Senado. Entre los cambios que se analizan está el alza en el pago de patentes y que éstas podrían ser caducadas al cabo de ocho años si es que no se ha podido concretar las obras asociadas a un proyecto.
Futuro en Aysén
A fines del año pasado, Enel anunció la devolución de los derechos de aprovechamiento de agua asociados a cinco proyectos hidroeléctricos debido a su inviabilidad, entre los que figuran la central Futaleufú (1.330 MW) y Puelo (750 MW). Se especuló que la empresa podría seguir el mismo camino con los derechos de agua de HidroAysén.
No obstante, pese a que el proyecto hoy no forma parte de su cartera, decidió no devolver los derechos de aguas asociadas a la iniciativa.
Ahí se abrió la negociación con Colbún, firma que confía en el desarrollo de proyectos hidro en la zona. “Seguramente HidroAysén se va a hacer, pero se va a hacer en un formato quizás distinto al proyecto que originalmente estaba concebido”, ha dicho el gerente general de Colbún, Thomas Keller.
Diario Financiero contactó a Colbún, pero la empresa no quiso referirse al tema.
[Enel y Colbún apuestan por cerrar flancos judiciales de HidroAysén en primer semestre]
abril 27, 2017 | Industria
La Asociación Gremial Empresas Eléctricas emitió una declaración pública sobre la mantención de la prisión preventiva a ejecutivo de CGE, Pablo Yáñez por parte de la Corte de Apelaciones de Rancagua, además de haber decretado la medida cautelar de arresto domicilio nocturno para un tercer ejecutivo que había quedado sin medidas cautelares en dicha instancia anterior.
«La Fiscalía de la VI región y querellantes particulares los acusan de haber provocado, dolosamente, es decir, intencionalmente, varios incendios en la Sexta Región. Esta noticia, por supuesto, nos conmueve como industria. Conocemos a esas personas. Sabemos de su trayectoria, de su compromiso con su labor, sabemos de los esfuerzos que ellos mismos hicieron luego del inicio de los incendios para preservar o restablecer el servicio eléctrico en la zona», se indicó en la declaración del gremio a nombre de su director ejecutivo, Rodrigo Castillo.
«Sin embargo, más allá de nuestra solidaridad con ellos y sus familias, como industria nos vemos en la obligación de referirnos al tema de fondo de esta discusión, y advertir que de prosperar la tesis de los acusadores, nuestro sistema jurídico como un todo, marcará una jurisprudencia sin precedentes en el desarrollo de cualquier actividad económica que conlleve riesgos en su operación, la que se verá seria y drásticamente afectada. En definitiva, a situaciones como éstas se verán expuestas las diferentes industrias y sectores productivos de nuestro país», se agrega en el comunicado.
Según indica Castillo, «la tesis esgrimida por los acusadores se basa en una supuesta responsabilidad absoluta y a todo evento, de parte de los funcionarios de las empresas eléctricas (no de la empresa en sí misma, pues las querellas han sido contra las personas y no contra las empresas) de evitar que cualquier desperfecto o accidente en dichas líneas pueda provocar un incendio, haciendo penalmente responsables, como autores intencionales, a estos funcionarios, de las consecuencias de este accidente, tal y como si hubiera existido de parte de ellos la intención concreta y efectiva de provocarlos dolosamente».
A su juicio, «la defensa de los ejecutivos de CGE ha presentado una abundante prueba que desmentiría todas o la mayoría de las imputaciones de los acusadores. La justicia deberá establecer cuáles son los hechos y cuáles las consecuencias de los mismos, una vez que concluya la investigación que recién comienza».
«Sin embargo, insistimos que aun cuando alguno de los incendios pudo haberse generado por una incidencia eléctrica, situación que deberá ser dilucidada en el juicio, no creemos jurídicamente correcto, ni mucho menos razonable, que nuestra sociedad considere que un accidente o una omisión de cuidado, tenga como resultado imputaciones penales de intencionalidad», sostiene Rodrigo Castillo.
«Como industria, redoblamos una vez más nuestro compromiso con el país y con nuestros clientes, y hemos hecho y seguiremos haciendo todo lo necesario para colaborar en la prevención de accidentes, no sólo en lo que a nuestros equipos humanos compete, sino también en la necesaria coordinación de los esfuerzos que todos los responsables debemos hacer para evitar catástrofes como las vividas en el último verano. Evitar incendios forestales implica trabajar en las causas, entre las cuales las pericias técnicas coinciden que las de origen eléctrico son mínimas, pero también y muy en particular, en la contención de los mismos y la prevención de las condiciones de terreno y forestales que favorecen su propagación, entre otros», concluye el comunicado de la asociación gremial.
[Concesiones eléctricas e incendios forestales]
abril 18, 2017 | Industria
(El Mercurio) Más de un problema ha enfrentado Interchile -propiedad de la colombiana ISA- en la ejecución de la línea de transmisión Cardones-Polpaico, infraestructura clave para el sistema eléctrico nacional, que permitirá aprovechar el potencial de la interconexión entre el sistema del norte (SING) y el central (SIC).
[Tramo 3 de la línea Cardones-Polpaico es el único que presenta atraso en ejecución]
La oposición de algunas comunidades -en específico en las regiones Cuarta y Quinta- ha sido uno de los mayores escollos para quienes lideran el proyecto que, debido a inconvenientes con estos grupos, solicitaron el apoyo de Carabineros para ingresar a predios cerca de Limache. La medida solicitada fue aprobada por la Corte de Apelaciones, por lo que la compañía podrá avanzar en el trazado más complejo de las líneas que tiene una extensión de más de 750 kilómetros, atravesando las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
«El ingreso con fuerza pública a un terreno es la última instancia a la que recurre la empresa luego de negociar con el propietario y recurrir al informe de una comisión tasadora, que corresponde a un tercer validador independiente que fija el precio del terreno, tal como lo fija la ley. Entonces, el proceso de ingreso a predios se ajusta íntegramente a lo que establece la Ley Eléctrica», comentaron en la compañía.
Añadieron que «Interchile ha dedicado gran parte de su gestión a buscar acuerdos voluntarios con todos los propietarios de los terrenos por los que pasa la línea de transmisión, evitando hacer uso de esta facultad legal que le otorga la concesión eléctrica que le entrega el Estado».
Consultado al respecto, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, indicó que la firma debe obtener permisos ambientales para avanzar en el último tramo, pero «en algún momento tiene que entrar a los territorios para realizar los proyectos de infraestructura; si tiene la concesión efectivamente puede hacerlo».
Añadió que como Ministerio propician el diálogo entre todos los sectores, pero «en algunos lugares, de no ser posible, tendrá que operar la institucionalidad».
Interconexión
Ayer, consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional -organismo que reemplazó a los Centros de Despachos Económicos de Carga (CDEC) del SIC y SING- se reunieron con la Presidenta Bachelet en La Moneda, encuentro en el que se abordó el avance de la interconexión.
El presidente de la institución, Germán Henríquez, comentó que esta obra será energizada en octubre y su operación comercial partirá antes de fines de este año.
