octubre 21, 2013 | Industria
(El Mercurio) Muy de cerca están mirando en Transelec el proyecto de ley que está impulsando el Gobierno para realizar la interconexión eléctrica del Sistema Interconectado Central (SIC) y del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).
Según el gerente general de la compañía, Andrés Kuhlmann, se tomó la decisión de acudir a una eventual licitación, la cual sería lanzada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) durante este año.
«El interés es un hecho. Hay que ver de qué forma sale el proyecto, pero es algo que nos interesa mucho. Vamos a participar de todas maneras», explicó el ejecutivo.
Kuhlmann agregó que la iniciativa, que demandará una inversión cercana a los US$ 700 millones y contempla una línea de corriente continua de cerca de 600 kilómetros, se presenta como muy atractiva para los planes de crecimiento que tiene la empresa de transmisión eléctrica Transelec.
«La interconexión no solo es un buen proyecto. A la luz de las últimas licitaciones, en las cuales sí entregamos ofertas, aparecen condiciones con las cuales vamos a participar», explicó.
Con esta decisión se confirma el interés de la compañía de capitales canadienses de apostar fuerte por la construcción de líneas de transmisión pertenecientes a las líneas que propone el actual gobierno en su plan anual de expansión troncal.
Esto, luego que en 2012 sorprendiera al mercado tras restarse de gran parte de las obras de licitación por US$ 900 millones que impulsó el gobierno para robustecer la capacidad de transmisión del país.
«Hay algunas licitaciones en las cuales no participamos, pero eso no quiere decir que nos restamos de las licitaciones. En ese minuto dijimos que las condiciones en esas licitaciones no estaban equilibradamente planteadas, por lo cual no podíamos entregar una oferta seria», aclaró Kuhlmann.
Se espera que a fin de año el Gobierno logre incluir la interconexión en el plan de expansión troncal que realiza la CNE. La idea de esta obra es reducir los precios de la energía en algunas zonas del país a través del traspaso de electricidad más eficiente desde un sistema al otro.
Por otra parte, la compañía franco-belga, GDF Suez, también está impulsando su propio proyecto de interconexión, el cual desarrollarían en conjunto con otra empresa.
Sobre esta última iniciativa, el ejecutivo aseguró que han sostenido conversaciones con Suez para participar en una eventual interconexión.
«Estamos interesados con ellos (Suez). Finalmente, en el proyecto que se haga, Transelec va a estar interesado en participar en él», asevera Kuhlman.
Fuente / El Mercurio
octubre 21, 2013 | Industria
(La Tercera) Uno de los proyectos estrella de la agenda energética del gobierno, la interconexión de los sistemas SIC y Sing, enfrentaría un nuevo escollo: la oposición de los industriales, grandes mineras y algunos generadores del norte.
Según señalan fuentes de la industria, los cuestionamientos apuntan a que la unión -que es materia de un proyecto de ley que se discute en el Congreso- traería aparejados mayores costos energéticos para las empresas del Norte Grande, elevando los precios que hoy pagan, introduciendo mayor volatilidad y disminuyendo la “holgura” con que hoy cuenta el Sing.
De acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la unión de los sistemas costaría unos US$ 800 millones, para lo cual se construiría un tendido de unos 600 kilómetros y 500 KV, en corriente continua. Una vez aprobado el proyecto de ley, la autoridad estaría en posición de llamar a una licitación internacional para su construcción. GDF Suez impulsa un proyecto propio.
Los industriales y la minería están alertas y ya se habrían contactado con el gobierno y parlamentarios para plantear su posición. Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, señala: “El proyecto de interconexión Sing-SIC no puede amenazar la competitividad, estabilidad y seguridad del Sing. La industria minera y su cluster de empresas proveedoras es el pilar estratégico de la economía chilena”. Agrega que “la minería chilena ha perdido competitividad, entre otras razones, por los altos costos de la energía en relación a otros países mineros como, por ejemplo, Perú. Si la versión final del proyecto no garantiza la competitividad, estabilidad y seguridad del Sing, haremos sentir nuestra opinión”.
Opiniones diversas
En la minería no existe una posición única. El año pasado el Consejo Minero encargó un estudio privado para determinar la conveniencia de unir los sistemas. Este estudio concluyó que los beneficios serían menores que los costos.
“La interconexión no es la solución definitiva para los problemas de estrechez y, además, es insuficiente para la transmisión. No es una fórmula tan simple, porque el valor que tenga, por ejemplo, traer energía de HidroAysén será distinto si se coloca en el norte, más caro”, dice un alto ejecutivo de una minera.
Una alta fuente del Ministerio de Energía reconoce que algunos actores han manifestado sus aprensiones sobre el proyecto, pero descarta que éste vaya a producir mayores costos a las empresas del norte.
Entre las generadoras del Norte Grande las opiniones también son disímiles. Mientras Suez impulsa un proyecto propio, Gener (el segundo actor del Sing) estima que se deben aclarar cuestiones clave, como quien “pagará” la interconexión, además de regular las facultades que entrega el proyecto a la CNE para agregar obras una vez realizados los estudios por parte de consultores internaciones, lo que no estaría considerado en la actual legislación.
“La interconexión, por valores de precios promedio, no se justifica. Los propios estudios de la CNE lo dicen. Los industriales del norte y las mineras son uno de los candidatos a ser pagadores. Mientras no esté claro esto, nadie está contento. Los clientes mineros del Sing ven que hay una posibilidad de que ellos tengan que pagar esta interconexión, no usándola mucho”, dice Juan Ricardo Inostroza, director comercial de AES Gener.
Fuente / La Tercera
octubre 17, 2013 | Industria
(El Mercurio) Su menor nivel desde enero de este año registrará a partir de hoy el precio promedio de las bencinas -que está en línea con la gasolina de 95 octanos-, llegando a los 79,6 el litro.
El valor promedio caerá por litro y sumará una baja de 0 en seis semanas, según el informe referencial de precio entregado ayer por Enap.
Pese a un alza en el valor internacional de los combustibles -debido a los paros de mantenimiento en la Costa del Golfo-, los precios se ajustaron a la baja esta semana debido a una caída en el tipo de cambió.
De hecho, para el informe Enap utilizó un tipo de cambio a 01,8, menor en ,2 al aplicado en el documento de la semana anterior. La bencina de 93 octanos registraba ayer valores bajo los 00 por litro en once regiones del país, según el portal de la CNE.
Fuente / El Mercurio
octubre 16, 2013 | Industria
(La Segunda) La energía será un «fierro caliente» entre las manos del próximo gobierno. Durante su mandato, no entrarán en operación centrales de generación de base, pese a que los expertos calculan que debido al crecimiento de la demanda cada año debería ingresar una central similar a Ralco.
Bien saben del desafío en el comando de la presidenciable de la Alianza, Evelyn Matthei. Por eso, el consultor y ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Sebastián Bernstein, lideró el equipo que estableció una batería de propuestas en caso de llegar a La Moneda.
«El meollo del problema está en que no están pudiendo ejecutarse los proyectos de energía de base que se requieren para equilibrar la oferta y la demanda, y para poder tener precios de electricidad favorable», diagnostica.
Comenta que si bien hasta el 2015 «no habrá problemas», una medida que tomarán de inmediato de llegar al gobierno es aumentar el uso de gas natural, promoviendo que centrales que operan con él esporádicamente logren contratos de largo plazo.
De todas formas, reconoce que el mayor desafío será destrabar la oposición a los proyectos, por lo que proponen incentivos tributarios para apoyar a las comunidades o robustecer la institucionalidad.
-¿Cómo puede destrabarse este escenario de oposición ciudadana y judicialización?
-Para enfrentar las oposiciones sociales hay varios campos de acción. Las comunidades se oponen por dos razones, uno porque perciben que hay daños ambientales y muchas veces no perciben que esos daños ambientales están mitigados. Existe una cierta desconfianza en la institucionalidad, por lo que hay que darle solidez institucional y credibilidad a los estudios.
La otra razón es que dicen «oiga, este proyecto viene a molestar acá, yo no le veo ningún beneficio o dicen no porque es para Santiago o para las mineras». Entonces, estamos en una situación en que nadie quiere proyectos, no sólo eléctricos, sino que de ningún tipo. Lo que proponemos es que el 1% de la inversión de los proyectos se quede en la región directamente y 10% de los impuestos a la renta se queden en la zona. Esto no significa que no se mitiguen los impactos ambientales.
-¿Cuánto conocimiento existe en la población?
-Pensamos que los gobiernos no han tenido el liderazgo suficiente para informar a la opinión pública qué es lo que está en juego y qué decisiones hay que tomar, y para eso se necesita mostrar estudios que tengan credibilidad, no que los haya inventado el gobierno. Deben participar las universidades, gente de los gobiernos anteriores, expertos, también grupos ambientales. Recién está tomando cuerpo a través de los medios de prensa que tenemos un problema, pero algunos lo niegan todavía.
-Cuál es su propuesta en materia de Energías Renovables no Convencionales (ERNC)?
-Estamos abiertos a todas las tecnologías, queremos que todas ellas tengan la oportunidad de entrar, en la medida que sean aceptables desde el punto de vista ambiental y mitiguen sus impactos, así que no estamos en contra de las centrales a carbón y, en principio, a muy largo plazo, no estamos en contra de la energía nuclear tampoco.
Las ERNC tienen cabida acá, pero en la medida que una parte de las tecnologías de mayor potencial tengan variabilidad o intermitencia, como quieran llamarlo, hay límite a lo que se pueda poner, y el límite que se ha fijado en este acuerdo Parlamento con Ejecutivo ahora de 20% para el 2025 nos parece posible de cumplir, sin sobrecostos excesivos.
-En la candidatura, ¿están a favor o en contra de HidroAysén?
-No nos referimos a proyectos, pero sí a la capacidad de usar los recursos hidroeléctricos de la Región de Aysén, que debieran dar, como mínimo, 4.000 MW y podrían llegar hasta 6.000 MW. Es un recurso limpio, muy regular y propio.
Vemos que existe un espacio importante para agregar esas energías bajo dos condiciones. La primera, es que pasen un filtro, que los proyectos mitiguen sus impactos y cumplan con las normas; en este caso, ponemos atención especial a la línea que puede generar impactos en el paisaje.
Lo segundo es que para proyectos muy grandes y de impacto público -que no sólo afecta a la región, sino que preocupa a todo el país- pensamos que al Estado, si se convence sobre lo positivo de los proyectos, le compete promoverlo y explicarles a la ciudadanía y los poderes políticos sus ventajas, pero estar abierto a que si no hay un alto grado de consenso ese apoyo del Estado se congela. Ahí, los desarrolladores tomarán nota y decidirán si quieren hacerlo. En esta categoría de impacto está un proyecto como HidroAysén o una hipotética central nuclear.
-¿Y si la ciudadanía se opone a todos los proyectos, si ninguno alcanza consenso?
-Si no se logra el acuerdo sobre una iniciativa, hay que proponer un plan B. Si la gente dice no a la primera opción, debe comprometer su apoyo a la alternativa. Lo que genera un problema es decirle no a HidroAysén, no a las termoeléctricas, no a las eólicas o centrales a gas. Eso sería una irresponsabilidad total.
-¿Cómo se puede medir el consenso sobre un proyecto a nivel nacional? ¿Plebiscito, encuesta?
-No le puedo dar una respuesta precisa, hay que ir avanzando en términos de que primero se elaboren estudios prospectivos de largo plazo con equilibrios políticos dentro de los equipos que lo formen, introduciendo a la academia y gente de fuera del país, reconociendo los beneficios o costo de, por ejemplo, desarrollar estos recursos en el sur como es HidroAysén. También, que establezcan una alternativa realista, que no sea que la solución es la eficiencia energética.
Una vez que se tenga el análisis, hay que tomar contacto con los diferentes estamentos de nuestra sociedad para explicar los resultados, pudiéndose tomar el pulso. Eventualmente se podría acompañar con encuestas, porque no creo necesario llegar a un plebiscito.
Fuente / La Segunda
octubre 15, 2013 | Industria
(Cámara) Un generalizado apoyo entregaron ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados diversos expertos del sector eléctrico a la propuesta legislativa (boletín 9022) del Gobierno de promover la interconexión de sistemas eléctricos independientes, acto que hoy tiene vedado y que permitiría la unión en una única línea del Sistema Interconectado Central (SIC) con el Sistema Interconectado del Norte Grande.
A favor del proyecto se expresaron el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Juan Manuel Contreras; el director Ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables ACERA A.G., Carlos Finat; el director general y socio principal de GTD Ingeniería, Héctor Lagunas; y el abogado, profesor de las Cátedras de Derecho Constitucional y Eléctrico de la P. U. Católica, Eugenio Evans.
Los profesionales estimaron, a grandes rasgos, que la iniciativa responde a una necesidad real del país y aportará diversos beneficios, entre ellos, mayor seguridad de abastecimiento y condiciones económicas favorables, en particular, para el norte del país. Sin embargo, también se expresaron observaciones a la propuesta, muchas de ellas apuntando a la necesidad de considerar proyectos privados ya en ejecución, de modo de adelantar los beneficios de la interconexión.
El Ministro de Energía, Jorge Bunster, calificó como muy interesante la sesión y estimó que las presentaciones de los invitados a la Comisión fueron muy contundentes en destacar los beneficios que tiene para el país la interconexión eléctrica de los sistemas y que podrían gravitar que los parlamentarios apoyen la próxima votación.
Respecto de las dudas planteadas, dijo que “el Gobierno tiene la convicción y el compromiso de impulsar la interconexión”. “A nosotros nos interesa que esto avance. Vemos con muy buenos ojos la iniciativa que se está llevando adelante en el sector privado, pero si esa iniciativa no prosperara o no fuera suficiente, la voluntad del Gobierno es ir adelante con la interconexión tan pronto tengamos esta ley que nos faculte para hacerlo”, enfatizó.
Planteó que, considerando los plazos que se necesitan para hacer los estudios y para la construcción de la obra, entre otras tareas, hace pensar que, lo más razonable, es que esta interconexión podría estar avanzando en un plazo de tres a cuatro años, en la mejor de las opciones, o en siete años, bajo un régimen normal. “Pero nosotros estamos apuntando a que esto lo podamos hacer en una versión de un plazo más breve, por eso es que este es un proyecto importante, porque nos permite acelerar y llevar adelante la iniciativa”, puntualizó.
El diputado Juan Carlos Latorre (DC) valoró la exposición de los invitados y rescató el hecho que exista consenso en que la interconexión produce un bien que es mayor que lo que pudiera traer como efecto negativo. En ese plano, estimó necesario conciliar la factibilidad técnica del proyecto con la oportunidad de establecer un carácter más imperativo a la ley, respecto que debe haber una interconexión.
“La decisión de si hay o no interconexión queda sometida a ese estudio, entonces, ese es el punto de discusión o reflexión que he planteado. ¿Qué sentido tiene que digamos que resolvemos un problema cuando lo que estamos resolviendo es agregar en un texto que la Comisión resolverá si es buena o no la interconexión? Eso me tiene preocupado y veremos en los próximos días si podemos presentar una indicación para hacer un poco más perentoria la decisión”, resaltó.
Para el presidente de la Comisión, diputado Carlos Vilches (UDI), la gran dificultad que expusieron los expertos son los tiempos que esto puede demorar para materializarse en la práctica, pudiéndose alargar siete u ocho años, cuando, tal vez, ya no sería necesaria la interconexión debido al surgimiento de proyectos particulares e individuales que surtirían las necesidades energéticas hoy vigentes.
“Hay esfuerzos de privados que están avanzando y que podrían ahorrar tres o cuatro años. Son proyectos que ya partirían, dado que tienen las autorizaciones ambientales respectivas, eso significa que en el corto plazo se podrían viabilizar los proyectos. Lo que tiene que hacer esta ley es sintonizar estos proyectos con este sistema de interconexión, de modo que no haya sistemas paralelos o una barrera que impida que este esfuerzo que se está haciendo pueda anularse”, acotó.
Opiniones de los Expertos
Desde ACERA, Carlos Finat indicó que una interconexión entre el SIC y SING es necesaria y conveniente para un funcionamiento competitivo de ambos sistemas, pero no suficiente. Estimó necesario mayor transparencia del mercado y eliminar las actuales asimetrías de información entre los diversos actores del sector. Además, pidió acceso de todos los interesados al mecanismo de resolución de conflictos a lo largo del estudio que lleva adelante el Panel de Expertos.
Héctor Lagunas planteó que la interconexión, además de producir beneficios por concepto de seguridad de abastecimiento, produce importantes economías cuando alguno de los sistemas está desadaptado. “En el SIC Norte la oferta de energía está desadaptada a la demanda por congestión en el sistema de transmisión troncal y falta de generación firme de base, situación que es más crítica hasta fines de 2018”, especificó.
Alertó que, como es deseable para el país que la interconexión se produzca al más breve plazo, es muy importante que la aplicación administrativa del proyecto de ley no inhiba la posibilidad que se puedan ejecutar proyectos de transmisión adicionales (línea Mejillones-Cardones) que permitan la unificación tres o cuatro años antes.
Eugenio Evans aplaudió la iniciativa del Gobierno, estimando que resulta absurdo que Chile no tenga interconectado su sistema eléctrico. Criticó la falta de mención de proyectos privados, aunque entendió que la ley debe hacer referencia a principios generales y no particulares. Pese a ello, pidió una mayor definición y, al igual que Lagunas, que se considere la opción del proyecto Mejillones-Cardones como una vía de acelerar los plazos.
Juan Manuel Contreras, tras explicar los procesos que rigen normativamente el sistema, señaló que la expansión del actual sistema de transmisión troncal del SIC en 500 KV hasta la subestación Cardones (Copiapó), licitada en 2012, permite hacer factible una interconexión con el SIGN al acortarse la distancia entre subestaciones de 500 KV en ambos sistemas (Cardones en SIC y Encuentro en SING, a solo 600 kilómetros).
Informó que diversos estudios indican un amplio beneficio para el país, tanto desde el punto de vista contable como social. Javier Bustos, asesor de la CNE, detalló que el valor actual neto de beneficios y costos asociados al proyecto de interconexión es de US$ 9.126 millones, bajo un escenario de alta competencia; y de US$ 3.210 millones, con bajo incremento de la competencia.
Bustos detalló que el mayor factor estará dado por la reducción en el margen de comercialización de contratos de suministro a clientes libres y regulados (se reduce la variabilidad del precio sopt por menor riesgo de contratación), ello unido a efectos en la sustitución de combustibles en el sector productivo a un aumento en la demanda eléctrica.
Fuente / Cámara
