(La Segunda) Hace dos semanas, se inició en todo el país el proceso de Consulta Indígena para dar paso a la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. Su implementación no ha sido fácil. De hecho, ha registrado menor participación de la esperada, un problema que ya ha debido enfrentar el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la primera institución que comenzó a aplicar este proceso, cuando los proyectos que evalúa pueden afectar a comunidades de pueblos originarios. Se trata de una obligación impuesta por la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizada por el Congreso en 2009.
Esta normativa internacional dispone que «se deberá consultar a los pueblos originarios, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente».
La consulta indígena se instauró con el nuevo reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), organismo que comenzó a aplicarlo en diciembre del año pasado en su revisión de los proyectos de inversión, cuando estos se sitúan en lugares cercanos a comunidades indígenas o en territorios considerados ancestrales.
Hasta ahora, el SEA ha liderado 15 procesos de consulta indígena (de ellos, nueve proyectos energéticos y cuatro mineros), que totalizan US$ 13.005 millones de inversión.
Sólo cuatro de esos procesos ya finalizaron: los mineros Paguanta en Tarapacá y El Morro en Atacama, la línea de arranque y subestación eléctrica Neptuno en la Región Metropolitana y la ampliación de la Planta Arauco (MAPA) de Celco en Biobío.