junio 12, 2014 | Industria
(Pulso) Fue a mediados de 2012 cuando Bernardo Larraín Matte, presidente de Colbún -hijo de Patricia Matte y sobrino de Bernardo y Eliodoro- protagonizó el llamado “colbunazo”. El empresario pidió suspender el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de transmisión de HydroAysén, debido a que, en su visión, no hay una política energética clara en el país y no están dadas las condiciones para seguir con la iniciativa.
Esta semana se podría haber repetido la “tirada de mantel” a la autoridad, luego que el Comité de Ministros desahuciara el proyecto hidroeléctrico que Endesa y Colbún buscaban levantar en Aysén. Buscaban debido a que la instancia revocó el permiso ambiental para construir las cinco centrales que pretendían las empresas socias.
Casi treinta y dos horas después de conocerse la decisión del comité, HydroAysén emitió un escueto comunicado: “Tras conocerse en el día de ayer (martes) que el Comité de Ministros se reunió para la “revisión y análisis del procedimiento de invalidación y los recursos de reclamación asociados” al proyecto HidroAysén, la empresa informa que esperará una notificación formal de las resoluciones de dicho órgano y, luego de conocer el contenido de tales documentos, definirá los cursos de acción a seguir”.
Minutos después, Endesa hizo lo propio: “En múltiples ocasiones, Endesa Chile ha comunicado que el proyecto HidroAysén sólo se haría si Chile lo considera estratégico para el desarrollo energético del país. Con la decisión del Comité de Ministros queda en evidencia que hay un cambio de actitud del Gobierno de Chile hacia HidroAysén y que dicho proyecto, en su formato actual, no ha generado el respaldo necesario de las autoridades”.
La empresa añadió: “Creemos que el uso de los recursos hídricos, como combustible primario limpio y seguro, favorece la competitividad del país y son necesarios para alcanzar una matriz energética que, junto con las renovables no convencionales y las otras energías convencionales, nos acompañe en el camino del desarrollo. Es por ello que esperaremos el resultado de la discusión sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos en Chile, para definir en su caso los cursos de acción”.
No obstante, Colbún buscaba transmitir un mensaje “fuerte y claro” frente a la decisión del Comité de Ministros, lo que provocó un distanciamiento con Endesa respecto a la forma en que HydroAysén iba a responder comunicacionalmente a la decisión de la instancia gubernamental.
Las negociaciones de cómo enfrentar esta crisis entre Endesa y Colbún se iniciaron a penas conocida la resolución desfavorable, de ahí la demora en la publicación de los comunicados de prensa.
Según fuentes al tanto, Bernardo Larraín apuntaba a una “posición más dura” para defender la Resolución de Calificación Ambiental de la iniciativa, en la que Colbún y Endesa han invertido hasta ahora US$320 millones.
La misma fuente consultada afirma que el no a HidroAysén fue una “decisión absolutamente política”, y que no va en línea con el fallo de la Corte Suprema que ya había visado el proyecto en 2012.
Por eso, los Matte apuntaban a una postura más firme y crítica frente a la decisión del Comité de Ministros. Misma postura tenía el vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández.
No obstante, Endesa Chile optaba por una declaración más “suave” y no tan crítica respecto a la resolución del comité, que estuvo presidida por el titular del Medio Ambiente, Pablo Badenier y participaron los ministros de Energía Máximo Pacheco; Minería, Aurora Williams; Agricultura, Carlos Furche; Economía, Luis Felipe Céspedes; y Salud, Helia Molina.
“El proyecto HidroAysén adolece de faltas importantes”, fue una de las frases que pronunció el ministro Pacheco tras darse a conocer la resolución.
Pese a esto, en Endesa Chile evitaron polemizar. La compañía habría preferido mantener sus relaciones intactas con la autoridad, como buena compañía multinacional, que siempre juega de visita. Todo esto en coordinación con Italia.
La compañía logró hacer valor su postura, tras una serie de conversaciones y mensajes entre los principales ejecutivos de las empresas socias del proyecto, lo que terminó con los “tibios” comunicados emitidos pasadas las 19:00 horas de ayer.
En lo que sí están coincidiendo Endesa y Colbún es en que se buscará no hacer la pérdida de todo lo invertido hasta ahora en HidroAysén.
Las compañías no tomarán ninguna decisión en esta línea mientras se recurra al Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia para intentar revertir la decisión del Comité de Ministros.
En efecto, la decisión de recurrir a esta instancia está prácticamente decidida al interior de HydroAysén.
Un reciente informe de BanChile estima una potencial pérdida por ajuste de libros del orden de los US$256 millones en base al valor en libros de HidroAysén registrado conjuntamente por Endesa y Colbún al de 31 de marzo 2014. Este castigo sería proporcionalmente reconocido como un gasto extraordinario en función a sus participaciones en el proyecto. El impacto en Endesa alcanzaría 9,5% de las utilidades antes de impuestos esperadas para 2014. En cuanto a Colbún, dicho impacto llegaría 49,4%, sostiene BanChile.
Tribunal Ambiental de Valdivia verá apelación
Michael Hantke Domas, ministro Titular, presidente del Tercer Tribunal Ambiental
Abogado, Universidad Andrés Bello y doctor (PhD) por el ESRC Centre for Competition Policy y la Norwich Business School, de la Universidad de East Anglia, Inglaterra, Reino Unido.
Previamente trabajó como Oficial para Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de Naciones Unidas.
Adicionalmente, fue asesor jurídico en la Subsecretaría de Obras Públicas, y en la Superintendencia de Servicios Sanitarios. También, trabajó como abogado en los estudios Puga Ortiz y en Álvarez, Hinzpeter, Jana y Valle (hoy, Bofill Mir & Álvarez Jana).
A nivel internacional, ha sido consultor en la PNUD, UNCTAD) y para CEPAL.
Jorge Roberto Retamal Valenzuela, ministro titular
Abogado, Universidad Católica del Norte y magister (c) en Derecho Ambiental.
Se ha desempeñado como abogado de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la II Región de Antofagasta; Defensor Penal Público licitado en Antofagasta, y abogado Asesor Regional y luego Director Regional de la Corporación Nacional Forestal en la región mencionada. Terminado su período, fue nombrado Abogado Analista de la Fiscalía Nacional de dicha Corporación, en Santiago.
Al momento de su nombramiento, se desempeñaba como Abogado Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, en Antofagasta.
Roberto Pastén Carrasco, ministro titular
Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas e Ingeniero Comercial, Universidad de Tarapacá, doctor en Economía de la U. de Alabama y máster en Economía en la U. de Chile.
Ha sido Profesor Asociado de Economía en la Universidad de Talca profesor visitante en el Programa de magister y Doctorado en la Universidad de Chile; y Profesor Visitante en Economía Ambiental, Groningen University, Holanda. Ha dictado cursos de post grado y de pre grado tanto en universidades de Chile como de Estados Unidos, Holanda y España.
Durante los años 2010 y 2011 se desempeñó como Consultor del Banco Mundial. Entre los años 1994 y 1996 trabajó en la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) en los inicios de la implementación de la Ley de Bases del Medio Ambiente.
Pablo Miranda Nigro, ministro suplente
Abogado, Universidad Andrés Bello y master of Law, del Washington College of Law, American University, Washington D.C.
Al momento de ser nombrado, se desempeñaba como Abogado Jefe de la Unidad Jurídica de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Sra. Sibel Villalobos Volpi, ministro suplente
Licenciada en Biología Marina, Universidad Austral de Chile y magíster (c) en Ciencias, Mención Recursos Hídricos de la Universidad Austral de Chile.
Al momento de ser nombrada, se desempeñaba como Jefa de la Sección de Política y Regulación Ambiental de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos.
junio 10, 2014 | Industria
(El Mercurio) Ocho invitados entre centros de estudios, abogados y economistas llegaron ayer a exponer sus aportes e inquietudes respecto al proyecto de ley de reforma tributaria en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
Luego que la ronda de la tarde partiera con la intervención del abogado Juan Manuel Baraona (ver recuadro), el economista senior del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), Luis Felipe Lagos, expuso cerca de 35 minutos.
A su juicio, el principal problema de la reforma tributaria es el cambio de base retirada a base atribuida, lo que calificó como un experimento. «No existe un país donde se tribute sobre base atribuida», sostuvo.
«Sabemos que los efectos de subir las tasas al 35% van a ser dañinos a la inversión y el ahorro, pero si usted le suma que cambia el régimen de base retirada a base atribuida, es tirarse a una piscina, no sabemos cuáles son los efectos y pueden ser mucho mayores sobre inversión, sobre empleo y sobre el crecimiento», agregó.
En este sentido, dijo que el sistema actual a base de retiros diferencia entre utilidades reinvertidas y el consumo, y el FUT es solo un registro contable de eso. Advirtió que cambiar el sistema y pasar a uno que grava la inversión y el ahorro lleva a un menor retorno de esta y, por consiguiente, la inversión debiera caer. El segundo inconveniente del proyecto a su juicio es la tasa de impuesto del 35%, lo que dejaría a Chile como el tercer país con tasas más altas respecto a los países ricos, tras Japón y EE.UU., dijo Lagos.
Por su parte, el economista y presidente de Espacio Público, Eduardo Engel, discrepó de lo anterior e indicó que no está claro que el FUT haya tenido un rol importante en las altas tasas de crecimiento posteriores a 1986, porque hubo muchas reformas en el período y, además, al menos parte del boom de la inversión y el ahorro de la segunda mitad de los 80 fue cíclica.
Engel planteó que hay distintas formas de terminar con el FUT y ninguna de ellas es mejor que la otra porque tienen distintos efectos. Enunció tres, la primera de ellas, mantener la propuesta del proyecto de reforma tributaria cuya ventaja es la equidad horizontal, en el sentido de que las rentas del capital pagan igual que las rentas del trabajo. La desventaja es que no tiene incentivos para la reinversión de utilidades.
Una segunda opción sería desintegrar, donde las empresas y las personas pagaran impuestos por separado, por ejemplo las corporaciones tributando con una tasa de 30% y la distribución de dividendos un 10%, con una tasa marginal máxima para el impuesto a las personas de 35%, y un esquema diferenciado para las pequeñas empresas.
Una tercera opción es parecida al esquema actual: mantiene el sistema integrado; sube el impuesto de 1ª categoría de 20% a 35%; la tasa marginal máxima del impuesto a las personas baja de 40% a 35% y no es necesario pasar a tributación por base devengada.
El economista indicó que con la reforma propuesta la carga tributaria subiría de 19%, en que se ha mantenido por casi 30 años, al 22%, aun por debajo de la carga de países con ingresos similares. Agregó que el esquema actual implica una mala distribución del ingreso porque los sectores altos contribuyen poco con el pago de impuestos.
Abogados critican la complejidad del sistema de renta atribuida y plantean diferencias por su constitucionalidad
El abogado Juan Manuel Baraona se mostró partidario de mantener el sistema actual, con un régimen donde los propietarios de las empresas paguen sus impuestos cuando retiren las utilidades, y establecer una tasa corporativa diferenciada, que podría partir con un 5% para las pequeñas empresas, luego una tasa intermedia, y para las compañías más grandes un 30%.
Según sus estimaciones, con su propuesta, la recaudación podría ser la misma considerada en el proyecto de ley e incluso más alta.
A su juicio, el proyecto de reforma tributaria que se discute en el Congreso presenta problemas de constitucionalidad respecto de la renta atribuida, por cuanto una retención (como la del 10%) supone que haya un impuesto, pero este impuesto no se ha producido si todavía no hay un reparto de las utilidades o dividendos. Es más, hay muchas empresas cuyas juntas de accionistas pueden decidir no repartir las utilidades.
En el mismo tema, los académicos del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile Gonzalo Polanco, Javier Jaque y Juan Pablo Cabello señalaron que existe consenso en la alta complejidad del sistema de rentas atribuidas que contempla el proyecto, por lo que indicaron que se debe estudiar la necesidad de desintegrar el sistema.
Este cambio significaría que el impuesto de primera categoría por las utilidades de las empresas deje de ser crédito contra el global complementario, con lo cual se incentivaría la reinversión de las utilidades. Hizo presente que el problema de las rentas atribuidas es que atenta contra un principio básico que es la «simplicidad» del sistema tributario, lo que, a su vez, conlleva un ahorro en recursos para fiscalización y da mayores facilidades a los contribuyentes para cumplir.
En la misma línea, el abogado de la Fundación Jaime Guzmán, Sergio Illanes, dijo que «la reforma es un mal diseño que, por razones políticas, anticipa tributación vulnerando todos los principios de la propia Ley de la Renta y generando un bicho exótico, a la manera de una renta presumida».
Una visión distinta planteó el abogado Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional, quien dijo no encontrar ningún viso de inconstitucionalidad en el proyecto.
Argumentó que la Constitución del país establece en su artículo 19 número 20 cuáles son los márgenes a que debe limitarse el legislador tributario y, al mismo tiempo, las garantías del contribuyente. Bajo estos parámetros, Zapata sostuvo que la Constitución es un «marco» que puede aceptar diversos tipos de sistemas tributarios, por lo que el legislador puede elegir la política más adecuada que estime para el bien común.
Más en lo específico, discrepó de las afirmaciones de que el establecer rentas atribuidas sería inconstitucional por atentar contra los derechos de propiedad y de asociación. Recalcó que el concepto «renta» tiene un sentido muy amplio y equivale a la expresión «acrecimiento patrimonial», tal como lo señaló el TC en un reciente fallo, lo que permite que cada país «dibuje» con mucha amplitud la base imponible y el hecho gravado.
Horizontal ve riesgo de nueva elusión
Bajo la perspectiva del centro de estudios Horizontal, aprobar una reforma de esta envergadura, sin cierto consenso ni debate real, puede tener peores efectos que la reforma en sí misma, debido a que la incertidumbre es una de las principales variables que afectan a la inversión.
El economista Fernando Medina enfatizó en que no es posible asegurar que esta reforma no tendrá impacto en la inversión. «Si bien es difícil cuantificar el efecto, lo más probable es que afecte la inversión, ya que impacta al ahorro y en Chile el mayor porcentaje de ahorro es el que hacen las empresas», precisó. Además, «no hay ninguna alternativa para sustituir la eliminación del FUT y el pasar de renta retirada a renta devengada», añadió.
Medina advirtió además sobre los riesgos de la complejidad del cambio: «Esto de pasar a renta atribuida, no necesariamente implica que los malos usos del FUT van a terminar, debido a que el sistema es muy complejo de implementar y probablemente se van a abrir espacios nuevos a la elusión». De ahí que su propuesta apunte a corregir el actual sistema tributario en vez de crear uno «tan novedoso», cerrando los actuales espacios de elusión. Una forma, dijo, es permitir a las empresas diferir el pago de impuestos, pero no de manera eterna como hasta ahora, sino estableciendo plazos y cobrando interés por la utilización de este beneficio.
Cenda critica no tocar a mineras
Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), respaldó la reforma, pero dijo que es perfeccionable. En ese marco, criticó que se haya dejado afuera el royalty minero. Parece que las grandes mineras gozan de una «influencia considerable» y la reforma «no les toca un pelo», dijo. Agregó que se favorecen, además, de la depreciación instantánea y del fin del FUT. Pidió, además, no reducir tasas del tramo más alto.
junio 9, 2014 | Industria
(Aice) Más de 50 ingenieros estructurales asistieron a la Asamblea Anual Ordinaria de Socios de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales (Aice), en la que se dio la cuenta del Presidente y el balance del año anterior, junto con renovar a tres directores para el período 2014-2015.
En esta oportunidad, los postulantes para dichos cargos fueron cinco: Leopoldo Breschi, de VMB; Cristián Delporte, de Delporte Ingenieros; Alfonso Larraín, de Alving, quien se repostulaba como director; Patricio Pineda, de Lemma Engineering, y Lucio Ricke, de IEC Ingeniería S.A.
Cada socio pudo votar por tres ingenieros, con lo que resultaron elegidos Lucio Ricke, Alfonso Larraín, y Patricio Pineda.
El presidente de AICE, René Lagos, destacó el entusiasmo de los socios por participar en el Directorio, lo que es un buen indicador para mejorar aún más en la difusión de las buenas prácticas de la ingeniería estructural.
“La ingeniería estructural es una disciplina relevante para el desarrollo de nuestro país y como asociación gremial tenemos un gran rol en la difusión de buenas prácticas y del estado del arte de la profesión, lo que hemos cumplido con creces estos últimos años. Es necesario seguir trabajando en la promoción del nivel que hemos alcanzado, tanto en Chile como en el extranjero, de la mano de las nuevas tecnologías y el buen diseño, lo que nos permite sobrellevar con éxito las grandes pruebas que nos impone la naturaleza”, señala Lucio Ricke, uno de los nuevos directores.
En tanto, que Patricio Pineda, buscará potenciar el desarrollo y la presencia de esta área en la industria, infraestructura portuaria, minería y energía, entre otros sectores. “Es en ellos donde el actual Comité Técnico de Minería e Industrias de AICE, del cual soy miembro y coordinador, ha detectado un amplio campo aplicación y desarrollo, en particular a aquello que se refiere a la elaboración de procedimientos de diseño para diversos componentes y estructuras que no se encuentran cubiertos en la normativa vigente”, precisa.
Por su parte, Alfonso Larraín se manifestó muy contento de esta renovación en su cargo y dispuesto a colaborar en lo que la Asociación necesite.
El Directorio 2014-2015 de AICE quedó conformado de la siguiente manera:
Presidente: René Lagos
Ingeniero civil de la Universidad de Chile, socio y gerente general de René Lagos Engineers, empresa responsable del cálculo estructural de más de 1.700 obras. Actualmente es presidente de la AICE y miembro de la Comisión de Diseño Estructural de la CChC.
Vicepresidente: Carlos Sepúlveda
Ingeniero civil, Universidad de Chile; miembro fundador de la AICE y director de la misma entre los años 2003 a 2006. Socio del Colegio de Ingenieros de Chile A.G.; Revisor de proyectos en primera categoría. Actualmente se desempeña como gerente técnico en Santolaya Ingenieros Consultores.
Secretario: Guido Cavalla
Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 36 años dedicado al desarrollo de proyectos de cálculo estructural. Socio fundador, ex tesorero y actual Secretario de AICE; y socio y ex tesorero de ACHISINA. Actualmente se desempeña como socio y gerente de CRL Ingeniería Estructural SpA.
Director: Lucio Ricke
Ingeniero Civil de la Universidad de Chile, socio de I.E.C. Ingeniería S.A., jefe de Proyectos, especialista en análisis sísmico de edificios, a cargo de la puesta en marcha de sistemas automatizados de ingreso y salida de información computacional, docente en la Universidad de Chile y en la Universidad Mayor.
Director: Alfonso Larraín
Ingeniero civil de la Universidad de Chile, fundador de la empresa Alfonso Larraín V. y Asociados Ltda. En el año 2010 fue galardonado con el Premio a la Excelencia por la Asociación Chilena de Sismología e Ingeniería Antisísmica (ACHISINA). Ha participado en obras destacadas como Edificio La Portada Titanium y Clínica Bicentenario de la CChC.
Director: Patricio Pineda
Ingeniero civil en Obras Civiles de la Universidad Central, candidato al grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención en Ingeniería Sísmica, de la Universidad de Chile, bajo la guía de Rodolfo Saragoni Huerta. Coordinador del Comité Técnico de Minería e Industrias AICE.
Socio fundador de Lemma Ingeniería Ltda., especialista en cálculo y diseño estructural en el área de minería y en proyectos industriales.
Past President: Fernando Yáñez
Ingeniero civil de la Universidad de Chile, doctor en ingeniería civil de la Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda. Profesor de hormigón estructural y pretensado de la Escuela de Ingeniería y actual director del Centro de Investigación Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales, IDIEM, de la Universidad de Chile. Es miembro, además, de ACI 318 y presidente del Comité de Hormigón Armado.
junio 5, 2014 | Industria
(Pulso) Con prisa y sin pausas trabaja el Ministerio de Energía en la elaboración de los proyectos de ley asociados a la Agenda Energética, presentada en mayo por la Presidenta Michelle Bachelet.
El documento requiere de la discusión de 11 proyectos de ley, además de 18 reglamentos, los que serán presentados de manera sucesiva entre el segundo trimestre de 2014 y 2017.
Ayer, el ministro Máximo Pacheco participó de la sesión regular de la comisión de Minería y Energía del Senado, instancia en la que comprometió un esfuerzo adicional para presentar antes de lo presupuestado estas iniciativas legales.
¿La razón? La buena disposición existente tanto a nivel parlamentario como también entre la opinión pública para resolver determinados temas. Uno de estos proyectos es el que busca perfeccionar las licitaciones de abastecimiento eléctrico para las distribuidoras, pues el año que viene está programado un concurso en el que se juega parte importante de la tarifa eléctrica de la década que viene. La idea es que los precios de esa licitación no sean excesivos.
“El proyecto de ley de Eficiencia Energética le pusimos fecha. Nosotros estamos preparados para entrar antes con ese proyecto. En el caso de ENAP, el ministro de Hacienda ya nos ha pedido adelantarlo y será presentado el último trimestre de 2015”, dijo el titular de Energía al ser consultado sobre este proyecto, que incluirá no sólo los cambios al gobierno corporativo, sino que también la capitalización de utilidades.
Para adelantar tarea, el ministerio ha definido parte importante de los integrantes de las comisiones que asesorarán al Gobierno en la elaboración de estos proyectos de ley. En el caso de las licitaciones, el Ejecutivo trabaja en dos frentes: una mesa de trabajo con las generadoras a la que no sólo han sido convocadas las grandes empresas, sino también los desarrolladores renovables, a través de Acera y también los pequeños y medianos generadores.
En paralelo, se creó una comisión que incluye a Odecu, atendiendo a una recomendación del Sernac, la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP), representada por el ingeniero de la Universidad de Chile Pedro Maldonado, la ex CNE María Isabel González, y los consultores Hugh Rudnick y Ramón Galaz. También se sumó a la abogada experta en libre competencia Carla Bordoli, el abogado Carlos Gambardelli, a representantes de empresas distribuidoras, de la SEC, la CNE y del propio ministerio.
“Este grupo está desarrollando la discusión en torno a los cambios regulatorios que se requieren tanto a nivel legal, parlamentario y de las bases de licitación, por lo que el proyecto que se presente en agosto próximo va a venir con un trabajo donde los actores han participado en un trabajo pre-legislativo bastante profundo”, añadió el secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero.
En materia de transmisión, el ministerio se asoció con la U. Católica para desarrollar una discusión amplia que tratará: criterios de expansión de la red, seguridad, tecnología y calidad de servicio, operación del sistema e institucionalidad de los CDEC y emplazamiento de las redes y territorios.
Se espera ingresar este proyecto de ley en abril del año que viene.
Sobre las nuevas regulaciones a las redes de gas natural, se está trabajando con el Centro de Regulación y Libre Competencia de la U. de Chile, Odecu y con el Banco Mundial.
Pese a todo, Pacheco anticipó que, a pesar del esfuerzo que está desplegando el ministerio, las cuentas de la luz van a subir en los próximos meses. “Yo sé que esto no es una buena noticia, pero tenemos que sincerar las cosas. A fin de año vamos a tener un alza en las cuentas”, dijo. “La presidenta Bachelet en la agenda dice que si no hacemos nada las cuentas de la luz van a subir 34%.
Vamos a hacer algo, pero las cuentas de la luz no van a bajar. Las cuentas de la luz van a subir. Y quiero informar que van a subir antes de fin de año”, complementó.
junio 3, 2014 | Formación
El 9, 10 y 11 de julio el Centro de Excelencia y Capacitación de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (CEC – CAMCHAL) dictará un curso cuyo objetivo es que los profesionales puedan aprender a desarrollar un estudio para evaluar la factibilidad de proyectos de plantas de generación de electricidad mediante energía eólica.
Los asistentes, explican en CAMCHAL, podrán conocer cómo evaluar el recurso eólico y su interconexión a la red, vislumbrando el impacto social, ambiental y los aspectos legales asociados. Además, aprenderán a realizar cálculos de producción y evaluación económica.
El curso −guiado por Rodrigo García, ingeniero civil estructural, experto en estudios de evaluación de proyectos de parque eólico, gerente general de Megawind, director de Acera (Asociación Chilena de Energías Renovables Alternativas) y profesor de Ingeniería de la Universidad de Chile− finalizará con un taller práctico donde se integrarán los conocimientos aprendidos, evaluando técnica y económicamente un proyecto de parque eólico.
Revisa acá más información sobre la iniciativa.
