septiembre 30, 2014 | Industria
(Diario Financiero) Dos serían las distribuidoras de gas natural por redes que serían llevadas por la autoridad al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por exceder la rentabilidad establecida en la ley.
Si bien las miradas han estado enfocadas en Metrogas, controlada por Gasco, ligada a su vez al Grupo CGE, no sería la única que llegaría ante el organismo, también lo haría GasValpo, que atiende en la Región de Valparaíso y está ligada a fondos de inversión australianos, uno de cuyos administradores es Access Capital Advisors.
El chequeo de rentabilidad por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE), cuyo resultado se conocería a mediados de octubre, habría determinado que ambas firmas sobrepasaron la tasa máxima de 11%.
Esto haría que el gobierno lleve a ambas empresas al TDLC, que deberá determinar la fijación tarifaria. Y pese a que el mecanismo para esta regulación no está definido en la ley, cuestión que la autoridad busca regular, en Magallanes se realizó, utilizando peritos que determinaron las tarifas de distribución de gas para dicha zona.
La tasa de rentabilidad se compone de dos factores: la tasa de costo de capital, que hoy es de un 6%, y la tasa de retorno, que en 2004 la autoridad fijó en un 5%.
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, ha señalado que están analizando introducir cambios en ambos parámetros para adecuar al actual escenario la legislación que data desde 1989.
Fuentes de GasValpo se manifestaron “sorprendidas” con la información, y señalaron que no han tenido acceso a las conclusiones del chequeo de rentabilidad encargado por el gobierno a las consultoras Valgesta y Mercados Energéticos, pero indicaron que respecto de éste punto “los números no se condicen que los que nosotros tenemos”.
Metrogas atiende a unos 500 mil clientes en el segmento residencial, comercial e industrial en la Región Metropolitana, mientras que GasValpo tiene unos 85 mil.
La Regulación
El pasado viernes, la CNE dio a conocer a las empresas distribuidoras de gas algunos lineamientos de la regulación que está impulsando para el sector.
Entre los puntos clave está la intención de reducir en 50% la tasa de rentabilidad sobre el costo de capital, la que pasará desde el actual 5% a un 2,5%. Asimismo, el gobierno estaría analizando modificar la tasa de costo de capital -de un 6%-, y para ello se encuentra a la espera de un estudio encargado por el Ministerio de Energía al economista Guillermo Le Fort, el cual estaría disponible a mediados del próximo mes.
La autoridad también estaría buscando mecanismos para modificar la forma en que las empresas calculan los activos que informan a la autoridad en el marco de estos chequeos de rentabilidad.
En este sentido, Pacheco señaló que las firmas no podían considerar como “activos propios” las conversiones realizadas al interior de los hogares de los usuarios, cuestión que hoy sí hacen.
Este es uno de los principales temas que preocupan a las empresas distribuidoras, ya que, en el caso de Metrogas, el 30% de los activos que declara a la autoridad correspondería a éste tipo de conversiones.
Según información del último estado de resultados de esta empresa, a junio los “medidores y reguladores” están valorizados en unos US$ 172 millones, mientras que las “instalaciones fijas y accesorios” tienen otros
US$ 134 millones. Los activos totales declarados alcanzan a US$ 1.367,5 millones.
En GasValpo, en tanto, dicen usar el mismo mecanismo para contabilizar una parte de sus activos, pero señalan que esta práctica está regida por instrucciones emanadas desde la propia CNE.
En la industria explican que la Resolución Exenta 717 de 2012 fija dicho procedimientos. “Hay un manual de cómo hacer esto y ese manual se ha seguido”, dicen las fuentes de GasValpo.
septiembre 29, 2014 | Industria
(El Mercurio) El proceso participativo y el esfuerzo por avanzar en cuestiones donde Chile está atrasado en materia eléctrica son aspectos de la Agenda de Energía que celebra Vivianne Blanlot, ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y ministra de Defensa del primer gobierno de Michelle Bachelet.
Desde hace un mes que la experta asesora a la Asociación de Distribuidores de Gas Natural (AGN) en el análisis de los modelos regulatorios óptimos para la industria. Y hoy cuenta que tiene fuertes críticas sobre cómo se ha desarrollado la discusión. «Más que el fondo, me preocupa mucho la forma en que se está dando el debate», advierte.
El gobierno ha planteado la necesidad de discutir cambios en esta regulación, que no se modifica hace 25 años. El sector está hoy regulado, y por eso cuando alguna empresa excede el límite de rentabilidad permitido del 11% (5% de retorno, más 6% del costo de capital), la CNE tiene la facultad de enviar los antecedentes al Tribunal de Libre Competencia (TDLC), y este puede fijar tarifas. Pero algunos dicen que en este aspecto existe un «vacío legal», y en la práctica no funciona. Blanlot insiste en que si se define la metodología para hacer el cálculo de tarifas, el sistema podría funcionar perfectamente bien.
-¿Cuál es su principal crítica al debate actual?
«Hoy se calcula la rentabilidad para ver si hay necesidad de regular de inmediato y, además, se analiza una regulación más hacia el futuro. Como país, tenemos como tradición que cuando el Gobierno hace un estudio tarifario o de rentabilidad para un sector, se contrastan los resultados con los de las empresas. Mientras no estén todos los elementos sobre la mesa, no se toma una decisión ni se adelanta una conclusión. (La publicación donde se acusó a Metrogas de sobrecargos en sus cuentas) no es un estudio de rentabilidad propiamente tal, sino parte de lo que se requiere para calcular la rentabilidad. Saltándose pasos, se corre el riesgo de que la conclusión esté equivocada».
-¿Cree que la información que advierte sobrecargos de Metrogas es incorrecta?
«No digo que el número sea erróneo ni que la conclusión sea errónea, sino que es erróneo decir que hay un sobrecargo en la tarifa a estas alturas, cuando el análisis no ha sido terminado ni se cuenta con todos los antecedentes. La seriedad de la regulación chilena, que es reconocida en todas partes, se basa en la rigurosidad. Los estudios se deben contrastar, porque ningún experto es dueño de la verdad. Esa forma de hacer las cosas, que se ha mantenido por tantos años, no se está respetando».
-La empresa comunicó que nunca se habían pasado de la rentabilidad…
«No dijeron eso, sino que nunca han violado la ley en lo que respecta a la fijación de sus precios. Que se pasen de la rentabilidad no significa violar la ley: significa que pusieron un precio que está por encima de lo que la autoridad considera que debe ser, y ahí corresponde que institucionalmente se consulte con el Tribunal y que ellos verifiquen si hay explotación monopólica. Puede que algún año las empresas de gas se pasen de la rentabilidad establecida, pero eso no es una violación de la ley; simplemente es una razón para regular. Eso no significa que se hayan seguido prácticas fraudulentas. No hay razones para dudar de lo que hace una empresa como prestador por el solo hecho de que un año se pase de la rentabilidad; es razón, quizás, para pensar que a lo mejor se debe regular. Aquí hubo un salto muy grande, y con un estudio que no está terminado se dijo que la rentabilidad es excesiva. A partir de ahí se dijo que la empresa falseó la información entregada, y ese es un salto mayor todavía, porque no necesariamente cuando hay diferencias entre la autoridad y la empresa sobre los datos significa falsear información».
-Faltan variables para tener una conclusión definitiva, pero ¿se cierra a que efectivamente se puedan haber excedido en rentabilidad?
«No me cierro. Hay que tener en cuenta que en la marcha normal de cualquier empresa hay fluctuaciones en la rentabilidad. Y en esos procesos no hay nada fraudulento o ilegal. Si el gobierno estima que un año particular se pasaron y debe mandarlo al TDLC, lo puede hacer, pero personalmente yo no me atrevo a decir si está debajo o encima del 11%. Sí creo que hay que defender que la forma como se llega a la conclusión sea transparente. Hasta hoy nadie ha presentado un cálculo completo de la rentabilidad. No es el momento de hacer acusaciones».
-¿Cree que ha faltado diálogo?
«Todos creíamos que estábamos bien encaminados en cuanto al diálogo. Se entendía que los estudios se iban a analizar contrastando posiciones y que iba a haber espacio para discutir las regulaciones. Lo que uno espera es que este traspié que se dio no enturbie la posibilidad de discutir con respeto mutuo lo que viene para adelante».
-¿Le haría bien al sistema la fijación de tarifas?
«La distribución por red hoy en Chile no es un monopolio natural. Entonces, no amerita que tengamos un sistema tarifario como el de la electricidad o agua potable. Los sustitutos para el gas de red existen y están en valores que son relativamente similares. Creo que hay que observar la tasa de rentabilidad en un cierto período del año y ver si la tendencia es a una rentabilidad extraordinaria o no. Si eso ocurre, el Estado debe pedir reducciones de tarifas. Es una forma práctica de asegurar que no hay precios excesivos, pero al mismo tiempo le deja a la industria la posibilidad de expandirse. Es una regulación más liviana, pero sigue siendo regulación».
El proyecto de ley para regular el mercado del gas será enviado durante el primer semestre de 2015. la cne dijo ayer que planea bajar a la mitad el margen de ganancias de las firmas, pasando del actual 5% al 2,5%.
»Quiero que el país siga el ejemplo de cómo regular bien. Si hay que regular o no, lo tendrán que decir los números, pero mi sugerencia es que se vea el proyecto en su totalidad. Se requiere algo más que una simple mirada de rentabilidad de un año».
»No digo que el número sea erróneo ni que la conclusión sea errónea, sino que es erróneo decir que hay un sobrecargo en la tarifa a estas alturas cuando el análisis no ha sido terminado ni se cuenta con todos los antecedentes. La seriedad de la regulación chilena, que es reconocida en todas partes, se basa en la rigurosidad».
«En la distribución de gas no existe falta de competencia»
Según Blanlot, en la distribución de gas natural y de gas licuado de petróleo (GLP) no existe falta de competencia. Este último mercado es abastecido por varias empresas que compiten entre sí. «Efectivamente, Gasco está relacionada con Metrogas, pero Abastible y Lipigas presentan una competencia que impide que Gasco controle los precios del gas licuado y, por lo tanto, Metrogas se enfrenta a un sustituto cuyo precio no controla», advierte. La institucionalidad antimonopolio ha investigado el caso y ha concluido sin acusaciones, dice.
«El alto costo del gas por red viene del precio del GNL, que depende de los mercados internacionales. Nos tenemos que preocupar de que estas compras se hagan a precios competitivos, y está en manos del Gobierno resolver el tema», dice. Insiste en que más que enfocarse en la rentabilidad, el Gobierno debería fijarse en las inversiones que hicieron aquellas empresas que tomaron el riesgo y ver efectivamente si ha existido «una rentabilidad exagerada», dice. Comenta que donde hay que poner ojo en términos de competencia es en los terminales de regasificación. «Hoy tenemos dos, y ninguno está realmente actuando en un régimen de acceso abierto total o demostrable», sostiene Blanlot.
septiembre 25, 2014 | Industria
(Diario Financiero) El objetivo declarado del gobierno de reducir las tarifas de gas natural por redes está tomando forma.
La autoridad estaría analizando reducir el spread de 5% que hoy se considera para firmas como Metrogas, GasSur, Gasvalpo e Intergas, como parte de la tasa de rentabilidad que les permite la ley y que junto a la de costo de capital del 6%, conforma el 11% máximo.
La intención de la autoridad, acusan en la industria, sería provocar, con esta modificación, que alguna firma supere dicho umbral y active un pronunciamiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en torno a una eventual fijación tarifaria.
“Buscamos adecuar los indicadores a la realidad del mercado actual. Es importante que la Tasa de Costo de Capital (TCC) sea reconsiderada, así como también adaptar el proceso de chequeo de rentabilidad”, dijo el el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero.
Agregó que este último factor comprende una evaluación de los ingresos de las concesionarias, sus costos de explotación y el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) o costo de renovación de los activos.
La autoridad destacó que existen diferencias sustantivas entre lo que las distribuidoras consideran como parte de sus activos y lo que la CNE, amparada en la normativa vigente, ha establecido como tal.
Según trascendió, por ejemplo, cerca del 30% de los activos que Metrogas informa a la CNE (ver recuadro) deberían excluirse del chequeo anual de rentabilidad, pues le ayudarían a bajar su rentabilidad y no superar el 11%.
“Si bien no podemos adelantar los resultados del Chequeo de Rentabilidad 2012-2013, creemos que las diferencias entre incluir o no los gastos de conversión pueden derivar en resultados muy distintos y que en caso de detectarse un exceso de rentabilidad, la CNE se verá obligada a informar al Tribunal de Defensa de Libre Competencia”, precisó Romero, respecto del trabajo de chequeo que está llevando a cabo el consorcio Valgesta-Mercado Energético.
En el marco de esta revisión se habría detectado un problema: inconsistencias entre los datos que Metrogas le proporcionó a la autoridad y sus balances públicos. Romero explicó que por esto pidieron más información a la firma.
Las diferencias estarían, principalmente, en la forma en que la empresa declara sus activos, entre ellos las conversiones donde figuran reguladores, medidores y otras instalaciones ubicadas al interior de los inmuebles, los que en teoría serían de los clientes. De hecho, la CNE obligará a Metrogas a acreditar dicha propiedad, adelantó Romero.
Polémico 5%
En paralelo al polémico 5% adicional de rentabilidad que tienen estas empresas, a excepción de Gasco Magallanes que solo se rige por la TCC establecida en torno a un 7%, el Ministerio de Energía contará a mediados de octubre con un insumo adicional: un estudio sobre la TCC y la tasa de retorno que le encargó al economista Guillermo Le Fort.
Conocedores del tema señalan que este spread no se usa en ningún otro servicio regulado (electricidad o telefonía), aunque fuentes de la industria la defienden por la volatilidad de la demanda de este combustible, pues empresas como Metrogas deben hacer las redes y después salir a captar a los clientes.
Tasa de rentabilidad se aplica desde 2004
Uno de los elementos más discutidos, el spread de 5% por sobre la tasa de costo de capital de 6%, fue introducida por el gobierno en 2004, a través del decreto N° 67 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la época.
Conocedores del sector explican que aunque la regulación data de 1989, hace diez años este factor adicional buscaba dar más estabilidad a la industria frente a la varianza de las tasas de interés y el riesgo de acometer una inversión y tener que salir a captar usuarios. Las fuentes señalan que hoy estas condiciones serían distintas, y que la mantención de la tasa de rentabilidad sobre el 6% de costo de capital no estaría justificada.
En el caso del chequeo de rentabilidad, pese a que estaba contenido en la ley como una obligación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), sólo a partir de la creación del Ministerio de Energía en 2010 ésta tuvo la potestad para pedir mayor información a las empresas del sector, mediante la creación del «sistema de cuenta regulatoria».
En 2012 se realizó el primer ejercicio, que consideró los años 2010 y 2011 y en esta oportunidad estarían en revisión los ejercicios 2012 y 2013.
septiembre 24, 2014 | Industria
(La Tercera) “Metrogas tiene la tarifa más conveniente del mercado y jamás ha cobrado más de lo que la ley permite”, sostuvo ayer la empresa a través de una declaración, luego que un estudio encargado por la Comisión Nacional de Energía concluyera que la empresa superó el límite de rentabilidad establecido por ley en las cuentas de gas a sus 548 mil clientes de la Región Metropolitana (RM).
“En sus 20 años de historia, Metrogas jamás ha cobrado a sus clientes más de lo que la ley y la competencia, con sus múltiples sustitutos, permiten. Nuestras tarifas son fijadas por el mercado de la energía y estamos sujetos a una regulación vigente”, dijo la empresa. Ayer, La Tercera publicó que, de acuerdo a las conclusiones preliminares de un estudio encargado por el gobierno al consorcio chileno-argentino compuesto por las consultoras Valgesta-Mercados Energéticos, Metrogas habría excedido el 11% legal de rentabilidad en 2013.
Según la empresa, “el gas natural de Metrogas ha sido en los últimos años, en forma sostenida, el energético más conveniente del mercado. El gas natural es 21% más barato que su equivalente de 45 kilogramos de gas licuado. Es también 16% más económico que la parafina y 28% más barato que la electricidad en sus consumos equivalentes”.
En esa línea, la empresa dijo esperar “que cualquier diferencia en las visiones o conclusiones de los estudios sea resuelta en el ámbito de las mesas técnicas en las que participan todos los actores del mercado”. Asimismo, la firma dijo estar “a favor de llenar todos los vacíos que pueden existir en el actual marco regulatorio”.
Estudio paralelo
En tanto, nada de bien cayó en el gobierno que uno de los principales asesores de la Agenda de Energía, presentada en mayo por la Presidenta Michelle Bachelet, esté también trabajando en un estudio paralelo sobre rentabilidad de las empresas de gas.
Hugh Rudnick, docente de la Pontificia Universidad Católica (PUC) y director de la consultora Systep, fue contactado por la Asociación de Distribuidores de Gas Natural (AGN) para realizar un estudio similar al que desarrolla el consorcio Valgesta-Mercados Energéticos, y que se encuentra en su etapa final de conclusiones. La idea de la AGN, gremio que integran Metrogas, GasValpo, GasSur y Gasco, es que el consultor entregue su análisis en octubre y responda al estudio que encargó el gobierno.
“Lo que estoy haciendo para la AGN es un estudio de valorización de las instalaciones de las empresas distribuidoras de gas”, dijo ayer el consultor. Sobre la metodología usada en su análisis, Rudnick reconoció que utiliza una “similar a la que está ocupando el gobierno, con la información que entregan algunas de las empresas que participan en la asociación”.
Fuentes del Ejecutivo reconocen que Rudnick no tiene impedimentos legales para realizar “asesorías a las empresas que él estime conveniente”. Sin embargo, no ven con buenos ojos que uno de los principales asesores en materias energéticas del ministro Máximo Pacheco “participe en la elaboración de este estudio”.
Esto, pues Rudnick trabaja en el estudio para la AGN al mismo tiempo que presta asesorías en materias relevantes para la Agenda de Energía, como en temas relacionados a licitaciones o transmisión, además de formar parte del Consejo Consultivo “Energía 2050”, que presentó el propio ministro Pacheco en julio.
La principal molestia de personeros del gobierno radica en que la asesoría de Rudnick sea específicamente en la valoración de activos de empresas de gas, tema en el cual existe discrepancia entre la visión de las empresas y de la autoridad.
“Yo creo que las cosas no son blanco y negro. Yo voy a apoyar al gobierno, y lo he estado apoyando en toda su importante acción en el ámbito energético”, dijo Rudnick, agregando que no ve un “conflicto” en hacer “estudios para la asociación de empresas de gas, Colbún o para Endesa. No tiene nada que ver”.
agosto 5, 2014 | Industria
(Diario Financiero) Lograr una rebaja en los precios que pagan los usuarios por el gas es uno de los objetivos que el gobierno manifestó en la Agenda de Energía.
Primero fue el gas natural, pero ahora el gobierno estaría apuntando a lograr una rebaja en el Gas Licuado Petróleo (GLP), por lo que el Ministerio de Energía ya le pidió a las empresas que distribuyen este combustible en cilindros y granel, que le proporcionen información sobre la estructura de este mercado y sus precios.
Esta solicitud habría generado preocupación entre las distribucidoras: Lipigas, ligada al grupo Yaconi-Santa Cruz y a Andrónico Luksic; Abastible, propiedad del grupo Angelini; y Gasco, controlado por CGE, cuyos principales accionistas son las familias Marín, Hornahuer y Pérez-Cruz.
En privado
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, habría aprovechado un encuentro sostenido con la Asociación de GLP, que agrupa a estas tres empresas, para plantear en privado la solicitud para que la industria baje el precio del gas en cilindros.
Este combustible es clave para el abastecimiento de los segmentos socioecnómicos de menores ingresos, que actualmente no están cubiertos por las redes del gas natural o bien otros sectores de nivel medio, que contando con abastecimiento optan por controlar su consumo a través del cilindro, tal como sucedería con el prepago en la telefonía.
Según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), hoy en la Región metropolitana un cilindro de GLP 45 kilos, equivalente al consumo mensual de una familia de cuatro personas, vale en promedio $ 47.200, frente a los $ 37.022 que cuestan los 58 m3 de gas natural, volumen que es similar al consumo de GLP señalado.
En la CNE confirmaron que solicitaron información sobre el mercado de redes no concesionadas a las distribuidoras de GLP, que están presentes en condominios y edificios, en el marco de la mesa de trabajo con las empresas de gas natural.
“Aún estamos en una fase inicial de trabajo. Hemos conversado principalmente sobre las tasas de conversión de clientes de gas natural y GLP, así como sobre los mecanismos necesarios para que cualquier operador pueda utilizar los estanques instalados en edificios o condominios”, dijeron en la Comisión.
Asimismo, dijeron que “por ahora” el mercado de los cilindros no se está evaluando.
“Una de las finalidades de estas mesas de trabajo es asegurar que se reúnan los requisitos de competencia necesarios y que se mantengan precios justos para los consumidores”, recalcó la autoridad.
Precios internacionales
En la industria del GLP estiman que no habría argumentos para justificar una rebaja forzosa de precios o una regulación en este sentido.
El gas licuado es un derivado del petróleo y su valor varía de acuerdo con el nivel del crudo en un mercado de referencia, que en el caso de Chile, tal como sucede con los combustibles, es el Golfo de México, en EEUU.
Conocedores del tema explican que entre un 30% y 35% del GLP que se vende en Chile proviene de Argentina, donde el precio sería un 50% menor al del mercado de paridad.
En la industria aseguran que operan con márgenes bajos, especialmente a nivel de la distribución de cilindros, por lo que una baja forzada de precios los afectaría.
La autoridad también estaría siguiendo con atención el rol de Gasmar, ligada a Gasco, Abastible y el grupo Von Appen, que como intermediario compra el gas en el mercado internacional y lo vende a los actores locales.
El consumo nacional de GLP ronda los 1,15 millón de toneladas al año. Lipigas lidera el mercado, le siguen Abastible y Gasco.
TDLC estudia regulación para traspaso de estanques de GLP
En dos frentes las empresas de distribución de GLP enfrentan posibles regulaciones. Por un lado está la mesa de trabajo con la Comisión Nacional de Energía (CNE), que apunta a las redes no concesionadas, que atienden a condominios y edificios, y el proceso del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que analiza las restricciones existentes en el segmento de distribución de gas a granel en estanques.
Hoy, el 28% del GLP que se vende en el país es granel, pero dado el nivel de consumo de quienes lo utilizan, sería el negocio más rentable para las distribuidoras de GLP.
En diciembre de 2013, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó una consulta al TDLC para el posible establecimiento de una normativa para regular el traspaso de estanques, también conocidos como «bombonas» entre empresas, aduciendo que el mercado era poco competitivo y hay barreras para quienes buscan cambiar a su distribuidor, incidiendo en los precios que pagan los usuarios, ya que los estanques granel de GLP son propiedad de las empresas.
La FNE pidió que se estudie la aplicación de una normativa que permita el traspaso de los estanques entre las empresas, para que así los usuarios puedan acceder a mejores precios por la competencia que se daría entre distribuidores.
Los alcances de esta medida han sido consultados a diversos organismos, como la CNE, SEC y las carteras de Energía y Minería.
Si bien las empresas no han criticado la medida de fondo, si han señalado públicamente que el mercado es competitivo, y que en caso de introducir una nueva regulación, la principal preocupación de la autoridad debería ser la seguridad de los estanques.
A comienzos de julio, Gasco, Lipigas y Abastible presentaron sus argumentos en una audiencia ante el TDLC.
