noviembre 23, 2015 | Agua
(El Mercurio) Movidas están las aguas a nivel de discusión hídrica en el país. A fines del año pasado, se reactivó en la Cámara de Diputados la discusión sobre el proyecto que fortalece el carácter de bien público de las aguas, la tutela del Estado y los principios de sustentabilidad de los acuíferos. Esta iniciativa -más conocida como la reforma al Código de Aguas- a inicios de este mes pasó a la Comisión de Agricultura, luego de que el Gobierno le aplicara urgencia legislativa para agilizar su trámite.
Este cambio legal tal como se debate hoy en el Congreso ya ha encendido las alarmas en algunos sectores empresariales, como por ejemplo en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Sin embargo, la hoja de ruta definida por el Ejecutivo incorpora nuevas temáticas hídricas, desde indicaciones a la reforma al Código de Aguas hasta nuevos proyectos.
Actualmente, en el Congreso además de esta reforma se están discutiendo dos proyectos que guardan relación con el marco regulatorio del agua en Chile: el de protección de glaciares y el que fortalece las atribuciones de la Dirección General de Aguas (DGA) para recoger información, fiscalizar y sancionar. Y durante el próximo año ingresarán tres más: el que crea una Subsecretaría del Agua; el que busca una gestión integrada de los recursos por cuencas y el que modifica las organizaciones de usuarios, según el cronograma definido por el Ejecutivo.
DGA buscaría participar en las juntas de vigilancia
Que el Estado cumpla un mayor rol en la administración y la distribución de las aguas es uno de los objetivos que busca el Gobierno, a través de indicaciones adicionales a la reforma del Código de Aguas.
«El Estado debiese, por ejemplo, estar presente en las juntas de vigilancia», indica Reinaldo Ruiz, delegado presidencial para los recursos hídricos.
La forma como este cambio se incorpore no está 100% resuelto. De hecho, el tema está siendo analizado por el comité de Ministros del Agua -instancia en la cual participa Ruiz, pero donde también están presentes los ministros de Obras Públicas (MOP), Agricultura, Minería, Energía y Medio Ambiente-, pero una de las opciones que avanza con fuerza es la idea que la DGA tenga presencia en determinadas organizaciones de usuarios.
Una de estas son las juntas de vigilancia, que corresponden a organizaciones conformadas por los titulares de derechos de aguas. Su función pública es la administración de las aguas en una misma cuenca hidrográfica, y la DGA solo en situaciones muy específicas -como por ejemplo, un cuadro de sequía- puede intervenir, en caso que no haya acuerdo entre los particulares respecto de la repartición de las aguas. Esta es una de las situaciones que, de acuerdo a un diagnóstico mayoritario en el Gobierno, debiese revertirse para que el Estado pueda intervenir con o sin acuerdo de los particulares.
Diferencias impiden la coordinación entre los titulares de derechos de agua
Otro tema que se debe subsanar, señala una fuente cercana al MOP, a través de un mayor rol del Estado es la participación de los titulares de derechos no consuntivos en las juntas de vigilancia. Quienes poseen este tipo de derechos son los particulares que usan el agua como insumo intermedio, y luego la devuelven a los caudales, como es el caso de las empresas hidroeléctricas. El problema que se genera es que algunos de estos titulares se han negado a formar parte de las juntas de vigilancia y a sentarse en una misma mesa con los titulares de derechos consuntivos, que son quienes consumen totalmente las aguas en cualquier actividad, como por ejemplo los agricultores.
¿Y cómo se soluciona esto? A nivel privado hay dos posturas: Quienes señalan que los titulares de derechos consuntivos no deben sumarse a las juntas, porque ellos devuelven el agua que extraen. Y los que que argumentan que sí deben hacerlo, ya que muchas veces la continuidad en el caudal de un río se ve alterada. Un ejemplo: en teoría, las hidroeléctricas de pasada sacan agua del río, la ingresan a un tubo, luego a una turbina y la devuelven al río. Pero esta secuencia estilo bypass no siempre opera, advierten algunos privados. ¿Por qué? En determinadas situaciones, estas hidroeléctricas de pasada crean estanques de acumulación, y para que estos funcionen las empresas cortan el río, acumulan el agua y luego la devuelven al caudal. Esto muchas veces genera verdaderos golpes de agua, y tanto las sanitarias como los agricultores necesitan un caudal estable para poder capturar el agua.
A juicio de la mayoría de los privados, esto se resolvería estableciendo la obligatoriedad de los titulares de derechos de agua no consultivos de participar en las juntas de vigilancia, o a través de más fiscalización. Sin embargo, para varias personas en el Gobierno esto se resolvería si la DGA participa en las juntas cumpliendo un rol coordinador.
Dadas estas diferencias, se prevé que este tema encienda aún más el debate en torno a la reforma al Código de Aguas, pues para varios privados esta medida significaría una «intervención» del Estado en organizaciones privadas que administran derechos de particulares.
Subsecretaría del Agua tendría supremacía respecto de los otros organismos
Además de las indicaciones a la reforma al Código de Aguas, el Gobierno está preparando nuevos proyectos. El objetivo es abordar dos problemáticas centrales en materia hídrica y donde el Banco Mundial advirtió serias deficiencias: institucionalidad e información.
En un informe de 2013, el Banco Mundial sostuvo que dentro de los principales déficits institucionales para una gestión adecuada del agua, figuraba la falta de coordinación y consolidación de la información, y la ausencia de una autoridad política superior que coordinara las funciones e instituciones que guardan relación con el agua.
Este segundo punto es el que el Ejecutivo busca resolver a través de una subsecretaría del Agua, la que dependería del MOP y tendría supremacía respecto de los otros organismos a cargo de temáticas relacionadas con el agua.
Humberto Peña, quien fue por 12 años titular de la DGA y quien ha participado en algunos estudios hídricos para Chile del Banco Mundial, explica que es el MOP la repartición que tiene la experiencia y el conocimiento del agua en el país. Por eso, la propuesta realizada por el Banco Mundial apuntó a radicar en dicha cartera la nueva subsecretaría y que el MOP pasara a ser el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos.
La idea de avanzar en una subsecretaría tiene apoyo transversal. El presidente de la SNA, Patricio Crespo, sostiene que es «crucial» que exista una entidad que coordine a todos los organismos vinculados al agua y que esta tenga supremacía.
«Existen muchos organismos a cargo del agua, pero muchos se anulan entre sí y eso genera inmovilismo», señala Crespo.
«Es necesario coordinar a las entidades a cargo del agua y evitar duplicidad de funciones», agrega el presidente de la Confederación de Canalistas, Fernando Peralta.
La burocracia del agua: 102 funciones y 43 actores están involucrados en la gestión
Respecto de la información hídrica que existe en país, las principales deficiencias que enfrenta el país es la inexistencia de algunas mediciones y de una base donde se unifiquen los datos.
De hecho, el Banco Mundial en su informe de 2013 identificó 102 funciones y 43 actores (ver infografía) involucrados en la gestión de los recursos hídricos.
«Hay muy poca claridad sobre quién usa el agua y cómo se usa», advierte Reinaldo Ruiz.
«Vemos necesario desarrollar sistemas de información integrados por cuenca, que incorporen variables hidrológicas y ambientales que sean confiables, consistentes y transparentes (…) Un punto que debería reforzarse especialmente es el de las aguas subterráneas», dice Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero.
La DGA mide los niveles de agua en los pozos y su calidad química, explica Javier Narbona, jefe de la unidad hídrica de la DGA. Sin embargo, el organismo no cuenta con datos como, por ejemplo, las extracciones que realizan los regantes.
Carlos Estévez, director de la DGA, señala que el proyecto que fortalece las atribuciones de la DGA establece medidas para precisamente exigir la entrega de información al respecto.
Humberto Peña menciona otra deficiencia: el Catastro Público de Aguas (CPA) que maneja la DGA no cuenta con información sobre las transacciones de derechos de agua.
Según Estévez este tema también se resolvería con el proyecto en trámite que da más atribuciones a la DGA, pues este establece la obligación de que los conservadores de bienes raíces informen en un plazo de 30 días este tipo de operaciones e incluso fija un procedimiento para que todos entreguen los datos bajo el mismo formato.
¿Quién centraliza toda la información hídrica que existe hoy en el país? Ningún organismo. Por eso, en la mesa de trabajo que integran la DGA y la Confederación de Canalistas de Chile, una de las alternativas que avanza con fuerza es la de crear una base de datos unificada para recoger toda la información que generan las entidades públicas y privadas, dicen fuentes de Gobierno.
Fernando Peralta explica que la idea es que sigan existiendo distintos organismos que produzcan la información, pero la propuesta de los canalistas es que el análisis y la difusión de los datos solo sea responsabilidad de la DGA.
noviembre 23, 2015 | Industria
(El Mercurio) La IV Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó en acuerdo el fallo por la reclamación de ilegalidad que presentó AFP Habitat contra la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por haber declarado que la reestructuración de Enersis debe cumplir con las disposiciones de fusión y no de una operación entre relacionadas (OPR). Los ministros Jaime Balmaceda, Tomás Gray (S) y Hernán López (S) darán a conocer el fallo antes de las juntas extraordinarias de accionistas de Enersis, Endesa y Chilectra del 18 de diciembre.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Alfredo Larreta -que representa al regulador-, aseguró en los alegatos en el tribunal de alzada que la actuación de la SVS no causa perjuicio a Habitat.
«En el caso de una fusión le corresponde directamente decidir a la junta de accionista, por mandato legal, y el directorio solo puede pronunciarse sobre la misma (opinar) en el contexto de la convocatoria a dicha junta. En consecuencia, no corresponde aplicar la normativa de operaciones con partes relacionadas a una operación de fusión, dado que no sería compatible con las funciones que la ley establece a los órganos de administración y deliberación de una sociedad anónima», dijo.
En tanto, el abogado de Habitat, Fernando Samaniego, señaló que la administradora de fondo interpuso el reclamo en razón del «interés de todos sus afiliados, a fin de que se cumpla con todos los resguardos que establece la ley para proteger a los accionistas minoritarios».
Por su parte, el abogado de Capital, Germán Concha, planteó que si se asume el argumento de la SVS, que tiene facultades de interpretar virtualmente sin límites, entonces el recurso de reclamación deja de tener sentido, considerando que este es un recurso de ilegalidad, precisamente para chequear si los actos del regulador se ajustan o no a la ley.
noviembre 23, 2015 | Industria
(El Mercurio) Al tercer trimestre, Empresas Copec, firma ligada al empresario Roberto Angelini, obtuvo utilidades por US$ 497 millones, suma que representó una contracción de 32% respecto del mismo período en 2014.
A septiembre del año pasado, el grupo obtuvo US$ 731 millones en ganancias. De acuerdo con la empresa, esta caída se explicó por «un menor resultado no operacional por US$ 303 millones. El resultado operacional, en tanto, disminuyó en US$ 12 millones».
El sector forestal (Arauco) del conglomerado experimentó una caída, mientras que las áreas de combustibles (Copec) y de gas (Abastible) mostraron un desempeño positivo en cuanto a utilidades.
noviembre 23, 2015 | Industria
(La Tercera) La semana pasada regresó de París el ministro de Energía, Máximo Pacheco, y ya alista sus maletas y documentos para el próximo fin de semana regresar a la ciudad luz, para participar en la Cumbre del Clima (COP21), validando su apelativo de “Máximo Voltaje”.
“Me sorprendió ver un país shockeado, angustiado, asustado, pero que con fuerza y coraje ha continuado con la vida, ha vuelto a trabajar, a ocupar los espacios públicos”, relata mientras da cuenta que a la reunión de directorio de la Agencia Internacional de Energía (AIE) desarrollada en la capital de Francia, acudieron 29 ministros y empresarios del sector, a pesar del pánico generado por los atentados terroristas.
En la oportunidad, abordaron varios desafíos de cara al 2040 y el petróleo fue uno de ellos. Si bien advierte que nadie tiene una bola de cristal, precisa, “el ambiente estaba dominado por la idea de que vamos a continuar con precios del petróleo bajos, en torno a los US$ 50 por barril por lo que queda de esta década”. Ello se explicaría porque China y el mundo están creciendo menos y porque hay otras fuentes más livianas. Con todo, hacia 2040 Estados Unidos y Japón bajarían su demanda y los precios regresarían a los US$ 85. Es la apuesta.
A juicio de Pacheco, China está haciendo un esfuerzo por lograr una transición energética hacia un modelo menos intensivo en el uso de energía que tendrá implicancias globales. Si bien al 2040 seguirá siendo el mayor productor y consumidor de carbón y petróleo, instalará la mayor capacidad de generación renovable que cualquier otro país. “Por eso podemos ser optimistas con la reunión del COP21”, acota.
El gigante asiático al 2030 superará a EE.UU. como el mayor consumidor de crudo y al 2040 su demanda energética casi doblará a la de ese país.
India no se quedará atrás, pues contribuirá con un cuarto de todo el crecimiento de la demanda global en las próximas décadas y, por lo mismo, busca tener el 40% del mercado energético de combustibles no fósiles al 2030. “Es el segundo mayor productor de carbón en el mundo y al 2020 será el mayor importador de carbón superando a Japón y EE.UU.”, dice Pacheco.
La demanda de carbón que en la última década pasó de un incremento de 45% bajará a un ritmo de 10% hacia 2040. “Hay una señal fuerte de descarbonización, pero también de desarrollar cualquier nuevo proyecto de carbón con otra tecnología más limpia y de menor impacto”, agrega el ministro, junto con detallar que se prevé que el consumo en la Unión Europa va a caer un tercio respecto de los niveles actuales.
En un contexto de descarbonización mundial, para cumplir con la meta de no permitir un aumento de la temperatura del planeta más allá de dos grados celcius, el gas natural aparece como una buena alternativa, y para potenciarlo se requiere dar seguridad en materia de logística, transporte, líneas de transmisión y gasoductos.
Las energías renovables son otra gran opción. Pacheco detalla las metas: para Europa, contar con un 50% de su matriz con energías renovables al 2040; en China y Japón, un 30%, y más de un 25% en EE.UU. hacia ese mismo año.
El secretario de Estado recuerda que las metas de Chile son aún más ambiciosas, con el 60% de la matriz con energías renovables al 2035 y subiendo a 70% en 2050. “Por esto somos percibidos como un país que está haciendo un esfuerzo exitoso en esta transición de matriz energética, de seguridad, muy avanzados en electrificación y estamos con un conjunto de programas para hacer un mejor uso de la energía”, añade, junto con destacar el deseo del país de convertirse en miembro de la AIE.
“Chile lleva un compromiso y propuesta que espero sea bien recibida”, señala Pacheco de cara a la reunión de la Cumbre del Clima, que se realizará los primeros días de diciembre en París.
“Tenemos el compromiso de aquí al 2030 de reducir en 30% las emisiones de CO2. Es un compromiso importante para energía, ya que el 75% de la emisión de éste proviene de nuestro sector y, por lo mismo, vamos en buen rumbo para cumplirlo”, asegura.
De ahí que la apuesta de Chile es suplir gran parte de la matriz energética fósil con generación hidroeléctrica, eólica y solar. “Estamos confiados en que si bien se trata de un compromiso exigente -mayor que el de otros países- estamos en plenas condiciones de cumplirlo”, asevera.
Aunque en el sector privado hay cierta reticencia con la exigencia, Pacheco asegura que a estas alturas hay plena conciencia de que hay que hacer las inversiones necesarias para bajar el CO2. “Necesitamos usar nuestros recursos hídricos, el sol, el viento y comenzamos con los proyectos geotérmicos. Vamos en una buena senda más limpia, segura y sustentable y los estamos haciendo con legitimidad social (consulta ciudadana)”.
Pacheco destaca que en 18 meses se han duplicado las centrales en construcción. “Somos el sector número uno en inversiones, estamos haciendo un compromiso importante en el cambio climático y eso nos va a posicionar como país líder en América Latina en la transición energética; tenemos la posibilidad cierta de ser líderes en eficiencia”, sentencia.
noviembre 23, 2015 | Agua
(El Mercurio) A nivel institucional, otro tema que de acuerdo con el diagnóstico de distintos actores se debe abordar es la capacidad de la DGA para hacer frente a las demandas que tiene.
Según el líder de la SNA, Patricio Crespo, con el presupuesto que dispone la DGA puede cumplir solo con el 30% de sus responsabilidades.
Según el informe de 2013 del Banco Mundial, a la DGA le faltan 105 profesionales para poder cumplir sus funciones.
Humberto Peña, ex director de la DGA, explica que el Banco Mundial fue explícito en señalar que a la DGA se le debe fortalecer en número de funcionarios, y con una política funcionaria, para que los profesionales que trabajan ahí vean posibilidades laborales a futuro y no sean reclutados por el sector privado una vez que ya tienen la expertise .
El titular de la DGA, Carlos Estévez, señala que en los últimos años se ha tomado una serie de medidas para revertir el déficit en dotación. En el Presupuesto 2015 se sumaron 42 profesionales, y en el erario 2016, que se está discutiendo hoy en el Congreso, viene considerado un nuevo aumento de personal, a través de reasignaciones, para llegar a 567 funcionarios.
Estévez detalla algunos resultados de las medidas tomadas para elevar la dotación. En 2015 se contrataron 15 fiscalizadores nuevos, y esto permitió aumentar en 200% las fiscalizaciones selectivas, aquellas en que la DGA va a un punto de forma sorpresiva para ver si está todo en orden. Algunas veces, el organismo encuentra todo en regla, pero en otras constata infracciones como, por ejemplo, un predio muy verde que en los registros no tiene derechos de agua.
Para el 2016 se están programando más de 650 fiscalizaciones selectivas.
Respecto de la carrera funcionaria, la autoridad reconoce que esta política no existe aún en el organismo, pero explica que en los procesos de negociación colectiva se ha abordado una serie de temas que apuntan a mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la DGA.
