La Asociación Gremial Empresas Eléctricas emitió una declaración pública sobre la mantención de la prisión preventiva a ejecutivo de CGE, Pablo Yáñez por parte de la Corte de Apelaciones de Rancagua, además de haber decretado la medida cautelar de arresto domicilio nocturno para un tercer ejecutivo que había quedado sin medidas cautelares en dicha instancia anterior.
«La Fiscalía de la VI región y querellantes particulares los acusan de haber provocado, dolosamente, es decir, intencionalmente, varios incendios en la Sexta Región. Esta noticia, por supuesto, nos conmueve como industria. Conocemos a esas personas. Sabemos de su trayectoria, de su compromiso con su labor, sabemos de los esfuerzos que ellos mismos hicieron luego del inicio de los incendios para preservar o restablecer el servicio eléctrico en la zona», se indicó en la declaración del gremio a nombre de su director ejecutivo, Rodrigo Castillo.
«Sin embargo, más allá de nuestra solidaridad con ellos y sus familias, como industria nos vemos en la obligación de referirnos al tema de fondo de esta discusión, y advertir que de prosperar la tesis de los acusadores, nuestro sistema jurídico como un todo, marcará una jurisprudencia sin precedentes en el desarrollo de cualquier actividad económica que conlleve riesgos en su operación, la que se verá seria y drásticamente afectada. En definitiva, a situaciones como éstas se verán expuestas las diferentes industrias y sectores productivos de nuestro país», se agrega en el comunicado.
Según indica Castillo, «la tesis esgrimida por los acusadores se basa en una supuesta responsabilidad absoluta y a todo evento, de parte de los funcionarios de las empresas eléctricas (no de la empresa en sí misma, pues las querellas han sido contra las personas y no contra las empresas) de evitar que cualquier desperfecto o accidente en dichas líneas pueda provocar un incendio, haciendo penalmente responsables, como autores intencionales, a estos funcionarios, de las consecuencias de este accidente, tal y como si hubiera existido de parte de ellos la intención concreta y efectiva de provocarlos dolosamente».
A su juicio, «la defensa de los ejecutivos de CGE ha presentado una abundante prueba que desmentiría todas o la mayoría de las imputaciones de los acusadores. La justicia deberá establecer cuáles son los hechos y cuáles las consecuencias de los mismos, una vez que concluya la investigación que recién comienza».
«Sin embargo, insistimos que aun cuando alguno de los incendios pudo haberse generado por una incidencia eléctrica, situación que deberá ser dilucidada en el juicio, no creemos jurídicamente correcto, ni mucho menos razonable, que nuestra sociedad considere que un accidente o una omisión de cuidado, tenga como resultado imputaciones penales de intencionalidad», sostiene Rodrigo Castillo.
«Como industria, redoblamos una vez más nuestro compromiso con el país y con nuestros clientes, y hemos hecho y seguiremos haciendo todo lo necesario para colaborar en la prevención de accidentes, no sólo en lo que a nuestros equipos humanos compete, sino también en la necesaria coordinación de los esfuerzos que todos los responsables debemos hacer para evitar catástrofes como las vividas en el último verano. Evitar incendios forestales implica trabajar en las causas, entre las cuales las pericias técnicas coinciden que las de origen eléctrico son mínimas, pero también y muy en particular, en la contención de los mismos y la prevención de las condiciones de terreno y forestales que favorecen su propagación, entre otros», concluye el comunicado de la asociación gremial.