(Estrategia) Con la exposición del ministro de Agricultura, Antonio Walker, a principios de abril se reinició en la Comisión de Agricultura del Senado la tramitación de la reforma al Código de Aguas. El proyecto, aprobado ya por el pleno de la Cámara de Diputados se encuentra en segundo trámite constitucional y ya fue despachado por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta.
En dicha reunión, presidida por la senadora de Evópoli Carmen Gloria Aravena, el secretario de Estado informó que el gobierno presentará una indicación sustitutiva para revertir los aspectos que consideran atentan contra las prioridades del gobierno. La principal, el derecho de propiedad, reestableciendo lo que califican de “certeza jurídica”.
En la ocasión Walker además expresó que el actual Código de Aguas, promulgado por la Dictadura en 1981, es “amigable”.
Por ello, notificó que se volverá “titular” a “dueño” de derechos de agua (y mantener así lo que dice la normativa vigente), porque consideran que este cambio introducido en la tramitación de la reforma afectaría la certeza jurídica de la institucionalidad. En su visión el agricultor es dueño de un derecho de agua, con un titulo de dominio homologable al que existe en la propiedad de la tierra.
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En términos de debate, hasta el momento el senador PPD Felipe Harboe ha señalado que existe una importante diferencia entre los pequeños y grandes agricultores, y que todos deben contar con certezas. En este sentido planteó que las juntas de vigilancia y asociaciones de regantes son manejadas por los agricultores más grandes, quienes dejan de lado a los pequeños. En esto coincidió el senador Juan Castro Prieto (ind. RN), que explicó que los primeros se adueñan de las juntas de vigilancia siendo que su función es distribuir aguas y no decidir sobre los derechos. En el fondo, se aprovecharían de los chicos.
Harboe además planteó la necesidad de mantener la caducidad a los derechos que no son utilizados y que bloquean otros usos. Aseguró que ello resolvería el tema del pago de patentes por no uso, el cual hasta hoy no tiene efecto significativo ya que las grandes empresas las contabilizan como gasto.
Los senadores de la ex Nueva Mayoría (y la presidenta de la comisión han planteado como posición mayoritaria que la reforma al Código de Aguas debería tener un enfoque de desarrollo rural y no solo de beneficiar los agronegocios.
Durante los últimos días se ha informado que los ministerios de Agricultura y de Obras Públicas se han dado un plazo de 60 días para presentar una indicación sustitutiva que permita “mantener la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua”.
Integran la comisión además de Aravena, Castro y Harboe, Álvaro Elizalde (PS) y Ximena Rincón (DC).