(El Mercurio) El anuncio del acuerdo entre el Gobierno y las distribuidoras eléctricas para entregar beneficios para el pago de las cuentas de la luz al 40% de la población más vulnerable cayó como un balde de agua fría sobre la negociación que ocho empresas renovables mantienen con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener un crédito por unos US$150 millones.
Acciona, EDF Renovables, LAP, Aela, Atlas, Cerro Dominador, SolarPack, y First Solar requieren esos recursos para cubrirse de una medida de apoyo que el Gobierno decretó en medio del estallido social para evitar nuevas alzas en las cuentas eléctricas de las personas el mecanismo de estabilización del precio de la energía, que funciona reteniendo parte de los pagos que estas empresas reciben por la energía que les venden a las distribuidoras.
El BID suspendió la negociación con estas empresas al conocer el acuerdo, con el objetivo de revisar cómo les afecta a estas empresas renovables. Sin embargo, estas, a través de Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, el gremio que las agrupa, han declarado ante distintas instancias que participaron del acuerdo para prorrogar el pago de cuentas de luz, cuyo costo en parte sería cubierto por las empresas de generación eléctrica.
El riesgo de perder este crédito, que les permitiría cubrir sus costos a la espera del reintegro de los ingresos capturados, habría motivado a estas empresas y al gremio que las agrupa, Acera, ha enviar cartas a las autoridades. En ellas aseguran que «las generadoras 100% ERNC no están en condiciones de financiar mayores costos que deriven del Plan de Contingencia Covid-19-Electricidad. Estamos concentrados en mantener la viabilidad económica y la continuidad operacional, y la construcción de los nuevos proyectos».
El acuerdo, dicen, pone en riesgo la continuidad de la cadena de pagos del sector.