junio 30, 2022 | Gobierno, Industria
Con el fin de reducir el valor del gas al menor costo posible, el Gobierno, a través del Ministerio de Energía, está trabajando en distintas iniciativas para bajar los precios de este combustible esencial para las familias chilenas; una de ellas es el proyecto de Ley Corta de Gas Natural.
El proyecto de ley busca ajustar la normativa para lograr la verificación de rentabilidad de las empresas concesionarias de distribución de gas natural o gas de red, de manera que las normas aplicables al aprovisionamiento reflejen su costo real.
Se toma la precaución en caso de que existan modificaciones o término anticipado de contrato para que la Comisión Nacional de Energía (CNE) pueda continuar calculando el chequeo de rentabilidad utilizando el contrato original, a menos que las modificaciones o el nuevo contrato sean económicamente más eficientes.
El ministro de Energía, Claudio Huepe, quien presentó el proyecto de ley en el Congreso, destacó que “este proyecto acoge los planteamientos de las mociones parlamentarias sobre el tema del gas que actualmente están en la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, derogando el artículo que permitió que se produjeran algunas irregularidades en el mercado del gas, al incorporar el cálculo de rentabilidad del grupo económicamente integrado cuando la compraventa de gas se realice entre empresas relacionadas”.
Para los bienes de una concesión de distribución que hayan entrado a operar más de 20 años antes del año en que se efectúa el respectivo chequeo de rentabilidad, la tasa de descuento será la tasa de rentabilidad menos 3 puntos (de 9% a 6%). En la práctica esto equivale a decir que dichos activos rentan sólo de acuerdo a la tasa de costo de capital.
Esta modificación permitirá que aquellas empresas que están cercanas a los límites de rentabilidad actuales y que ya recuperaron su inversión ajusten su política comercial y, muy probablemente, reduzcan las tarifas en el corto plazo.
Además, establece la protección de aquellos contratos de suministro vigentes que son económicamente eficientes para evitar modificaciones o términos anticipados de estos.
junio 7, 2022 | Industria
Tras el mensaje presidencial donde se anunció la presentación de un proyecto de ley que apunte a sancionar a las empresas de distribución de gas natural que hayan cometido irregularidades en el cobro de sus tarifas, se reflotó un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) donde se analizó este mercado, y que fue materia de discusión en las distintas comisiones del Senado.
Las conclusiones del documento emitido en octubre y diciembre de 2021 por el citado ente, indican que los clientes han pagado sobreprecio por el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Natural (GN) que consumen.
En el primer caso, se determinó que las empresas han cobrado un 15% por sobre el valor de cada balón de gas licuado debido a que éstas no traspasan completamente sus reducciones de costos, a los consumidores. “Ello se da por los contratos que tienen las mayoristas con los distribuidores minoristas, quienes les impone cláusulas de exclusividad u otras equivalentes de una rigidez considerable”, cita el texto.
Respecto al GN, la FNE detectó que el sobreprecio fluctúa entre 12,7% y 20,2% para los clientes residenciales de Metrogas. En este caso, la compañía está acogida a una norma legal que le permite sobrepasar, a través de una empresa relacionada llamada AGESA, el límite máximo de rentabilidad a que está sujeta como empresa distribuidora de gas natural.
Buscando solución a ambos casos, legisladores oficialistas han presentado dos mociones que deberán ser analizadas por los integrantes de la Comisión de Economía del Senado.
Cálculo de la rentabilidad
Los senadores Esteban Velásquez, Loreto Carvajal y Alejandra Sepúlveda presentaron una moción que perfecciona el cálculo de la rentabilidad de empresas del mercado del gas (Boletín N° 15036-03).
Esta propuesta apunta a solucionar el sobreprecio del GN. Para ello el texto pretende “establecer un marco regulatorio del gas en que se tome en consideración la relación que exista entre empresas relacionadas y así evitar una distorsión en el cálculo real de la rentabilidad de los conglomerados del mercado del gas”.
En concreto se propone que “en el caso de que existan contratos vigentes entre empresas relacionadas a enero de 2017, el chequeo de rentabilidad que se realice a la concesionaria deberá incorporar los costos e ingresos asociados al aprovisionamiento de gas que realice su proveedor relacionado y el costo del gas deberá calcularse en el o los puntos de recepción del proveedor relacionado, de modo que la rentabilidad resultante de la concesionaria corresponda a la del grupo económico verticalmente integrado”.
Mejorar la competencia
En tanto, los senadores Loreto Carvajal, Yasna Provoste, Juan Luis Castro, Daniel Nuñez y Gastón Saavedra presentaron una moción para mejorar la competencia de distribución minorista del gas licuado y regular el límite de la rentabilidad del gas natural (Boletín N° 15035-03).
Respecto al GN, la iniciativa propone exactamente lo mismo que el texto anterior, estableciéndose que debe “derogarse el artículo 33 quinquies de Ley de Servicios de Gas y el artículo 12 transitorio de la Ley N°20.999, junto con agregar una nueva norma que establezca que el cálculo de rentabilidad de la Ley de Servicios del Gas considere la rentabilidad de todo el grupo económico verticalmente integrado”.
En cuanto al GLP, el texto plantea “prohibir por cualquier vía, la participación de los distribuidores mayoristas en el mercado de distribución minorista”.
De esta forma, los congresistas concluyen que “las ventajas de este modelo radicarían en que los distribuidores minoristas podrían optar por diversos proveedores de cilindro, dependiendo de los requerimientos de los consumidores (precio, marca, rapidez de entrega, entre otros)”.
julio 2, 2021 | Industria
«Norma Técnica GNL: Una conversación sin trincheras» fue el seminario organizado por Valgesta Nueva Energía, y que tuvo como propósito analizar desde distintas perspectivas la propuesta de la Norma Técnica GNL Regasificado de la CNE, que actualmente se encuentra en consulta pública, donde participaron variados actores de la industria eléctrica, para analizar en detalle los estudios y proyecciones con relación a la implementación de la norma GNL.
Ramón Galaz, director ejecutivo de Valgesta, presentó el estudio desarrollado por la consultora sobre los impactos de la actual normativa sobre la operación del sistema y la proyección de los resultados que tendría la propuesta publicada por la CNE.
«Los datos históricos no permiten concluir que el GNL inflexible haya tenido impactos significativos a nivel sistémico sobre los costos marginales como tampoco sobre el vertimiento de ERV, fenómenos que estarían más asociados a las congestiones del sistema de transmisión», indicó el especialista.
Sobre la operación futura del sistema, Galaz señaló que los resultados «muestran que tampoco existe un impacto del GNLI sobre los costos marginales ni vertimientos ERV. El estudio es concluyente que el mayor impacto en este sentido está dado por las restricciones de transmisión».
También se mencionó que la eventual disminución en la disponibilidad de GNL impacta de manera significativa en los costos marginales y operacionales del sistema en el largo plazo. Según Galaz, aun cuando se concluya que es necesario cambiar la Norma Técnica, «se debe hacer tras una adecuada evaluación de los impactos esperados, lo que su juicio hasta ahora no ha ocurrido. La visión de Valgesta está por el bien común, el bien social. El foco está en el cliente final. Hagamos las correcciones que sean necesarias en los sentidos que sean necesarios (…)el bien común está por sobre el bien particular».
Por su parte, Rodrigo Moreno, académico de la Universidad de Chile, presentó un estudio en el que se analiza que «una mayor declaración de gas inflexible contribuye a reducir los precios de mercado, sin embargo, también aumenta la probabilidad de vertimiento».
De la misma manera, el académico señaló que «las alternativas propuestas no presentan mejoras fundamentales en términos de bienestar social, aunque sí hay una mejora marginal en la dirección correcta con la propuesta del cálculo de oportunidad que mejora la gestión de los recursos en el corto plazo, incluyendo minimización de recortes ERNC».
Panelistas
Luego correspondió a un panel comentar ambas presentaciones. Ana Lía Rojas, economista y socia fundadora de EnerConnex, puso énfasis en lo que a su juicio era lo más relevante de esta discusión, y que sentía había faltado en ambas presentaciones: la transición energética, afirmando que desde ese punto de vista más que modificar la actual Norma Técnica, lo que se necesitaba era su eliminación, ya que con ello se introducirían las señales regulatorias necesarias para incentivar la inversión en energías renovables necesarias para impulsar la transición.
Sebastián Novoa, presidente de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN), afirmó que una de las principales preocupaciones es que «el cliente no se vea involucrado en esta discusión. No nos olvidemos que el cliente es quien puede salir perjudicado», agregando que la norma propuesta no beneficiaba a los consumidores.
A juicio de Javier Bustos, director ejecutivo de Asociación de Consumidores Eléctricos No Regulados (Acenor), «no se han visto los impactos con la suficiente profundidad, falta una conversación de fondo que evalúe los impactos sistémicos. Para la transición energética vamos a necesitar el gas natural licuado al mejor precio posible. Ese es el gran titular».
Y añadió: «Esta norma nos tiene que asegurar que no nos va a faltar el gas natural para la transición energética».
Danilo Zurita, director ejecutivo de GPM A.G., coincidió en que había un problema de estructura que va más allá de si los costos marginales suben o bajan, preguntándose quién será responsable de asegurar los riesgos que se produzcan cuando exista exceso de gas natural inflexible.
En cuanto a los puntos de acuerdo de los panelistas, se destacó la falta de análisis presentados por la Comisión Nacional de Energía en la presentación de su propuesta, por lo que se requeriría una discusión más profunda de la materia, que permita determinar con mayor claridad los beneficios sociales de la medida que se propone implementar, versus los costos privados que existen en la actualidad y se proyectan a futuro.
Perspectivas jurídica
En el segundo bloque del seminario se discutió esta temática desde una perspectiva jurídica, con la participación de las abogadas Nicole Nehme, socia de Ferrada Nehme; Carolina Werner de Abogada Senior de Quintanilla abogados y Javiera Méndez, abogada experta regulación energética de Larraín y Asociados, quienes explicaron algunos aspectos relacionados con la implementación de esta modificación desde una perspectiva legal y de la libre competencia.
Nicole Nehme expuso sobre los fundamentos jurídicos para regular el despacho de centrales en base a GNL, tanto desde la perspectiva de la regulación de libre competencia, como de la regulación eléctrica, en base a una norma técnica dictada por la CNE. Destacó la importancia de identificar el mercado relevante del GNL y las restricciones de infraestructura que tiene este mercado, planteando que podría existir un camino intermedio de la actual regulación, considerando un costo variable superior a cero de acuerdo con los costos de oportunidad del combustible en distintos escenarios.
Por su parte, Carolina Werner centró su exposición planteando que la materia no debiese ser regulada mediante una norma técnica de la CNE, ya que a su juicio es un tema que debe tratar la ley general de servicios eléctricos. Añadió que la determinación de un costo variable como el que realiza la norma de inflexibilidad, no se conformaría con las disposiciones de la ley en cuanto el sistema eléctrico chileno es de costos marginales declarados y auditados.
A su vez, Javiera Méndez realizó un análisis sobre la juridicidad del instrumento mediante el cual se debe regular la materia, señalando que, por mandato expreso de la ley eléctrica y su reglamentación, la CNE tiene la potestad de dictar normas de carácter económico, como la norma que se discute. Añadió que no sería una buena práctica regulatoria modificar una norma que recién en el año 2019 comenzó su aplicación, junto con señalar que la regulación que se proponga debiese conciliar adecuadamente las energías renovables variables y la necesidad de contar con Gas Natural, ya que son totalmente complementarios.
Finalmente, las panelistas advirtieron que el Coordinador Eléctrico Nacional no estaría cumpliendo a cabalidad su rol de verificación de las condiciones de competencia del mercado, ni de chequeo de las condiciones contractuales del mercado de gas natural, por lo que más que nuevas facultades o cambios normativos, se requeriría que esta entidad cumpliera a cabalidad sus funciones.
noviembre 27, 2020 | Industria
María Isabel González, gerenta general de Energética, destacó el anuncio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre la realización de un estudio sobre el mercado del gas y la evolución competitiva en el país, considerando el actual proceso de descarbonización de la matriz energética, por lo que este combustible adquirirá una mayor relevancia a nivel local.
A juicio de la consultora, la situación actual en este sector está marcada por la concentración del mercado y por distorsiones, por lo que señala a ELECTRICIDAD la necesidad de avanzar a una mayor regulación para enfrentar las barreras que advierte en este ámbito y que afectan a otros actores del mercado nacional.
Análisis
¿Qué le parece el estudio que quiere realizar la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado del gas?
Me parece muy bien, es un tema que está pendiente hace años. Me acuerdo que en 2014 se presentó un estudio del Banco Mundial que indicaba las distorsiones que había en este mercado y que requería más regulación, pero el cambio se ha ido postergando y lamentablemente no se ha concretado.
¿Qué podría dilucidar este estudio de la FNE?
El mercado del gas natural en Chile no partió regulado fundamentalmente, porque se estaba iniciando en los años noventa. En un primer momento se hizo así porque se quería que hubiese inversiones en los terminales de gas, en las redes de distribución y que se aprovechasen los beneficios ambientales que tiene el uso de gas, en vez de otros combustibles. Sin embargo, más de 20 años después es un mercado consolidado, por lo que actualmente se requiere una regulación, ya que no basta con un chequeo de rentabilidad.
¿Cómo ve la situación actual del mercado del gas?
Yo diría que el mercado del gas está bastante concentrado, con bastantes distorsiones, lo que incluso afecta a la generación eléctrica. Con esto de los contratos de gas inflexible, el Coordinador Eléctrico Nacional está obligado a despachar esas centrales, lo que provoca una distorsión muy seria que afecta principalmente a las empresas de energías renovables. Entonces, hay que ponerle normas, pues el gas inflexible también es súper discutible, pues si bien es cierto que el gas no se puede almacenar fácilmente, los barcos que lo transportan sí se pueden desviar.
¿Advierte otras barreras a la competencia en el mercado?
También se ven en los terminales de gas, que debiesen tener una regulación, más allá de lo que han hecho por sí mismas las empresas en este sector. Ahí también hay una falencia para la competencia, por lo que es necesario que otros actores puedan acceder a los terminales. Esto es un tema relevante y solo se puede hacer cuando hay open season, lo que no tiene ninguna regulación.
¿Existe competencia entre los nichos del gas natural y el GLP?
En primer lugar, hay sectores importantes como el residencial. Hay departamentos que no tienen la posibilidad de cambiar de gas natural a GLP. También habría que ver cómo compiten las tres empresas que distribuyen gas licuado y si es que compiten realmente.
¿Cómo ve a futuro la interacción entre el gas y las energías renovables?
El gas va a ser un elemento súper importante en la generación eléctrica en el futuro, si es que no han bajado de precio las baterías o alguna otra forma de almacenamiento de energía, por lo que creo que es relevante disminuir o eliminar las distorsiones que hay hoy en día. Las centrales a gas tienen más flexibilidad que las carboneras, entonces se adaptan mejor a la variabilidad de las energías renovables. La combinación entre centrales renovables y el gas debiera ser mucho más fácil que con las carboneras.
noviembre 28, 2019 | Industria
(La Tercera-Pulso) Tras sesionar en doble jornada, y tras una extensa discusión, la comisión de Minería y Energía del Senado aprobó y pasó a sala el proyecto de ley que modifica la rentabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad.
La propuesta del gobierno apunta a establecer un rango de entre 6% y 8% después de impuestos para la rentabilidad de las empresas distribuidoras, siguiendo la línea de lo hecho en otros sectores, como las distribuidoras de gas o, más recientemente, las sanitarias (aún en debate). Esto significa un cambio respecto del escenario actual, que establece una rentabilidad del 10% antes de impuestos.
Finalmente, se incorporó una indicación que introduce el efecto del chequeo de rentabilidad, que hoy tiene un efecto de +-4% en la cifra final.
Así, lo que en definitiva fue aprobado considera para este efecto un piso de 3 puntos y un techo de 2. Entonces, las cifras definitivas de rentabilidad quedarán en un mínimo de 3% y un máximo de 10%. Ambas cifras después de impuestos.
El ajuste a la ley fue introducido por una indicación de la senadora DC Yasna Provoste, quien dijo que con esto se busca asegurar que los recursos de verdad lleguen a los clientes finales.
Otra indicación que fue incorporada al proyecto de ley también fue de la autoría de Provoste, y permitirá reducir los límites para que los consumidores puedan optar a clientes libres. Actualmente, aquellos conectados a una potencia de 500 kW o más pueden optar a contratarse directamente con un proveedor. La indicación reduce ese límite a 300 kW. Ello provocó preocupación entre algunos generadores, pues podría desincentivar futuras licitaciones de energía.
[VEA TAMBIÉN: Propuesta parlamentaria para reducir el pago por potencia a eléctricas provoca alarma en el sector]
Larga jornada
“Este es un gran avance de un proyecto cuyo espíritu es beneficiar a los chilenos y hacer más transparente el proceso de fijación de tarifas eléctricas para que los ciudadanos paguen lo justo”, dijo al respecto el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien además agradeció a los parlamentarios por apoyar el proyecto.
El debate comenzó a las 12 del día, en una sesión de la comisión a la que asistió de manera sorpresiva el senador Alejandro Navarro, quien no es integrante de la comisión.
El parlamentario realizó diversas preguntas al ministro Jobet, e intervino varias veces. Tanto así que el propio secretario de Estado acusó al senador de una posible dilación de la tramitación, ante la urgencia que tenía el Ejecutivo por aprobar de manera rápida el proyecto para que alcance a incorporarse en la próxima revisión tarifaria, que dura cuatro años.
De hecho, su participación terminó con polémica, luego que el presidente de la comisión, Álvaro Elizalde, pidiera a los demás senadores permiso para volver a sesionar en la tarde, dado que el acuerdo era sesionar hasta que el proyecto fuera aprobado.
Una indicación que finalmente no fue incorporada a la ley buscaba revisar los pagos por potencia a las generadoras. El gobierno se comprometió a presentar en 30 días un proyecto en esa línea.
El retiro de esa indicación fue aplaudido por los generadores. “La indicación no hizo análisis completo de los efectos que podría tener si ésta se hubiese materializado. El cambio sugerido solo apuntaba al precio de potencia, siendo que el desafío importante que tenemos como sector es dotar al sistema de flexibilidad operativa y de infraestructura”, explicó Danilo Zurita, director de GPM AG, que agrupa a pequeños y medianos generadores.
