La Asociación consideró que el tributo a las emisiones, más que un mero mecanismo recaudatorio, debe orientarse a frenar el despacho de unidades contaminantes y promover, a su vez, mayor presencia y desarrollo de energías renovables.

Chile presentó sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional en 2020 y, aunque por plazo no correspondía modificar los compromisos este año, en la COP26 de Glasgow se hizo un llamado a los países a elevar la ambición de su reducción de emisiones debido a la gravedad de la crisis climática.

Así lo indica el informe del Coordinador Eléctrico Nacional, donde se incluye el balance preliminar de compensaciones.

En la resolución, los parlamentarios plantean que la contaminación industrial es asumida en forma intensiva por algunas comunas, sin que reciban una compensación monetaria que les permita desarrollar proyectos en sus localidades que contrarresten los efectos negativos de dicho impacto negativo.

Ezio Costa, Reinalina Chavarri y Valentina Durán, académicos de la Universidad de Chile, analizan las debilidades y fortalezas de esta iniciativa, cuyo reglamento se encuentra en etapa de consulta pública.

El plazo para presentar observaciones al documento presentado por el Ministerio de Medio Ambiente será hasta el 30 de agosto.

Cifra representa una baja del 1,4% respecto del año anterior. También se observa una disminución en las emisiones contaminantes, otro de los objetivos que se persiguen con este tributo.

Así lo señala Francisco Neira, gerente de Grandes Consumidores de la consultora efizity, quien señala que estas modificaciones entran en vigencia en enero de 2023, quedando gravadas las emisiones de ese año en 2024.

US$ 379 millones se han recaudado por el cobro este tipo de gravamen en pro del medio ambiente desde su implementación en 2017. Sin embargo, la iniciativa tiene como objetivo que las empresas incorporen tecnologías o cambios en sus procesos productivos que disminuyan su contaminación, efecto que hasta la fecha no se percibe de cara a la próxima medición.