(Diario El Sur) Pese a que la aplicación de impuestos verdes a fuentes fijas (empresas) tiene la premisa de desincentivar el uso de combustibles contaminantes, esta situación no se reflejó en el pago del gravamen realizado este año por la emanación generada en 2018.
El registro que tiene la Tesorería General de la República y que entregó la Seremi de Hacienda revela que las empresas de la Región cancelaron $26.766.186.532 por la emisiones de material particulado (MP) nitrógeno (Nox), el dióxido de azufre (SO2) y el dióxido de carbono (CO2). La cifra cancelada este año por las 28 fuentes fijas afectas a este gravamen es un 20% más que lo pagado el 2018, que correspondía a la contaminación generada en 2017.
Lo que se pagó en el Biobío representa el 21% de lo que se recaudó en el total del país asociado a este concepto. El año pasado correspondía al 19% de lo cancelado a nivel nacional.
Alza del gravamen
El seremi de Hacienda del Biobío, Cristian Muñoz, comentó que el aumento de lo cancelado en la zona no se debe a que más empresas deban pagar el gravamen, sino que se debe al aumento del dólar y las emisiones contaminantes.
«Un porcentaje cercano al 14% se explica por un dólar más alto (…). No existiría una variación de empresas, pero si respecto a las emisiones que tuvieron», contó la autoridad regional.
Las firmas afectas al tributo son aquellas que tienen calderas o turbinas, que individualmente o en su conjunto sumen una potencia térmica igual o mayor a 50 megavatios térmicos.
El registro de la Superintendencia de Medio Ambiente revela que el año pasado se emitieron 5.722.905 toneladas de contaminantes -el 99% es por CO2-, lo que fue un 4% superior a lo informado durante 2017.
Muñoz detalló que el alza de emisiones contaminantes se debió a la situación de escasez hídrica que afecta al país, situación que llevó a modo de ejemplo que la producción de energía a través de las hidroeléctricas bajara, por lo que se debió recurrir a un mayor uso combustible fósil para generar la electricidad.
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Fracaso
Para el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Félix González, la aplicación de este impuesto verde no está cumpliendo con el objetivo de su aplicación, que es desincentivar el uso de combustibles fósiles.
«El impuesto ha sido un fracaso para que las empresas inviertan más en producción limpia. Estas cifras (alza del pago de impuestos) van claramente en esa dirección, no han bajado», expuso el parlamentario del Partido Ecologista.
El seremi de Hacienda expuso que si bien la reducción de las emisiones no se concretó en el último año, entienden que este gravamen actuará como un incentivo para que las industrias innoven en tecnologías que les permita pagar menos tributo.
«La empresa Ideal reemplazó 3 gigawatts de energía tradicional por fotovoltáica (paneles solares), lo que le permite reducir CO2», declaró Muñoz
Territorial
Uno de los principales llamados que se ha hecho desde que comenzó a aplicarse el impuesto verde, es que llegarán a las arcas de las comunas afectadas por la emisiones contaminantes y no a nivel central como es hoy. Incluso, esto fue una de las observaciones incluidas en al Plan de Recuperación Ambiental y Social (Pras) que se ejecuta en Coronel y que la Cámara de Diputados apoyó a través de un proyecto de resolución, donde pide una ley para crear un plan piloto en la comuna que permita invertir localmente los recursos que se generen por impuestos verdes.
«Persistimos ante las autoridades sobre la necesidad (…). Permitiría por ejemplo financiar medidas para la recuperación ambiental y social contempladas en el Pras», expuso el integrante del Consejo de Recuperación Ambiental y Social de Coronel, Christián Pereira.
El diputado González explicó que el proyecto de resolución tiene solo valor simbólico, político, pero no vinculante, ya que las modificaciones de este tipo quedan solo a criterio del Ejecutivo.
A este acción, el parlamentario le sumó que la bancada regionalista que él integra presentó una propuesta en la que se establecía que el 40% de los impuestos que se generaran quedaran en la comuna afectada. El porcentaje restante iría al Gobierno Regional (40%) y a un fondo de convergencia nacional (20%), que financie iniciativas en otras regiones.
González expuso que ninguna de las dos acciones ha tenido respuesta, por lo que a su criterio, el gobierno no está interesado en que los tributos queden en las comunas afectadas.