(La Tercera-Pulso) Tras sesionar en doble jornada, y tras una extensa discusión, la comisión de Minería y Energía del Senado aprobó y pasó a sala el proyecto de ley que modifica la rentabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad.
La propuesta del gobierno apunta a establecer un rango de entre 6% y 8% después de impuestos para la rentabilidad de las empresas distribuidoras, siguiendo la línea de lo hecho en otros sectores, como las distribuidoras de gas o, más recientemente, las sanitarias (aún en debate). Esto significa un cambio respecto del escenario actual, que establece una rentabilidad del 10% antes de impuestos.
Finalmente, se incorporó una indicación que introduce el efecto del chequeo de rentabilidad, que hoy tiene un efecto de +-4% en la cifra final.
Así, lo que en definitiva fue aprobado considera para este efecto un piso de 3 puntos y un techo de 2. Entonces, las cifras definitivas de rentabilidad quedarán en un mínimo de 3% y un máximo de 10%. Ambas cifras después de impuestos.
El ajuste a la ley fue introducido por una indicación de la senadora DC Yasna Provoste, quien dijo que con esto se busca asegurar que los recursos de verdad lleguen a los clientes finales.
Otra indicación que fue incorporada al proyecto de ley también fue de la autoría de Provoste, y permitirá reducir los límites para que los consumidores puedan optar a clientes libres. Actualmente, aquellos conectados a una potencia de 500 kW o más pueden optar a contratarse directamente con un proveedor. La indicación reduce ese límite a 300 kW. Ello provocó preocupación entre algunos generadores, pues podría desincentivar futuras licitaciones de energía.
Larga jornada
“Este es un gran avance de un proyecto cuyo espíritu es beneficiar a los chilenos y hacer más transparente el proceso de fijación de tarifas eléctricas para que los ciudadanos paguen lo justo”, dijo al respecto el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien además agradeció a los parlamentarios por apoyar el proyecto.
El debate comenzó a las 12 del día, en una sesión de la comisión a la que asistió de manera sorpresiva el senador Alejandro Navarro, quien no es integrante de la comisión.
El parlamentario realizó diversas preguntas al ministro Jobet, e intervino varias veces. Tanto así que el propio secretario de Estado acusó al senador de una posible dilación de la tramitación, ante la urgencia que tenía el Ejecutivo por aprobar de manera rápida el proyecto para que alcance a incorporarse en la próxima revisión tarifaria, que dura cuatro años.
De hecho, su participación terminó con polémica, luego que el presidente de la comisión, Álvaro Elizalde, pidiera a los demás senadores permiso para volver a sesionar en la tarde, dado que el acuerdo era sesionar hasta que el proyecto fuera aprobado.
Una indicación que finalmente no fue incorporada a la ley buscaba revisar los pagos por potencia a las generadoras. El gobierno se comprometió a presentar en 30 días un proyecto en esa línea.
El retiro de esa indicación fue aplaudido por los generadores. “La indicación no hizo análisis completo de los efectos que podría tener si ésta se hubiese materializado. El cambio sugerido solo apuntaba al precio de potencia, siendo que el desafío importante que tenemos como sector es dotar al sistema de flexibilidad operativa y de infraestructura”, explicó Danilo Zurita, director de GPM AG, que agrupa a pequeños y medianos generadores.