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Accionistas de HidroAysén recurrirían a Contraloría por demora en decisión del Comité de Ministros

Accionistas de HidroAysén recurrirían a Contraloría por demora en decisión del Comité de Ministros

(Diario Financiero) Tras sondear varias opciones los accionistas de HidroAysén, Endesa Chile (51%) y Colbún (49%), están evaluando recurrir a la Contraloría General de la República para conseguir que, tras más de dos años y medio de espera, el Comité de Ministros finalmente se pronuncie sobre las reclamaciones surgidas a raíz de la aprobación ambiental del complejo hidroeléctrico.

Luego del análisis, la figura que se impuso y que aún está en revisión por parte de la sociedad es una denuncia por notable abandono de deberes por parte de los titulares de los seis ministerios que integran esta instancia: Medio Ambiente (que tiene la presidencia); Economía Fomento y Reconstrucción; Salud, Minería, Agricultura y Energía.

El objetivo detrás de esta acusación sería que el organismo que encabeza Ramiro Mendoza precise los términos de la Ley de Bases del Medio Ambiente (19.300) en lo relativo a los plazos que establece para convocar a esta instancia y para que ella actúe.

La legislación establece que el comité debe conocer y resolver los recursos de reclamación presentados en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA); los recursos de reclamación presentados por personas que estimen que sus observaciones a un EIA no fueron consideradas , así como los reparos contra las resoluciones de revisión de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Para ello se establece un plazo de 60 días.

Una vez que la Comisión Regional de Medioambiente (Corema) aprobó el proyecto en mayo de 2011 y entregó la RCA, tanto la empresa como los detractores del proyecto presentaron sus reclamaciones. La firma buscando precisar el alcance y aclarar el sentido de algunas de las condiciones impuestas al proyecto, mientras los opositores cuestionan también la aprobación.

Una de las opciones que los accionistas de HidroAysén descartaron en este proceso fue activar el mecanismo de silencio administrativo, porque no sería aplicable a las decisiones del Comité de Ministros, las que no estarían asociadas a un instrumento administrativo puntual, como podría ser la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en el caso del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).Conocedores del tema explicaron que la decisión final de concretar una presentación a la Contraloría podría verse en la próxima reunión de directorio de HidroAysén que estaría agendada para la primera quincena de enero.

Preocupación ministerial
Fuentes del mercado comentaron que este lapso buscaría dar “un poco de aire” al tema, considerando que en las ocasiones en que la reunión del Comité se ha programado (y luego suspendido) ha sido para el período entre la segunda vuelta presidencial y el final del año.

Las gestiones que estaría haciendo el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, buscarían tratar de convencer al presidente Sebastián Piñera para que autorice la reunión. El primer mandatario tendría congelado el tema debido a la molestia que le habría causado la decisión de Colbún, que en mayo de 2012 recomendó a la sociedad la suspensión de los estudios de la línea de transmisión del proyecto, a la espera de que se den las condiciones de consenso en torno a la política energética y el desarrollo de la matriz.

Hasta ahora el argumento para explicar porqué la instancia no ha sido convocada es la necesidad de contar con un informe del SEA que sistematice las observaciones como reclamaciones. Sin embargo, existe algún grado de consenso entre los secretarios de Estado en torno a que esta razón es insostenible, pues se trata de 54 reclamaciones, lo que no justificaría tanta dilación, lo que daría sustento a un eventual pronunciamiento favorable a la denuncia por parte de la Contraloría.

GNL Chile evalúa open season para sumar consumidores a terminal Quintero

(La Tercera) Nuevos consumidores de gas natural como las eléctricas Colbún y AES Gener, podrían sumarse a los actuales usuarios del terminal de GNL Quintero.

Los socios de GNL Chile (firma dueña de los derechos de regasificación del terminal) Endesa, Enap y Metrogas, estarían en conversaciones para lanzar un nuevo open season que permitiría sumar nuevos consumidores al terminal, una vez que esté operativa una segunda expansión del mismo, que llevaría su capacidad de regasificación hasta los 20 millones de metros cúbicos de gas al día.

José Venegas, gerente de gestión de energía y comercialización de Endesa, dice que los socios han conversado el tema, aunque aún no hay un plazo concreto para ello, y no descarta que suceda en los próximos meses. Con esto, Colbún (dueño del complejo Nehuenco), podría tener una opción de contar con GNL para operar sus unidades en el futuro.

“El interés de Colbún está planteado, y legítimamente en este momento los socios de GNL Chile están pensando en lanzar otro open season para la segunda expansión. Y en ese caso, a ver si se puede hacer un proceso como el anterior, en que efectivamente hubo una reserva de capacidad establecida para Colbún”, añade.

En 2012, los socios renunciaron a parte de su derecho de usar gas en la primera expansión -que subirá la capacidad en 50%-, dejando disponible para el mercado 2,7 millones de metros cúbicos de gas. Entonces no hubo ofertas para adquirir esa capacidad y pasó otra vez a los actuales usuarios.

“En este caso sería un mecanismo similar, con las complejidades que es un proyecto más grande, más caro, que tiene que tramitar permisos. Esta primera ampliación costaba US$ 30 millones, la siguiente va a ser más cara y va a requerir garantías. Si se va a hacer una inversión, nos interesa que se use y se pague”, comenta.

El ejecutivo señala que la segunda expansión del terminal de GNL Quintero tendrá un costo entre US$ 200 millones y US$ 250 millones, y llevará la capacidad de regasificación a su diseño original: 20 millones de metros cúbicos al día de GNL.

Este proyecto contempla la construcción de un cuarto estanque de almacenamiento, con una capacidad de unos 160 mil metros cúbicos y otro “tren” de regasificación, infraestructura que se construiría en las actuales instalaciones, lo que demoraría unos 36 meses, una vez obtenidos los permisos. Por su envergadura, la firma tendrá que someter la iniciativa a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

“La expansión es una cuestión natural y lógica, consecuente con que hay un proyecto, que tiene socios y accionistas que están actuando razonablemente. Los socios accionistas de GNLQ y GNL Chile quieren que se consuma más gas y que esto crezca”, acota Venegas.

A tres meses del fin del gobierno sigue la incertidumbre sobre votación de HidroAysén

A tres meses del fin del gobierno sigue la incertidumbre sobre votación de HidroAysén

(Diario Financiero) A noventa días del término del mandato de Sebastián Piñera se mantiene la incertidumbre respecto de si el Comité de Ministros se pronunciará sobre el proyecto hidroeléctrico HidroAysén durante esta administración.

Hace dos años y medio que tanto los impulsores de la iniciativa (Endesa y Colbún) como los grupos opositores esperan que esta instancia revise las reclamaciones surgidas a partir de la aprobación ambiental del complejo.

Varias son las versiones en torno a los motivos de esta dilación, aunque todas coinciden en que lo que hay detrás serían razones políticas más que técnicas.

Es así que al tiempo en que se habla de visiones opuestas al interior del gabinete, específicamente entre los ministerios carteras de Energía y Medio Ambiente, que replicaría la dinámica que ya se dio en el gobierno anterior entre esas dos carteras, también se señala que el propio mandatario habría ordenado paralizar este proceso.

Conocedores del tema dicen que el Presidente Piñera no ha superado la molestia que le provocó la decisión de Colbún, controlada por el grupo Matte, de suspender en mayo de 2012, los estudios de la línea de transmisión del proyecto, a la espera de que se den las condiciones de consenso en torno a la política energética y el desarrollo de la matriz.

Algo de eso evidenció el mandatario la semana pasada, pues en una entrevista televisiva dijo que el tendido es el elemento más delicado del proyecto y por eso “pienso que mientras no se conozca cómo será la línea (de transmisión), no podemos tomar una decisión”.

Fuentes de la industria, en tanto, dijeron que a la luz del poco tiempo disponible y frente al hecho de que el pronunciamiento del comité no es una instancia definitiva, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, estaría haciendo gestiones para que el presidente levante esa supuesta prohibición, con lo cual el comité podría sesionar después de la segunda vuelta y antes del 31 de diciembre, aunque esta opción de fechas habría sido planteada y descartada en varias oportunidades.

La ausencia de un informe final del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha servido para explicar porqué el comité no ha sido convocado. “No me ha llegado el informe así que todavía no hay una decisión que tomar, ni una razón para que el Comité de Ministros se reúna”, dijo hace unos días la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez.

La secretaria de Estado precisó que no hay certeza de que el proyecto sea visto en este gobierno, “es un tema que se está analizando, porque mientras no tengamos el informe del SEA no podemos terminarlo”, explicó.

Sin embargo, unos días antes el director ejecutivo del organismo, Ricardo Irarrázabal, explicó que ese trabajo corresponde a la sistematización de las más de mil observaciones que están contenidas en las 34 reclamaciones que presentaron los opositores al proyecto, las que se suman a las 20 reclamaciones que presentó la empresa para revisar y precisar las condiciones impuestas al proyecto al momento de la aprobación.

Valentina Durán: «La judicialización se solucionará con políticas públicas más claras que rayen la cancha»

Valentina Durán: «La judicialización se solucionará con políticas públicas más claras que rayen la cancha»

(Pulso) Valentina Durán Medina es la coordinadora del programa ambiental de Michelle Bachelet. En el último número de la revista Qué Pasa, la sobrina de la ex primera dama Luisa Durán, esposa de Ricardo Lagos, figura como una de las candidatas a asumir el Ministerio de Medio Ambiente.

El jueves recién pasado, la abogada fue la encargada de dar a conocer el programa ambiental de la candidata de la Nueva Mayoría en una actividad en la Fundación Chile 21.

A su juicio, los programas de Bachelet y Evelyn Matthei contienen «enormes diferencias» en esta materia, debido -dijo- a que el sector que apoya a la abanderada oficialista ve al medio ambiente como un «lomo de toro» y una barrera a la inversión.

En su presentación, Durán le puso la lápida al proyecto HidroAysén, asegurando que es inviable y no contará con el apoyo de un eventual nuevo gobierno de Michelle Bachelet.

Se propone la alternativa de que la línea de transmisión para este proyecto sea completamente submarina.

¿Esto puede cambiar en algo la visión de Bachelet sobre esta obra?

-Este no fue un tema que hayamos visto en la comisión de medio ambiente porque fue una decisión previa (de rechazar la iniciativa), incluso antes que se iniciara la campaña y el trabajo programático. Fue una decisión previa y muy clara de Michelle Bachelet de decir que el proyecto HidroAysén es inviable. El pasado jueves, en su reunión con el candidato del partido Ecologista, Alfredo Sfeir, Michelle Bachelet reiteró su posición.

¿Inviable tal cual como está?, ¿y si hay cambios?

-No podría agregar más apellidos a lo que ella considera respecto a este proyecto en particular. Pero me parece que es evidente que el Sistema de Evaluación Ambiental no tiene las condiciones para resolver proyectos estratégicos como esos. Por lo tanto, creo que en lo que todos coinciden y también desde las empresas (Endesa y Colbún) es que necesitamos reglas claras. Estas reglas claras deben ser tanto para los inversionistas como para la ciudadanía respecto a lo que queremos proteger. Es decir, a mí entender, se requiere un rayado de la cancha previo. Aquí entran a jugar: política energética, ordenamiento territorial y todo lo que hemos señalado. Allí están las respuestas, más allá de hablar de proyecto en proyecto.

Si la ex presidenta rechaza la construcción del proyecto HidroAysén, ¿por qué no hace lo mismo con la iniciativa que desarrolla Energía Austral, Río Cuervo? Ambos inundan prácticamente la misma cantidad de hectáreas.

-Aquí hay definiciones de política. El programa de gobierno no se estructura sobre la base a decir más o menos proyectos. Hay una definición respecto al caso de HidroAysén. Ella ya lo ha señalado y fue clara.

¿Pero no considera que existe una visión diferente respecto a un proyecto de similar impacto?

-No podría referirme a eso, porque no lo sé. No es algo que hayamos decidido y, como comisión, no definimos postura respecto a cada uno de los proyectos. La idea es tener una institucionalidad más ordenada, que cumpla con sus objetivos y políticas más claras. Eso es lo que hemos definido, más allá de pronunciarnos en particular sobre cada uno de los proyectos.

Cuando señala que la judicialización de los proyectos de inversión no se resuelve con limitar el rol de la justicia y tampoco con acelerar los trámites administrativos, sino con una política de Estado. ¿Qué cambios se debe hacer a la institucionalidad?

-A lo que me refiero es que cualquier persona que se sienta afectada por una medida que emana desde la autoridad puede acudir a un juez, y él siempre tendrá la facultad de revisar el acto administrativo. Por lo tanto, no es por la vía de revisar el acceso a la justicia que se solucionará la judicialización, sino que será a través de políticas públicas más claras que rayen la cancha.

¿Dentro del programa de la candidata Bachelet hay una reforma al Servicio de Evaluación Ambiental?

-Claro, se requiere reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pero primero lo que se debe llevar adelante es el ordenamiento territorial para ir acordando las vías en que se llevarán adelante los proyectos de inversión.

Eso estuvo planteado en su anterior mandato.

-No, no recuerdo que lo haya planteado, pero sí sé que el actual presidente lo dijo tras el caso de Barrancones, cuando habló incluso de semaforizar el territorio. El ordenamiento territorial es más profundo que eso. Aquí lo que se busca es saber como sociedad lo que queremos proteger y cuáles son los criterios para tener una convivencia armónica que considere las necesidades económicas, sociales y ambientales con participación de la ciudadanía. Los problemas complejos no tienen soluciones fáciles como establecer un semáforo.

SEMILLAS

¿Una eventual nueva ley de bioseguridad, como la que se ha planteado, podría poner más trabas al cultivo de transgénicos en Chile?

-La ley de bioseguridad tiene que ver con hacerse cargo de los efectos e impactos de la tecnología moderna entendida como el uso de genes de otras especies dentro de otras. ¿Qué se requiere? Se necesitan definiciones; ratificar el Protocolo de Cartagena y tomar decisiones en el fondo como país de qué es lo que queremos y como prevenimos los distintos riesgos y beneficios que pueda tener la biotecnología moderna.

¿Se podría prohibir el cultivo de especies para la exportación de semillas?

-Esto es algo que se tiene que discutir en el Congreso. Eso es lo que plantea el programa: definir una política de bioseguridad y llevarla al Congreso.

¿Cuando se habla que el Estado tendrá mayor potestad sobre los recursos naturales se considera un nuevo royalty a la minería?

-Lo que dice el programa es que se considera la posibilidad de establecer regalías para el Estado por el uso de los recursos naturales no renovables y estratégicos.

¿Un nuevo royalty?

-Cuando dice regalías… está claro, pero no estuve en esa parte del programa, así que no podría detallar esos aspectos.

Representante de Bachelet le baja el dedo a HidroAysén

Representante de Bachelet le baja el dedo a HidroAysén

(Pulso) Ayer se realizó la presentación del Programa Ambiental de la candidatura presidencial de la Nueva Mayoría. En la ocasión expuso la coordinadora del comando presidencial de Michelle Bachelet, Valentina Durán.

Y fue categórica: «El proyecto HidroAysén es inviable y no contará con el apoyo del gobierno de Michelle Bachelet».

La iniciativa -cuya propiedad comparten Endesa y Colbún- considera una inversión en torno a los US$9.000 millones con la línea de transmisión para traer la energía a la zona central del país. No obstante, ha debido enfrentar la oposición de grupos ambientalistas.

«Los programas de Evelyn Matthei y Michelle Bachelet tienen enormes diferencias. Realmente hay una diferencia muy importante de un sector que ve esto como un lomo de toro o una variable de la inversión; este sector tiene una mirada mucho más amplia», dijo Valentina Durán.