diciembre 16, 2013 | Industria
(La Tercera) Que el gas natural licuado (GNL) puede ser una solución de corto plazo para las restricciones de nueva capacidad de energía de base parece ser el consenso entre los expertos, aunque los precios futuros preocupan al sector eléctrico.
Hoy, la capacidad instalada en base a centrales de ciclo combinado -tanto abiertas como cerradas- está claramente subutilizada. Según datos de la Asociación de Generadoras, el 27% de las centrales que operan en el SIC cuenta con contratos de largo plazo que le permiten contar con el hidrocarburo.
En el SIC, la capacidad instalada en centrales que pueden operar con gas -de ciclo abierto y combinado es de 2.757 megawatts. De ellas, sólo 732 MW operan frecuentemente y se abastecen de gas proveniente del terminal de GNL de Quintero.
Las mayores centrales son los complejos San Isidro I y II (732 MW) y Quintero (257 MW), ambas de Endesa. Gracias a que la eléctrica es accionista de GNL Chile, las unidades cuentan con hidrocarburo para operar en la medida que son despachadas por el CDEC-SIC.
Por su parte, Nueva Renca (379 MW, AES Gener), Nehuenco I, II y III (Colbún, 874 MW) y Candelaria (270 MW, Colbún), al no contar con contratos de suministro de GNL deben ser operadas con diésel, encareciendo los costos del sistema.
En el Sing, sólo el 19% de la capacidad instalada con gas opera actualmente.
René Muga, gerente general de la Asociación de generadoras, señala que dada la situación actual -con la oposición a proyectos hidroeléctricos y de carbón-, el gas natural es una alternativa viable, aunque a precios más altos.
Asimismo, dice que tras la ampliación en 50% de la capacidad de regasificación del terminal de Quintero, el sistema podrá sumar unos 1.000 MW adicionales. “Esto representa el crecimiento de la demanda de unos dos años”, dice. Anualmente, el SIC debería sumar entre 600 MW y 700 MW adicionales sólo por este concepto.
“La infraestructura de gas es heredada de la situación de abastecimiento de gas desde Argentina y hoy día enfrenta condiciones comerciales muy diferentes. Las empresas lo compran en condiciones que algunas han considerado convenientes, y otras no, y en esos casos tienen abastecimiento a firme”, acota.
Económicamente viable
Muga añade que las generadoras deben adaptarse a las condiciones de la hidrología (donde el agua marca los precios más baratos), para ver si es económicamente viable contar con contratos de largo plazo. En ese sentido, indica que el carbón es más eficiente.
“Dada la capacidad instalada que existe, hoy no se están pudiendo construir a la velocidad necesaria otro tipo de capacidad de generación, como hidro o carbón, y lo que se ve es que el gas puede ser una solución para viabilizar la generación de la base que se necesita de manera urgente”.
Esta solución es 40% más cara que el carbón, según un estudio.
diciembre 16, 2013 | Medio Ambiente
(Diario Financiero) Varias veces durante la campaña se escuchó decir a Michelle Bachelet que “así como está HidroAysén no es viable”. Sin embargo, asesores de la abanderada de la Nueva Mayoría explicaron que el tenor de este planteamiento aclara que el gobierno de Bachelet no tiene la intención de descartar esta iniciativa a priori.
Antes de decidir respecto del proyecto de Endesa y Colbún en particular, o en general del aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de la zona sur del país, será necesario levantar una serie de datos, unos directamente relacionados con este proyecto hidroeléctrico, y otros de mayor alcance.
En lo que respecta a HidroAysén serían varios los aspectos que podrían ser objeto de negociación. Primero están los factores técnicos. Públicamente, cuando se conocieron los primeros detalles del programa de gobierno de la presidenta electa, circuló una visión crítica respecto del diseño de las centrales y su modelo de operación en lo que relativo a bruscas fluctuaciones de caudales durante un mismo día, lo que tendría impactos ambientales. En este sentido, el ex ministro Eduardo Bitran, que estuvo a cargo de los temas de energía durante la campaña, ha planteado que ello podría mejorar al limitar el margen de operación de las centrales, lo que supondría un costo económico.
Por otra parte, lo que también podría ser objeto de negociación es la forma en que HidroAysén puede compartir sus beneficios económicos. Las fórmulas planteadas en este caso van desde que los organismos antimonopolios exijan o la propia empresa decida comprometer parte de su producción para abastecer a clientes regulados de las distribuidoras (entre ellos los residenciales) a un precio que esté en relación con el costo de desarrollo de largo plazo, que equivale a unidades a carbón más eficientes, o bien que sea más parecido al costo de operar con agua, que es menor.
A lo anterior, se suma la opción de abrir la línea de transmisión del complejo, a fin de poder transportar unos 6.000 MW, lo que permitiría reducir el cargo asociado a este traslado.
En el caso de los factores de mayor alcance, se ha planteado que HidroAysén también tendría que considerar el resultado que tenga la evaluación ambiental estratégica que el próximo gobierno espera iniciar una vez que comience su mandato y que tomaría un año. Este trabajo busca evaluar y clasificar las cuencas desde el Biobío al sur y determinar su potencial hidroeléctrico y de otro tipo, al mismo tiempo determinar el costo (económico y de mayores o menores emisiones de gases) asociado a explotar o no esos recursos. Todo esto será plasmado en un estudio de impacto ambiental estratégico, que será requisito previo antes de cualquier pronunciamiento no sólo en torno a HidroAysén, sino que para todos los proyectos de generación en dicha zona.
diciembre 16, 2013 | Medio Ambiente
(Diario Financiero)
Tras sondear varias opciones los accionistas de HidroAysén, Endesa Chile (51%) y Colbún (49%), están evaluando recurrir a la Contraloría General de la República para conseguir que, tras más de dos años y medio de espera, el Comité de Ministros finalmente se pronuncie sobre las reclamaciones surgidas a raíz de la aprobación ambiental del complejo hidroeléctrico.
Luego del análisis, la figura que se impuso y que aún está en revisión por parte de la sociedad es una denuncia por notable abandono de deberes por parte de los titulares de los seis ministerios que integran esta instancia: Medio Ambiente (que tiene la presidencia); Economía Fomento y Reconstrucción; Salud, Minería, Agricultura y Energía.
El objetivo detrás de esta acusación sería que el organismo que encabeza Ramiro Mendoza precise los términos de la Ley de Bases del Medio Ambiente (19.300) en lo relativo a los plazos que establece para convocar a esta instancia y para que ella actúe.
La legislación establece que el comité debe conocer y resolver los recursos de reclamación presentados en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA); los recursos de reclamación presentados por personas que estimen que sus observaciones a un EIA no fueron consideradas , así como los reparos contra las resoluciones de revisión de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Para ello se establece un plazo de 60 días.
Una vez que la Comisión Regional de Medioambiente (Corema) aprobó el proyecto en mayo de 2011 y entregó la RCA, tanto la empresa como los detractores del proyecto presentaron sus reclamaciones. La firma buscando precisar el alcance y aclarar el sentido de algunas de las condiciones impuestas al proyecto, mientras los opositores cuestionan también la aprobación.
Una de las opciones que los accionistas de HidroAysén descartaron en este proceso fue activar el mecanismo de silencio administrativo, porque no sería aplicable a las decisiones del Comité de Ministros, las que no estarían asociadas a un instrumento administrativo puntual, como podría ser la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en el caso del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).Conocedores del tema explicaron que la decisión final de concretar una presentación a la Contraloría podría verse en la próxima reunión de directorio de HidroAysén que estaría agendada para la primera quincena de enero.
diciembre 13, 2013 | Comunidad, Medio Ambiente
(Diario Financiero) Tras sondear varias opciones los accionistas de HidroAysén, Endesa Chile (51%) y Colbún (49%), están evaluando recurrir a la Contraloría General de la República para conseguir que, tras más de dos años y medio de espera, el Comité de Ministros finalmente se pronuncie sobre las reclamaciones surgidas a raíz de la aprobación ambiental del complejo hidroeléctrico.
Luego del análisis, la figura que se impuso y que aún está en revisión por parte de la sociedad es una denuncia por notable abandono de deberes por parte de los titulares de los seis ministerios que integran esta instancia: Medio Ambiente (que tiene la presidencia); Economía Fomento y Reconstrucción; Salud, Minería, Agricultura y Energía.
El objetivo detrás de esta acusación sería que el organismo que encabeza Ramiro Mendoza precise los términos de la Ley de Bases del Medio Ambiente (19.300) en lo relativo a los plazos que establece para convocar a esta instancia y para que ella actúe.
La legislación establece que el comité debe conocer y resolver los recursos de reclamación presentados en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA); los recursos de reclamación presentados por personas que estimen que sus observaciones a un EIA no fueron consideradas , así como los reparos contra las resoluciones de revisión de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Para ello se establece un plazo de 60 días.
Una vez que la Comisión Regional de Medioambiente (Corema) aprobó el proyecto en mayo de 2011 y entregó la RCA, tanto la empresa como los detractores del proyecto presentaron sus reclamaciones. La firma buscando precisar el alcance y aclarar el sentido de algunas de las condiciones impuestas al proyecto, mientras los opositores cuestionan también la aprobación.
Una de las opciones que los accionistas de HidroAysén descartaron en este proceso fue activar el mecanismo de silencio administrativo, porque no sería aplicable a las decisiones del Comité de Ministros, las que no estarían asociadas a un instrumento administrativo puntual, como podría ser la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en el caso del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).Conocedores del tema explicaron que la decisión final de concretar una presentación a la Contraloría podría verse en la próxima reunión de directorio de HidroAysén que estaría agendada para la primera quincena de enero.
Preocupación ministerial
Fuentes del mercado comentaron que este lapso buscaría dar “un poco de aire” al tema, considerando que en las ocasiones en que la reunión del Comité se ha programado (y luego suspendido) ha sido para el período entre la segunda vuelta presidencial y el final del año.
Las gestiones que estaría haciendo el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, buscarían tratar de convencer al presidente Sebastián Piñera para que autorice la reunión. El primer mandatario tendría congelado el tema debido a la molestia que le habría causado la decisión de Colbún, que en mayo de 2012 recomendó a la sociedad la suspensión de los estudios de la línea de transmisión del proyecto, a la espera de que se den las condiciones de consenso en torno a la política energética y el desarrollo de la matriz.
Hasta ahora el argumento para explicar porqué la instancia no ha sido convocada es la necesidad de contar con un informe del SEA que sistematice las observaciones como reclamaciones. Sin embargo, existe algún grado de consenso entre los secretarios de Estado en torno a que esta razón es insostenible, pues se trata de 54 reclamaciones, lo que no justificaría tanta dilación, lo que daría sustento a un eventual pronunciamiento favorable a la denuncia por parte de la Contraloría.
diciembre 11, 2013 | Industria
(La Tercera) Nuevos consumidores de gas natural como las eléctricas Colbún y AES Gener, podrían sumarse a los actuales usuarios del terminal de GNL Quintero.
Los socios de GNL Chile (firma dueña de los derechos de regasificación del terminal) Endesa, Enap y Metrogas, estarían en conversaciones para lanzar un nuevo open season que permitiría sumar nuevos consumidores al terminal, una vez que esté operativa una segunda expansión del mismo, que llevaría su capacidad de regasificación hasta los 20 millones de metros cúbicos de gas al día.
José Venegas, gerente de gestión de energía y comercialización de Endesa, dice que los socios han conversado el tema, aunque aún no hay un plazo concreto para ello, y no descarta que suceda en los próximos meses. Con esto, Colbún (dueño del complejo Nehuenco), podría tener una opción de contar con GNL para operar sus unidades en el futuro.
“El interés de Colbún está planteado, y legítimamente en este momento los socios de GNL Chile están pensando en lanzar otro open season para la segunda expansión. Y en ese caso, a ver si se puede hacer un proceso como el anterior, en que efectivamente hubo una reserva de capacidad establecida para Colbún”, añade.
En 2012, los socios renunciaron a parte de su derecho de usar gas en la primera expansión -que subirá la capacidad en 50%-, dejando disponible para el mercado 2,7 millones de metros cúbicos de gas. Entonces no hubo ofertas para adquirir esa capacidad y pasó otra vez a los actuales usuarios.
“En este caso sería un mecanismo similar, con las complejidades que es un proyecto más grande, más caro, que tiene que tramitar permisos. Esta primera ampliación costaba US$ 30 millones, la siguiente va a ser más cara y va a requerir garantías. Si se va a hacer una inversión, nos interesa que se use y se pague”, comenta.
El ejecutivo señala que la segunda expansión del terminal de GNL Quintero tendrá un costo entre US$ 200 millones y US$ 250 millones, y llevará la capacidad de regasificación a su diseño original: 20 millones de metros cúbicos al día de GNL.
Este proyecto contempla la construcción de un cuarto estanque de almacenamiento, con una capacidad de unos 160 mil metros cúbicos y otro “tren” de regasificación, infraestructura que se construiría en las actuales instalaciones, lo que demoraría unos 36 meses, una vez obtenidos los permisos. Por su envergadura, la firma tendrá que someter la iniciativa a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
“La expansión es una cuestión natural y lógica, consecuente con que hay un proyecto, que tiene socios y accionistas que están actuando razonablemente. Los socios accionistas de GNLQ y GNL Chile quieren que se consuma más gas y que esto crezca”, acota Venegas.
