noviembre 11, 2019 | Industria
(La Tercera-Pulso) Los primeros días de octubre ingresaron cuatro discrepancias al Panel de Expertos, todas relacionadas con el negocio de distribución de gas natural. De estas, dos eran de Metrogas, una de Empresas Lipigas y la última de Gassur.
Las tres empresas acudieron a la entidad -cuyas decisiones tienen carácter vinculante-, luego que la Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobara el Informe de Rentabilidad Anual Definitivo, en el cual se rechazaron parte de las observaciones formuladas por las empresas que habían realizado al Informe Preliminar. Esto, correspondiente a 2018, ya que el cálculo que realiza la autoridad es con un año de desfase. Se trata de un informe clave para el establecimiento de las tarifas por parte de estas compañías, por lo que sus resultados finales tienen directa incidencia en sus ingresos.
“La CNE debió haber verificado si los bienes rezagados se ajustaban o no a los criterios de eficiencia y de necesidad, establecidos por la Ley de Servicios de Gas (LSG), y solo en la medida que estos no cumplieran con dichos criterios, podía dejarlos fuera, expresando sus razones, lo que no ocurrió. En efecto, en todo el proceso de chequeo de rentabilidad la CNE debe no solo cumplir con lo establecido en la LSG, sino que debe ser transparente y permitir a las empresas conocer los motivos de sus decisiones, para que estas conozcan y evalúen su justificación”, se sostuvo en uno de los escritos de Metrogas.
La misma empresa realizó tres requerimientos para que el Panel de Expertos dictamine que en el Informe de Rentabilidad Anual Definitivo se considere que los bienes que poseen una fecha de instalación anterior al calendario 2018 para las zonas de concesión Región Metropolitana, Región Libertador Bernardo O’Higgins. Además, solicitan que se considere la aplicación del criterio de eficiencia distinguiendo entre expansión de las zonas de servicios existentes y nuevas de zonas de servicios para la Región Metropolitana.
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Redes Terciarias
En el caso de Lipigas, el documento plantea discrepancias por diferencias en conceptos como Montaje en el ítem Redes Terciarias tanto para el cálculo del Valor Nuevo de Reemplazo por componente de bienes necesarios para los chequeos de rentabilidad correspondiente al año 2018; como para el Valor Nuevo de Reemplazo por componente de bienes eficientes para los chequeos de rentabilidad correspondiente al cuatrienio 2018-2021, se indicó.
Al ser consultada la empresa, esta sostuvo que la discrepancia presentada se centra en el cálculo de la inversión realizada por la empresa en redes de gas natural. “Lipigas se atiene al modelo de empresa eficiente para valorizar sus activos, sin embargo, plantea una discrepancia que se origina en las altas inversiones iniciales y los estándares de calidad necesarios para proyectos de este tipo. La empresa espera que la autoridad tome en consideración este planteamiento”, dijeron de Lipigas.
Por último, Gassur solicitó que en el informe de rentabilidad se consideren activos que poseen una fecha de instalación anterior a 2018 para la zona de concesión Biobío.
marzo 22, 2018 | Industria
(Diario Financiero) Con el fin de defender el rol del gas natural en la matriz energética del país, la asociación de empresas del sector acaba de ampliar su estructura, incorporando a todos los segmentos que constituyen esta industria.
De esta forma, de una constitución de tres socios, a partir de este año la Asociación de Gas Natural (AGN) cuenta con diez integrantes que representan a los diferentes eslabones de la cadena de valor del hidrocarburo, es decir, importación, almacenamiento y regasificación, comercialización mayorista, transporte y distribución.
Tras varios meses de tratativas, a los anteriores socios Metrogas, Gas Sur (ambas ligadas a Gas Natural Fenosa) y Gasco Magallanes (Pérez Cruz), se sumaron ahora Aprovisionadora Global de Energía (Agesa), Engie Gas Chile, Gasoducto GasAndes, GNL Chile, GNL Quintero e Innergy.
«Esta nueva integración y representación tiene por objetivo reforzar el posicionamiento del gas natural (GN) como la opción más conveniente en la transición energética hacia una economía baja en carbono y la mejor solución en el corto plazo a la contaminación local que afecta a gran parte de nuestro país”, explicaron en la instancia que se constituyó inicialmente en 2002, para velar por el desarrollo de esta por entonces incipiente industria, considerando la llegada en 1999 del gas desde Argentina.
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En este proceso de ampliación y tras casi tres años de alejamiento, la distribuidora GasValpo, de capitales australianos y actualmente en proceso de venta –donde Marubeni y Toesca correrían con ventaja-, se reintegró a AGN, mientras que fuentes de la industria no descartan que otras firmas del sector pudieran incorporarse al gremio en los próximos meses.
La entidad, cuyo directorio está integrado por representantes de las diez empresas, es presidido por el gerente general de GNL Quintero, Antonio Bacigalupo, y mantiene como director ejecutivo a Carlos Cortés Simon.
Nueva etapa para el gas
Y si en primera instancia la tarea fue desarrollar esta industria y unos pocos años después, hacer frente a los embates del corte del suministro trasandino, hoy el gas natural enfrenta una nueva etapa en la que debe conquistar un lugar en la matriz, lo que en algunos aspectos le ha resultado esquivo.
Si bien en lo referido a la distribución con fines residenciales, industriales y comerciales, este hidrocarburo tiene un espacio asegurado, con algunas empresas expandiendo sus redes hacia nuevas ciudades, con énfasis en la zona sur del país, para convertirse en una alternativa a la leña, en transportes y generación eléctrica la realidad es distinta.
«De hecho, para el sur de Chile una mayor presencia del gas natural puede significar la descontaminación de ciudades a partir de la sustitución de la leña en hogares y de combustibles contaminantes en la industria, a la vez que el gas natural es el mejor complemento de las fuentes renovables como energía de base y para ir reemplazando combustibles más contaminantes en generación eléctrica así como en el transporte”, dicen en la asociación.
Sin embargo y pese a que estaba en la hoja de ruta del gobierno anterior, en la práctica el diseño que las autoridades aplicaron en procesos como las licitaciones de suministro eléctrico y del Transantiago, redujeron en forma importante las posibilidades para que este combustible pudiera incrementar su presencia.
octubre 19, 2017 | Industria
(Diario Financiero) La Fiscalía Nacional Económica (FNE) sigue con la mira puesta en el negocio energético y en particular sobre la industria de la distribución de gas natural por redes.
[Empresas de gas natural en picada contra el gobierno por proceso de chequeo de rentabilidad]
Esto porque hace un par de semanas la totalidad de las empresas que participan en esta actividad recibieron un oficio, a través del cual el organismo que lidera Felipe Irarrázabal, les exige la entrega de diversos datos relacionados con aspectos comerciales de su operación.
Lo anterior, trascendió, en el marco de una investigación que la entidad inició a partir de una denuncia que apuntaría a un aspecto específico de este negocio: la comercialización de equipos y artefactos, que las distribuidoras realizan como complemento a la venta y conducción del hidrocarburo.
agosto 2, 2017 | Industria
(Pulso) Un “gol” se anotó el Gobierno en relación con los próximos procesos de chequeo de rentabilidad que regirán para el mercado del gas.
El Panel de Expertos falló a favor de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en cuanto a mantener la Tasa de Costo Capital (TCC) de dicha industria en un rango de entre 6 y 6,7%, dependiendo de la empresa.
Cabe recordar que las distribuidoras de gas por red Gas Sur, Gasco, Gasvalpo, Intergas y Metrogas, acudieron al Panel de Expertos -organismo encargado de solucionar las diferencias en el mercado tras la nueva ley que regula al sector- por presentar discrepancias con el proceso de fijación de la Tasa de Costo de Capital (TCC) para el cuatrienio 2018-2021, aprobado por la Resolución Exenta N° 2162 en abril de este año. Este informe se considera clave, ya que la TCC sirve de base para que la CNE determine si las rentabilidades de las empresas distribuidoras de gas son excesivas, en cuyo caso la nueva ley de gas (N°20.999) establece que se iniciará un proceso de fijación tarifaria.
En su análisis la CNE había fijado la rentabilidad de la industria en un rango de entre 6,0% y 6,7%, dependiendo de la empresa, y basado en su zona de concesión, siendo las más bajas las de Metrogas (RM y VI Región) y la más altas las de Intergas (VIII y IX Región).
Sin embargo, todas las distribuidoras tuvieron desencuentros con la forma en que fue calculada la TTC. En el caso de Metrogas se alegó problemas de modelación que se tradujeron en que la tasa determinada para Metrogas, se encuentre en niveles más bajos de los adecuados, variando entre 4,98% a 5,25%, dependiendo del año y zona de concesión.
“Las tasas determinadas por la CNE son entre 13% y 17% inferiores a la tasa mínima establecida por ley”, indicaron.
Sin embargo, desde el Panel de Expertos optaron por rechazar las reclamaciones, dando razón a los análisis elaborado por la CNE.
Tras conocer el dictamen del Panel de Expertos, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) Andrés Romero, señaló que “con este triunfo logramos impedir un eventual alza de tarifas por parte de las empresas de gas. Ganan las familias chilenas y los consumidores, se establece un límite acotado de rentabilidad que podrán obtener las empresas distribuidoras de gas en el país, y con ello se limitan las tarifas”, agregó Romero.
[CNE: alza de rentabilidad impactaría tarifas de gas]
junio 5, 2017
Con la publicación de la Ley Nº 20.999, que modifica la Ley de Servicios de Gas, se ha materializado la agregación de estos servicios como una nueva área de competencias para el Panel de Expertos, creado el año 2004 para solución de controversias, exclusivamente, en la aplicación de la Ley General de Servicios Eléctricos. Con esta nueva competencia que se le atribuye, el Panel de Expertos ha superado nuevamente el examen no solamente de mérito y eficiencia por parte del legislador sino que también los rigurosos controles jurídicos de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
Si el Panel de Expertos, diseñado para la especialidad eléctrica, puede o no asumir con la misma eficacia el estudio de las materias de un mercado diverso al eléctrico, como el servicio de distribución de gas de red, es una duda válida, pero que no cuestiona la instancia del Panel de Expertos en general, sino su nuevo abocamiento particular a la solución de las controversias que se contemplan en la reforma a la Ley del Gas.
Las materias que ley 20.999 entrega a conocimiento del Panel de Expertos están acotadas a varios informes que debe emitir la Comisión Nacional de Energía, a saber: i) sobre valorización de instalaciones de gas, ii) sobre la determinación de la tasa de costo de capital, iii) sobre los bienes considerados eficientes de la empresa, para efectos del chequeo de rentabilidad, su vida útil, el Valor Nuevo de Reemplazo y los indicadores de eficiencia para la actividad de distribución de gas en cada zona de concesión, iv) sobre rentabilidad anual por empresa concesionaria, v) las bases técnicas y administrativas del estudio de costos, y, vi) sobre resultados del estudio de costos.
Cómo se puede apreciar, hay una doble característica a destacar al respecto, las materias asignadas a la competencia del Panel son eminentemente económicas y también están presentes en la regulación eléctrica, en especial, aquella aplicable a la fijación tarifaria del servicio público de distribución de electricidad. En este campo de la economía, el Panel de Expertos tiene acumulada una extensa experiencia que le facilita el acercamiento al estudio particular de la fijación tarifaria de los servicios de gas de red, aparte de la posibilidad de contratación de estudios especializados que puedan compensar la inexperiencia de sus integrantes en la especificidad del sector del Gas de Red.
Estas materias, como expresión de la regulación económica, están presentes en todos los servicios públicos de infraestructura de red sujetos a fijación tarifaria, como los servicios sanitarios y las telecomunicaciones, cuya regulación actual concerniente a la solución de controversias tarifarias presenta serias deficiencias reconocidas por empresas, autoridades y especialistas.
A partir de la nueva especialidad que se le agrega a la competencia del Panel de Expertos se puede concluir que existen fundamentos suficientes para que en el futuro pueda asumir la competencia en otros servicios públicos.
