(La Segunda) La energía será un «fierro caliente» entre las manos del próximo gobierno. Durante su mandato, no entrarán en operación centrales de generación de base, pese a que los expertos calculan que debido al crecimiento de la demanda cada año debería ingresar una central similar a Ralco.
Bien saben del desafío en el comando de la presidenciable de la Alianza, Evelyn Matthei. Por eso, el consultor y ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Sebastián Bernstein, lideró el equipo que estableció una batería de propuestas en caso de llegar a La Moneda.
«El meollo del problema está en que no están pudiendo ejecutarse los proyectos de energía de base que se requieren para equilibrar la oferta y la demanda, y para poder tener precios de electricidad favorable», diagnostica.
Comenta que si bien hasta el 2015 «no habrá problemas», una medida que tomarán de inmediato de llegar al gobierno es aumentar el uso de gas natural, promoviendo que centrales que operan con él esporádicamente logren contratos de largo plazo.
De todas formas, reconoce que el mayor desafío será destrabar la oposición a los proyectos, por lo que proponen incentivos tributarios para apoyar a las comunidades o robustecer la institucionalidad.
-¿Cómo puede destrabarse este escenario de oposición ciudadana y judicialización?
-Para enfrentar las oposiciones sociales hay varios campos de acción. Las comunidades se oponen por dos razones, uno porque perciben que hay daños ambientales y muchas veces no perciben que esos daños ambientales están mitigados. Existe una cierta desconfianza en la institucionalidad, por lo que hay que darle solidez institucional y credibilidad a los estudios.
La otra razón es que dicen «oiga, este proyecto viene a molestar acá, yo no le veo ningún beneficio o dicen no porque es para Santiago o para las mineras». Entonces, estamos en una situación en que nadie quiere proyectos, no sólo eléctricos, sino que de ningún tipo. Lo que proponemos es que el 1% de la inversión de los proyectos se quede en la región directamente y 10% de los impuestos a la renta se queden en la zona. Esto no significa que no se mitiguen los impactos ambientales.
-¿Cuánto conocimiento existe en la población?
-Pensamos que los gobiernos no han tenido el liderazgo suficiente para informar a la opinión pública qué es lo que está en juego y qué decisiones hay que tomar, y para eso se necesita mostrar estudios que tengan credibilidad, no que los haya inventado el gobierno. Deben participar las universidades, gente de los gobiernos anteriores, expertos, también grupos ambientales. Recién está tomando cuerpo a través de los medios de prensa que tenemos un problema, pero algunos lo niegan todavía.
-Cuál es su propuesta en materia de Energías Renovables no Convencionales (ERNC)?
-Estamos abiertos a todas las tecnologías, queremos que todas ellas tengan la oportunidad de entrar, en la medida que sean aceptables desde el punto de vista ambiental y mitiguen sus impactos, así que no estamos en contra de las centrales a carbón y, en principio, a muy largo plazo, no estamos en contra de la energía nuclear tampoco.
Las ERNC tienen cabida acá, pero en la medida que una parte de las tecnologías de mayor potencial tengan variabilidad o intermitencia, como quieran llamarlo, hay límite a lo que se pueda poner, y el límite que se ha fijado en este acuerdo Parlamento con Ejecutivo ahora de 20% para el 2025 nos parece posible de cumplir, sin sobrecostos excesivos.
-En la candidatura, ¿están a favor o en contra de HidroAysén?
-No nos referimos a proyectos, pero sí a la capacidad de usar los recursos hidroeléctricos de la Región de Aysén, que debieran dar, como mínimo, 4.000 MW y podrían llegar hasta 6.000 MW. Es un recurso limpio, muy regular y propio.
Vemos que existe un espacio importante para agregar esas energías bajo dos condiciones. La primera, es que pasen un filtro, que los proyectos mitiguen sus impactos y cumplan con las normas; en este caso, ponemos atención especial a la línea que puede generar impactos en el paisaje.
Lo segundo es que para proyectos muy grandes y de impacto público -que no sólo afecta a la región, sino que preocupa a todo el país- pensamos que al Estado, si se convence sobre lo positivo de los proyectos, le compete promoverlo y explicarles a la ciudadanía y los poderes políticos sus ventajas, pero estar abierto a que si no hay un alto grado de consenso ese apoyo del Estado se congela. Ahí, los desarrolladores tomarán nota y decidirán si quieren hacerlo. En esta categoría de impacto está un proyecto como HidroAysén o una hipotética central nuclear.
-¿Y si la ciudadanía se opone a todos los proyectos, si ninguno alcanza consenso?
-Si no se logra el acuerdo sobre una iniciativa, hay que proponer un plan B. Si la gente dice no a la primera opción, debe comprometer su apoyo a la alternativa. Lo que genera un problema es decirle no a HidroAysén, no a las termoeléctricas, no a las eólicas o centrales a gas. Eso sería una irresponsabilidad total.
-¿Cómo se puede medir el consenso sobre un proyecto a nivel nacional? ¿Plebiscito, encuesta?
-No le puedo dar una respuesta precisa, hay que ir avanzando en términos de que primero se elaboren estudios prospectivos de largo plazo con equilibrios políticos dentro de los equipos que lo formen, introduciendo a la academia y gente de fuera del país, reconociendo los beneficios o costo de, por ejemplo, desarrollar estos recursos en el sur como es HidroAysén. También, que establezcan una alternativa realista, que no sea que la solución es la eficiencia energética.
Una vez que se tenga el análisis, hay que tomar contacto con los diferentes estamentos de nuestra sociedad para explicar los resultados, pudiéndose tomar el pulso. Eventualmente se podría acompañar con encuestas, porque no creo necesario llegar a un plebiscito.
Fuente / La Segunda