La Cámara de Diputados aprobó con 129 votos a favor y nueve abstenciones la resolución 913, que propone que las plantas de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) paguen sus impuestos territoriales en los lugares donde se emplazan.
La Cámara de Diputados aprobó con 129 votos a favor y nueve abstenciones la resolución 913, que propone que las plantas de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) paguen sus impuestos territoriales en los lugares donde se emplazan.
Además, los parlamentarios llaman al Presidente de la República para encauzar la medida a través de los ministros de Energía y de Hacienda. Así, se espera que exprese su voluntad política en la inclusión local, promoviendo criterios de equidad territorial y justicia tributaria.
El texto pone como ejemplo a la comuna de Hualpén, Región del Biobío. Según el Censo 2017, tiene 91.773 habitantes y “más del 76% de los hogares se encuentran en el rango de vulnerabilidad”.
Allí se encuentra la refinería Biobío, una de las principales plantas de procesamiento de crudos y cargas complementarias del país. La instalación tiene capacidad para procesar 116.000 barriles al día y cuenta con un número aproximado de 700 trabajadores.
Los autores agregan que la refinería Biobío paga, anualmente, a la Municipalidad de Hualpén unos $25.000 por concepto de patente municipal y derechos de aseo. Esta cifra, alertan, es menor que la que pagan los almacenes de barrio.
Según los impulsores de la solicitud, esta realidad se traduce en una problemática que perjudica especialmente los ingresos de administraciones locales. Reconocen que, si bien la ley les permite pagar en el domicilio de su casa matriz, podrían, por su voluntad, realizar el pago del impuesto territorial en los lugares donde están las operaciones.
Asimismo, los diputados ponen como ejemplo la empresa Arauco, que hoy paga sus impuestos en la Región del Biobío y no en la comuna de Las Condes, donde está constituida la sociedad. En tal plano, se estima que la Enap podría imitar tal acción y que sus plantas paguen impuestos territoriales en las localidades donde se emplazan.
La respuesta de Enap
Mediante una declaración pública, la estatal indicó que «la Ley de Rentas Municipales es la que determina los montos y los municipios donde se pagan las patentes en los casos de empresas que, como Enap, tiene operaciones en varios lugares de Chile, tales como Magallanes, Hualpén, Linares, Concón o Quintero».
«Esta obligación que Enap cumple plenamente se paga dos veces en el año, a fines de enero y fines de julio. Ahora bien, la ley de Rentas Municipales es una materia tributaria, donde el Presidente tiene iniciativa exclusiva. En este contexto, a Enap no le corresponde pronunciarse respecto de la Resolución de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados», cerró el texto.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió la resolución exenta N°149, mediante la cual dejó sin efecto la resolución N° 52, del 31 de enero de 2018, que a su vez complementa y modifica la resolución N°659 de 2017, que establece disposiciones técnicas para la implementación del artículo 8° de la Ley N°20.780.
Con esta medida, que se materializará con su publicación en el Diario Oficial, el organismo regulador procedió a plasmar la primera de las acciones de la “Agenda inicial para un segundo tiempo de la transición energética”, dada a conocer este lunes por el ministerio de Energía, lo que permitirá eliminar el sistema de compensación tipo B del impuesto verde a las emisiones de gases contaminantes, mitigando los riesgos a los suministradores de energía, entre los cuales se encuentran aquellos que generan en base a tecnologías renovables no contaminantes.
La resolución emitida ayer por la Comisión considera que, durante el último período analizado, la aplicación de la metodología de compensación B, contemplada en la resolución dejada sin efecto, “ha generado resultados que no permiten entregar señales económicas adecuadas para el despliegue intensivo de energías renovables que requiere el proceso de transición energética y la consecuente reducción de emisiones de gases contaminantes”.
Adicionalmente, el acto administrativo expone que “frente a este diagnóstico, esta Comisión estima que, una correcta asignación del pago del impuesto a las emisiones requiere alojar éste, mayoritariamente, en aquellos responsables de las emisiones, circunscribiendo el pago de compensaciones, por parte de los agentes del mercado eléctrico, sólo a aquel monto indispensable para evitar pérdidas operacionales derivadas de la instrucción de generación por parte del Coordinador”, se indica en el acto administrativo.
Asimismo, se establece que la modificación será aplicable a partir de la elaboración de los Balances de Compensaciones que el Coordinador Eléctrico Nacional deberá publicar en 2024, con el objetivo de realizar los cálculos para determinar las compensaciones por pago del impuesto a las emisiones asociadas a la operación de las empresas generadoras durante todo el año 2023.
Impactos
La medida fue destacada por Marco Antonio Mancilla, secretario ejecutivo de la CNE: “Con la publicación de la Resolución N°149, junto con cumplir el objetivo de transitar hacia una matriz energética limpia, se cumple con lo dispuesto en la agenda del ministerio de Energía, específicamente en lo que se refiere a los ajustes de sistema de compensación de impuestos verdes, para disminuir los pagos laterales en los que incurren las empresas generadoras, especialmente de energías renovables, lo que también busca generar un impacto positivo en clientes, principalmente libres, si sus contratos permiten traspasar la disminución de estos costos”.
La autoridad sectorial respaldó el positivo impacto de esta medida contenida en la agenda, en cuanto a que la eliminación de la compensación B “permitirá focalizarse en quiénes son los responsables de las emisiones, favoreciendo a aquellos generadores que cuentan con centrales que efectivamente no generan emisiones en el Sistema Eléctrico Nacional, las cuales el año 2022 pagaron un total de $3.083 millones, lo cual se reduciría a $13,5 millones en dichas condiciones, disminuyendo en un 99,6% el pago de sus compensaciones en este concepto, como bien se indica en la agenda elaborada por el ministerio de Energía”.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) convocó a 762 personas que se dieron cita en el taller online de Asistencia al Cumplimiento para personas encargadas de establecimientos que tengan fuentes fijas estacionarias afectas a los diferentes Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA) a nivel nacional y/o Normas de emisión de contaminantes a la atmósfera, afectos a las obligaciones establecidas en la Resolución Exenta N°2547, que “Establece instrucciones generales sobre deberes de remisión de información para fuentes reguladas por normas de emisión de contaminantes a la atmósfera y planes de prevención y/o descontaminación atmosférica en Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT) de la SMA y revoca Resolución Exenta N°1227/2015” y a los posibles establecimientos regulados por el artículo 8°, de la Ley N°20.780, modificado por la Ley N°21.210.
En la actividad participaron el encargado de la Sección de Aire y Cambio Climático de la División de Fiscalización, Juan Pablo Rodríguez; el profesional de dicha área, Víctor Hugo Delgado, y el profesional de la División de Seguimiento e Información (DSI), Renzo Stanley.
Es importante relevar que la normativa establece un impuesto anual a beneficio fiscal que gravará las emisiones al aire de material Particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2), producidas por establecimientos cuyas fuentes emisoras, individualmente o en su conjunto, emitan 100 o más toneladas anuales de material Particulado (MP), o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2).
En el taller se abordaron, entre otros, los siguientes temas:
– Estrategia SMA por reforma al Impuesto Verde a contar del año 2023.
– Avances desarrollo de nuevo módulo de reglas de afectación por Instrumentos de Carácter Ambiental (ICA) aplicable.
– Actualización módulo de catastro en Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT).
En el marco de la Reforma Tributaria planteada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el Ministerio de Hacienda, junto a las carteras de Economía, Medio Ambiente y Energía, iniciaron las audiencias públicas previas a la presentación del proyecto de impuestos correctivos (o también llamados “verdes”).
El objetivo de las audiencias es conocer el planteamiento técnico de diversos actores especializados en el tema y así cumplir con uno de los principios rectores planteados en los diálogos ciudadanos previos al desarrollo de la Reforma Tributaria que implica evaluar los intereses, preocupaciones y aristas que puedan ser relevantes para todos los involucrados. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que los recursos obtenidos con esta iniciativa, al igual que los del royalty minero, tendrán un foco en apoyar la descentralización aumentando los recursos a las regiones. “El 70% del total recaudado va a ir a los gobiernos regionales y, de esa manera, vamos a lograr duplicar los recursos con los que estos cuentan para el desarrollo en el territorio”, señaló.
Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, agregó que “como Gobierno estamos comprometidos a combatir la crisis climática y ecológica, para lo que debemos fortalecer los impuestos correctivos con orientación ambiental. Por eso, estamos trabajando para, por ejemplo, cumplir los compromisos del programa de Gobierno de aumentar la tasa al impuesto al CO2, en línea de las recomendaciones internacionales en la materia. Sin embargo, sabemos que este y otros instrumentos deben venir acompañados de medidas complementarias para que apunten a una transición sociecológica justa. Solo de esa manera cumpliremos realmente el objetivo de disminuir el impacto ambiental, al mismo tiempo que nos aseguramos de que no generen efectos sociales negativos en la población».
Las primeras audiencias se iniciaron el viernes 18 de noviembre y asistieron Jorge Cáceres, director ejecutivo del Centro Medio Ambiente y Energía de la Sofofa; Luis Gonzales, coordinador de Energía y Medioambiente de CLAPES UC; y Augusto Holmberg, gerente general del Instituto del Cemento y del Hormigón. Se estima que se realizarán tres audiencias por semana y que se extenderán hasta fines de diciembre. El formato es online y serán grabadas y publicadas en el sitio web de la reforma tributaria.
Los expositores pueden entregar su parecer frente a los impuestos correctivos, enfocados a impuestos verdes principalmente, por 15 minutos. Luego se abre una ronda de consultas con los equipos técnicos del gobierno hasta por 10 minutos. En cada sesión participan representantes del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Energía.
Las personas interesadas en participar en este proceso pueden enviar propuestas específicas por escrito a los equipos técnicos del gobierno. La convocatoria es abierta, a través del formulario de la página.
Esta semana la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados avanzó en la aprobación de los cambios de la Reforma Tributaria referidos al Código Tributario y la Administración Tributaria.
“Con esto se ha completado la discusión de más o menos un 40% del texto del proyecto. Y también se ha despachado buena parte de las normas relacionadas con la reducción de la evasión y la elusión. Así que nos parece un avance importante y queremos aprovechar de agradecer a las diputadas y los diputados de la Comisión por el trabajo que han realizado durante las últimas semana”, comentó el ministro Marcel.
Entre los temas aprobados esta semana está el Denunciante Anónimo Tributario junto con los relacionados al fortalecimiento de la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII), como la supervisión de grupos empresariales, permitir que personal de una dirección regional pueda revisar casos fuera de su territorio jurisdiccional, y modificaciones para mejorar la norma que regula la definición de partes relacionadas, entre otras.
Además, se despacharon cambios que apuntan a mejorar los procesos en los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) y en la Tesorería General de la República, además de la inclusión en el Código Tributario del concepto de “responsabilidad tributaria” (o también conocido internacionalmente como sostenibilidad fiscal), definido como “el modelo de conducta que poseen determinados contribuyentes respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con un enfoque en la contribución al bien mancomunado del país, con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos, actos o negocios realizados, en tiempo y forma, basado en principios de transparencia, colaboración y buena fe”.
Respecto a esto último, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que esta medida busca impulsar “una relación positiva entre contribuyentes y el SII, la que se reconoce mediante una certificación que puede ser emitida por empresas certificadoras independientes previamente inscritas ante el Servicio”.