marzo 27, 2017 | Industria
(La Tercera) El 21 de marzo pasado la Corte Suprema condenó a pagar una millonaria indemnización a la Empresa Eléctrica de Melipilla, Colchagua y Maule S.A. (Emelectric) -absorbida por la Compañía General de Electricidad (CGE) Distribución-, por su responsabilidad en un incendio que el 13 de febrero de 2011 arrasó con 330 hectáreas de bosque nativo, 140 hectáreas de plantaciones de eucaliptus y 30 hectáreas de una plantación de paltos de la sociedad Agrícola Esmeralda SA, ubicada en la localidad de Cuncumén, comuna de San Antonio.
La sentencia por la demanda civil obliga a indemnizar a la sociedad afectada con una suma cercana a los $1.500 millones. En específico, la empresa demandada deberá desembolsar $ 861 millones por concepto de daño emergente; $ 461 millones por lucro cesante; $ 65 millones por daño al bosque nativo y $ 112 millones por la afectación a la plantación de eucaliptus.
Este fallo se da a un mes de que el país se viera afectado por una serie de incendios dejando, según el último balance de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), 467 mil hectáreas consumidas por el fuego. En varias de estas emergencias provocadas hace dos meses, la fiscalía apunta como responsable también a CGE, debido a la presunta falta de mantenimiento del tendido eléctrico.
Según el abogado de la sociedad agrícola, Oscar Contreras, el siniestro de 2011 “se provocó por el corte y caída a tierra de una de las líneas de distribución de alta tensión que prendió el pasto y se quemaron 330 héctares de bosque nativo y 50 héctareas de paltos y eucaliptus”. Esto, dijo, debido a una escasa o inoportuna mantención de la línea eléctrica.
Lo planteado por el abogado fue acogido por la Corte de Apelaciones en su fallo, el cual fue confirmado por la Suprema el martes pasado. “Existieron dos focos de incendio y así lo declara el testigo perteneciente al Cuerpo de Carabineros, quien observó el inicio del incendio y concurrió hasta el lugar, señalando que estos focos se iniciaron en los cables eléctricos. Ya quedó probado en la causa que estos cables eran de responsabilidad de la demandada, en cuanto a la mantención de ellos. Nada probó que haya tomado todas las medidas a su alcance para evitar los hechos ocurridos”, señala la resolución del tribunal de alzada.
En tanto, el fallo del Primer Juzgado de Letras de Melipilla, también confirmado por el máximo tribunal, indicó que “está plenamente acreditado el hecho ilícito, la responsabilidad de la demanda, el daño causado, la relación de causalidad entre uno y otro y la naturaleza y monto de los perjuicios”.
Según explicó el abogado de la sociedad agrícola, la Corte Suprema determinó el monto de indemnización sobre la base de los costos de forestación que la Conaf fija cada año para este tipo de plantaciones.
Contreras agregó que “es un importante precedente por cuanto deja establecida la responsabilidad de las empresas eléctricas por la debida mantención de sus líneas, y las obliga a indemnizar todos los perjuicios que puedan haber sufrido los afectados, incluyendo en ellos el bosque nativo. Este juicio puede tener una jurisprudencia muy importante para los incendios de este año. En el sur hay sospecha fundada que haya sido por mala mantención del tendido, entonces este fallo va a constituir un precedente en demandar a las empresas eléctricas”.
Consultada respecto al fallo, CGE Distribución aseguró que no se referiría al tema.
marzo 13, 2017 | Industria
(Diario Financiero) La venta de la eléctrica de origen brasileño Latin American Power (LAP), donde BTG Pactual participa a través de su fondo Infraestructura II, comenzó a mediados del año pasado y en plena recta final enfrenta una complicación.
Lo anterior, a raíz de un recurso legal que interpuso el socio que la firma tiene en su filial peruana, el que busca frenar la enajenación.
Se trata de la empresa de ingeniería GCZ con la cual en 2011 LAP, que tiene su matriz constituida en Holanda, formó la empresa LAP Perú con el fin de desarrollar al menos cinco proyectos de generación de base hidroeléctrica en ese país.
El convenio, denominado Acuerdo Marco, establecía que la empresa peruana asumiría el desarrollo y posterior operación de las iniciativas, para lo cual la eléctrica aportaría el capital. A cambio de su gestión y sin aportar ningún tipo de capital adicional GCZ se quedó con el 15% de la participación de la filial en el país vecino, que junto a la filial en Chile, constituye la base de LAP.
Hasta ahí la situación se mantenía normal, sin embargo una segunda parte de la alianza establece para GCZ una opción, cumplidos ciertos hitos en el proceso, para hacerse con el 100% del capital accionario de al menos una de las sociedades de las que dependerían las distintas centrales que LAP Perú proyecta para su portafolio, que la demandante valoriza en US$ 115 millones.
Tras conocerse, a mediados del año pasado, la intención de LAP de enajenar su negocio, tanto en Chile como en Perú, GCZ trató de hacer valer lo establecido en el acuerdo marco, pero -según acusa en el escrito que presentó ante la justicia civil en Chile- LAP decidió ponerle fin a la asociación valiéndose de retrasos en el desarrollo de los proyectos por parte de la firma de ingeniería.
Esto detonó el conflicto y un proceso arbitral en ese país, ya que la empresa demandante alega que la propia LAP no entregó los recursos necesarios para materializar las iniciativas, lo que provocó el incumplimiento.
Demanda en Chile
En paralelo y viendo que la venta de los activos de LAP estaba avanzada y, según trascendió, con fecha de cierre para principios de enero de este año, como apoyo a este primer litigio la firma peruana presentó una medida precautoria en Chile, considerando que es aquí donde LAP está llevando adelante el proceso de enajenación.
En un primer fallo, el juzgado civil desestimó la solicitud de la firma de ingeniería, manifestando que la sede arbitral está en el país vecino. Sin embargo, en el recurso de apelación presentado por el socio del estudio Philippi Prietocarizosa Ferrero DU & Uría, Cristián Conejero, se precisa que la ley explicita que los arbitrajes pueden considerar medidas en otros países con el objeto de apoyar estos recursos.
Considerando los plazos de este tipo de acciones legales, se estima que dentro de un mes la Corte de Apelaciones de Santiago podría realizar los alegatos, donde las partes plantearán sus posturas.
Conocedores del tema comentan que aunque LAP les reconozca el 15% de la participación en la empresa peruana, la intención de GCZ es hacer uso de su opción para quedarse con al menos uno de los proyectos que desarrolló en ese país.
En LAP no estuvieron disponibles para hacer comentarios, aunque en su página web se refieren a la existencia de este socio que califican como estratégico y que tiene a su cargo “identificar, desarrollar y ejecutar los proyectos de energías renovables no convencionales que surjan en ese país. El control y monitoreo de esos proyectos, así como la filosofía de gestión y la definición estratégica de desarrollo, está en manos de LAP”, dicen.
Activos interesantes
LAP nació en 2011 y cuenta con activos en Chile y Perú.
Por estos días está en la cuenta regresiva para inaugurar uno de sus proyectos más ambiciosos: el parque eólico San Juan, que con casi 185 MW de capacidad se convertirá en el más grande del país.
Previo a esto, la firma cuya creación, encabezada por el empresario Roberto Sahade, volvió a reunir a los actores que el año 2006 en Brasil, le dieron vida a Energías Renováveis: BTG Pactual, Patria Investimentos y GMR.
La primera inversión de LAP en Chile fue la compra del 66% de los derechos de agua de Carilafquén-Malalcahuello, en la Región de La Araucanía, los que el año pasado dieron pie a un hecho a estas alturas casi inédito: el inicio de operaciones de una central en esa zona. A ello se suma el parque eólico Tototal, junto a otros activos.
En Perú, compraron dos centrales hidroeléctricas en operación, Santa Cruz 1 y 2, junto a otras dos en construcción (Huasahuasi 1 y 2).
Tres interesados en la recta final
Tras un fallido primer intento de venta a la estadounidense SunEdison, que enfrenta su propio calvario financiero, a mediados de 2016 Latin American Power inició un nuevo proceso de venta, el que ha avanzado bastante bien y a fines de enero se encontraba cerca de finalizar.
Trascendió que dos empresas llegaron hasta esa etapa. Se trataría de la china State Power Investment Corporation (SPIC), que compró la operación de Pacific Hydro y hace unos días se hizo del 100% de Chacayes, central hidroeléctrica en el valle de Cachapoal que la australiana creó desde cero en conjunto con la constructora italiana Astaldi.
Colbún sería el segundo en carrera, lo que no sería de extrañar porque la firma ligada al grupo Matte ha estado tras activos como los que posee LAP, particularmente con contratos de abastecimiento para clientes regulados, adjudicados a precios mucho más atractivos que los de la última licitación de agosto pasado.
Trascendió que LAP habría postergado el cierre de la operación ante la aparición de una tercera oferta de un inversionista extranjero, la que rivalizaría con las anteriores. El objetivo sería avanzar en esa tratativa para dejarla en el mismo estado que las otras dos y en ese punto decidir.
febrero 7, 2017 | Industria
(El Mercurio) La Corte de Apelaciones revirtió una sentencia en primera instancia y le dio la razón a Bomberos, que le exige a la compañía de gas Abastible, ligada a la familia Angelini, el pago del remate de acciones no reclamadas más los intereses y reajustes que indica la ley para estos casos.
La sentencia del tribunal de alzada condenó a Abastible a pagar $40 millones. Sin embargo, el abogado de los Cuerpos de Bomberos, José Rivas, indica que «esta cifra, la compañía aún no la paga, e iniciaremos las acciones de cobro a la brevedad». Agrega que sin perjuicio de esto, «hay otros valores que la misma empresa ha pagado nominales y sobre los cuales tendremos que realizar otras gestiones», adelanta, por lo que es posible que se inicien nuevos juicios.
Según el archivo de la causa judicial, Abastible se negaba a pagar la cantidad exigida, porque no estaban de acuerdo con desde cuándo se tienen que contar los reajustes e intereses (la gasífera estimaba correcto pagar el último año, no los últimos cinco que interpreta la ley), ni tampoco en la forma de calcularlos (quieren hacerlo en forma nominal).
Si bien la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ha señalado en distintos oficios la fórmula para pagarle a Bomberos en estos casos, Abastible no se daba por aludida, puesto que no está bajo la supervisión directa de esta entidad al ser una sociedad cerrada, pese a que pertenece a un holding regulado (Copec).
Casos Tabacos y Telefónica
Esta disputa de Bomberos con Abastible se une a la que tuvo esta institución sin fines de lucro contra British American Tobacco Chile (ex Chile Tabacos) y Telefónica, en 2013 y 2014, respectivamente, por este mismo problema. En ambas ganó Bomberos.
El abogado José Rivas remarca que «en el caso de Tabacos, quedó asentado en el juicio que la compañía sí invertía los dividendos -en renta fija- que pertenecían a Bomberos». Agrega que en el caso de Abastible, «no hay mención expresa en la sentencia a la forma de inversión, pero sí a que los dineros permanecen en poder de la sociedad, incluido lo que debe posteriormente adicionarse por concepto de reajustes e intereses».
febrero 1, 2017 | Industria
(Diario Financiero) Fue uno de los proyectos de los cuales el presidente francés, François Hollande, habló durante su reciente visita al país. Esa fue tan sólo una de las señales que daba cuenta de que hasta el lunes todo iba sobre ruedas para el proyecto que impulsa la instalación en la Bahía de Concepción de un terminal flotante de regasificación de gas natural licuado (GNL) y donde la estatal gala EDF tiene el 45% de la propiedad.
Sin embargo, en forma sorpresiva la Corte Suprema invalidó la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental de terminar anticipadamente la consulta indígena asociada a la planta Penco-Lirquén, lo que dejó en suspenso los plazos de esta inversión, que va de la mano del proyecto termoeléctrico El Campesino.
Juan José Gana, director ejecutivo de AME, firma que agrupa a los inversionistas locales que impulsaron la iniciativa, en la que también participa la estadounidense Cheniere, habla de los pasos que vienen y lo que esta decisión implicará para el proyecto, principalmente en términos del financiamiento que ya habían obtenido.
-¿Los tomó por sorpresa este fallo?
-Sí. Esperábamos tener un fallo que confirmara lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Concepción para iniciar la construcción lo antes posible.
El estudio de los abogados y nuestros equipos mostraba que había mérito suficiente en el recurso de protección contra del Servicio de Evaluación Ambiental para revocar la resolución que puso término al proceso de consulta indígena, lo que invalidó todas las decisiones posteriores a esa.
-¿Fue apresurada la decisión del SEA de suspender en forma anticipada ese proceso?
-Ellos hicieron su evaluación del proyecto y del estatus de avance de la consulta indígena y en vista de eso decidieron dar por terminado el proceso. No es el momento, ni tengo la capacidad, para decir si fue algo apresurado.
-¿La resolución de la corte que invalida decisiones posteriores, como el permiso ambiental, implica que tienen que volver a tramitar el proyecto?
-Todavía no hemos sido informados por el SEA sobre los pasos a seguir, pero entendemos que ahora hay que continuar con la consulta indígena y terminarla como establece la Ley en los plazos contemplados.
El Estudio de Impacto Ambiental se mantiene intacto, porque técnica y ambientalmente el proyecto no ha sido cuestionado, sólo lo fue la consulta indígena, que esperamos poder terminar de la mejor manera posible en los próximos meses, porque estamos actuando de muy buena fe.
-¿El fallo pone en duda la continuidad de EDF y Cheniere como socios?
-De ninguna manera. Ellos están muy comprometidos con el proyecto y entendemos que todo seguirá igual porque esto no implica que el proyecto se acabe, sino que simplemente la parte del terminal se dilata.
Desfase de nueve meses
-¿Tienen alguna estimación del desfase del terminal?
-La estimación inicial es que esto podría tomar entre seis y nueve meses, lo que implica un retraso de esa magnitud en el desarrollo del proyecto. La idea es que el terminal esté operativo a fines de 2019.
-¿Qué consecuencias tendrá este retraso?
-Habíamos cerrado el financiamiento para el terminal, un crédito por US$ 150 millones. Esta resolución significa que dentro de seis a nueve meses vamos a tener que volver a conversar con los bancos sobre esos recursos.
-¿Esta demora repercutirá sobre la primera unidad de la central El Campesino?
-No, en lo absoluto. La central El Campesino va por otro camino. Esta unidad ya tenía un contrato de suministro de gas con el terminal, el que seguirá vigente, pero al mismo tiempo tiene otras fuentes alternativas de suministro de combustible que durante los últimos meses han estado siendo objeto de conversación.
-¿Traer gas en camiones desde el terminal de Quintero sería la alternativa?
-Podría ser eso o un suministro desde el otro lado de la cordillera.
-Entonces, ¿hoy ustedes no ven relación entre el retraso del terminal y el inicio del suministro del contrato eléctrico adjudicado en la licitación de 2014?
-Como hemos dicho antes, nos hemos atrasado en el proyecto de la central cerca de seis meses. Ese retraso se mantiene vigente por lo que como nuestro contrato de suministro empieza a regir desde el 1 de enero de 2019, comenzaremos a suministrar esa energía durante el segundo semestre de ese año, y para suplir esa brecha tenemos ya un contrato de respaldo con otro generador.
[Suprema revoca permiso ambiental del proyecto Terminal GNL Penco Lirquén]
octubre 16, 2016 | Industria
(La Tercera) No sólo la judicialización es un problema que preocupa a la colombiana ISA, que a través de su filial Interchile impulsa la construcción de la línea de transmisión de alta tensión Cardones-Polpaico. La carretera eléctrica de 753 kilómetros, y que es vital para materializar la interconexión entre los sistemas eléctricos del norte (Sing) y centro (SIC) del país -al unirse con la línea de Engie Chile- ha debido enfrentar demoras en la entrega de algunos de sus permisos ambientales, necesarios para avanzar en la construcción del proyecto, faena que comenzó en abril pasado.
“Hay algunos permisos ambientales que han tomado más tiempo del debido, a pesar de que Interchile ha llevado a cabo esta tarea de manera responsable y ordenada. Es un tema que nos preocupa y que debería inquietar a las autoridades del país, ya que afecta la normal tramitación de proyectos de gran envergadura como es este y que puede llegar a poner en riesgo la entrada en operación de la línea”, explica el gerente general de Interchile, Jorge Rodríguez.
El tema no es menor, pues la firma tiene un plazo límite para entregar la línea de transmisión, que es diciembre de 2017, fecha que fue impuesta por el gobierno y es una exigencia que el ministro de Energía, Máximo Pacheco, ha reiterado en varias ocasiones, debido a los presuntos impactos que pudiera haber sufrido el proyecto ante la fuerte oposición y judicialización principalmente por parte de los habitantes de Zapallar, una de las 20 comunas que serán impactadas por el proyecto, que pasará por las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
Por eso, para cumplir los plazos establecidos, la compañía indicó a inicios de año que su estrategia será avanzar en la construcción de la obra “acorde a la obtención de los permisos ambientales”.
Obstáculos para nuevas obras
Rodríguez señala que la extensión de los plazos para las aprobaciones se debe a un sistema “poco ágil”, que se transforma en un “obstáculo” para el desarrollo de futuras iniciativas. “Si bien Chile ha hecho una importante apuesta por dar un salto en materia energética, el país cuenta con un sistema poco ágil que se convierte en un obstáculo para la concreción de nuevas iniciativas, lo cual termina afectando los plazos que comprometen las empresas”, recalca el ejecutivo. Enfatiza, además, que este tema lo ha conversado con “las autoridades pertinentes”.
Pero pese a estos inconvenientes, Rodríguez dice que están “confiados” en que la línea entrará en operación en las fechas estipuladas. “Si bien en algunos casos específicos los plazos para obtener las autorizaciones necesarias han sido mayores a los esperados, por la gran cantidad de organismos que intervienen en el proceso, tenemos la opción de avanzar en otros tramos del proyecto, incluso de manera simultánea, generando así avances considerables que nos permiten no tener atrasos en las obras”, detalla.
Dueños de predios
Donde sí están avanzando de manera rápida es en la obtención de los permisos de los dueños de los predios por donde pasará la línea para desarrollar las servidumbres necesarias para la instalación de las 1.724 torres de alta tensión que requiere el proyecto.
“Ya tenemos el 91% de los acuerdos cerrados, en línea con lo que estimábamos”, dice.
En todo caso, reconoce que ha habido varios intentos en los que no han logrado llegar a buen puerto -porque los propietarios no son ubicables o simplemente no fue posible llegar a un acuerdo-, pero aclara que en esos casos “se han iniciado procesos de solicitud de otorgamiento de concesiones definitivas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC)”.
En ese proceso intervienen, además de la SEC, una o varias comisiones tasadoras, el Ministerio de Energía y, en último término, la Contraloría, señala. “En ese sentido, esperamos tener todos los acuerdos resueltos de aquí a diciembre de este año”, asegura Rodríguez.
Arista legal
La arista judicial es un tema no menor para Interchile. El proyecto sumó más de 400 recursos de protección por sus opositores, los que finalmente fueron declarados inadmisibles por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Hoy, la compañía afirma que no tiene ningún tema judicial pendiente, pero el viernes pasado se abrió otra arista en Interchile. Se trata del informe que emitió la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de analizar la aplicación de la normativa en la aprobación de los proyectos Cardones-Polpaico (transmisión) y Doña Alicia (hidroeléctrica). La instancia concluyó que el ministro Pacheco intervino “más allá de la responsabilidad que tiene en su cargo” y que la participación ciudadana del proyecto se realizó sobre la base de “muchas presiones y falsedades”.
Pese a que Pacheco se ha defendido al respecto, indicando que un reciente informe de Contraloría concluye que él no actuó más allá de sus facultades, la empresa -más allá de este tema puntual- asegura que “Interchile ha actuado de forma responsable en este proyecto”.
Rodríguez dice que “como en todo proyecto, nos hemos encontrado con complicaciones en el camino, pero hemos sabido resolverlas, resguardando a las comunidades y el normal desarrollo de la línea de transmisión”.
En ese sentido, y pese a algunos cambios que se han realizado al trazado de la línea, Rodríguez asegura que “en su esencia” el proyecto “no ha sufrido modificaciones” y que tampoco se ha alterado la inversión, la que se estima en US$ 1.000 millones.
“La evaluación responsable que hicimos desde un inicio ha permitido mantenernos dentro de los márgenes de costos, sin afectar el desarrollo del proyecto”, señala. Rodríguez destaca, en todo caso, que “debemos mantenernos ahí para que el proyecto sea viable económicamente para la empresa”.
[Las tecnologías en subestaciones que traerá la línea Polpaico-Cardones]
