febrero 26, 2014 | Industria
(Estrategia) Los pequeños distribuidores de combustibles, han profundizado sus complicaciones financieras, tras el alza de la concentración en la industria donde Copec del grupo Angelini y Enex de los Luksic suman más del 80% del sector si se consideran las ventas totales. Por sí solo, el primer conglomerado abarca el 60% de los ingresos, y en los últimos años no se ha alejado de esa cifra.
Y recientemente, los distribuidores de combustibles de menor tamaño, en su mayoría fueron los que se quedaron con las 61 bencineras Shell y Terpel que tuvo que rematar Enex, obligada por la Corte Suprema. Estas pymes cuentan, después de esta operación, con casi un 11% de las estaciones de servicio del país, lo que representa sobre 200.
En esa línea, Copec cuenta con más del 40% de las estaciones de servicio a nivel nacional, con poco más de 600, mientras que Enex suma cerca de un 32% con aproximadamente 500 puntos de venta de bencina. Por su parte, el gigante brasileño Petrobras tiene cerca del 17% de las operaciones de distribución minorista de combustibles, sobrepasando las 260.
Esta industria vende anualmente unos US$15.000 millones, y debido a la fuerte concentración –encabezada por Copec y por ENAP, que provee más del 70% de los combustibles en el país-, ha visto entrar y salir una gran cantidad de actores internacionales, como es el caso de Esso, que aunque cuenta con importantes espaldas financieras no han sido capaces de introducir mayor competencia a este mercado.
febrero 25, 2014 | Industria
(Pulso) Se estimaba que en esta etapa del año el Primer Tribunal Ambiental, con asiento en Antofagasta, ya se encontraría tramitando una serie de causas relacionadas con la gran minería o con proyectos energéticos del norte.
Sin embargo, esta instancia -que prometía ser una herramienta eficaz contra la judicialización de las inversiones- aún no está operando. No sólo eso: el retraso ya alcanza los ocho meses.
¿A qué se debe esta situación? Fuentes del sector señalan que las principales trabas pasan por lo extenso del proceso, las altas exigencias que requiere el cargo y también las inhabilidades propias del cargo.
Según abogados ambientalistas, una de las cláusulas más controvertidas es la que señala que luego de dejar el cargo -que dura seis años- los profesionales no podrán litigar en el tribunal que integraron por un plazo de dos años, limitando la libertad laboral de los postulantes.
Otro elemento que ha demorado la confirmación del tribunal del norte, está relacionado al mercado laboral, puesto que se obtendrían mayores ingresos en el ejercicio privado de la profesión en esa zona.
De acuerdo al escalafón de remuneraciones de esa judicatura, un juez titular tendrá un sueldo de $6.906.170 brutos- cercano al de un Superintendente de Medio Ambiente, mientras que un suplente percibiría sólo la mitad de ese monto.
«En este caso existe una renuncia económica importante en comparación al ejercicio privado en el norte», sostiene un abogado de la plaza.
LA BÚSQUEDA INCESANTE
El concurso en Antofagasta comenzó en agosto de 2012, y de los 300 postulantes ninguno cumplía el perfil. En un segundo lance, nada menos que 250 aspirantes fueron rechazados por la Corte Suprema.
El reclutamiento no ha sido fácil para el Servicio Civil, organismo que incluso ha tenido que recurrir a la asesoría de empresas head hunters para dar con el perfil de los futuros ministros.
De acuerdo al Sistema de Alta Dirección Pública, el 10 de octubre del año pasado se reinició el proceso para encontrar a un ministro titular y uno suplente. Para el caso del primer cargo postularon 29 personas a través del buzón. Adicionalmente, las empresas Laborum y Seminarium Desarrollo, también intervinieron en el reclutamiento realizando análisis y también entrevistando a cada uno de postulantes.
Es así como, el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP), reanudó las entrevistas con una serie de candidatos el pasado 28 de enero.
Sin embargo, el proceso no culmina ahí, ya que tras el cedazo del ADP, los aspirante deberán sortear los pasos siguientes: visto bueno del Presidente de la República, el Senado, y nuevamente deberán enfrentar a la Corte Suprema.
LA EXIGENCIA SUPREMA
Cada judicatura está compuesta por 3 ministros titulares y 2 suplentes, y para cada cargo la ADP elabora una nómina de entre 6 y 8 profesionales que cumplan los requisitos exigidos por la ley. Dicha lista se envía a la Corte Suprema que entrevista y evalúa a los postulantes.
Entre esos candidatos, los jueces seleccionan una quina que entregan al presidente , quien, a la postre, es el que realiza la selección final de los nombres para someterlos a ratificación del Senado.
febrero 20, 2014 | Industria
(El Mercurio) No han sido pocas las dificultades que ha debido enfrentar el gobierno del Presidente Sebastián Piñera en materia energética. La paralización de grandes centrales por judicialización, los altos precios de la electricidad y la incertidumbre regulatoria han ralentizado el crecimiento de un sector denominado como «estratégico» para el país.
Ejemplo de aquello son los proyectos por 2.573 MW que dejará en construcción este gobierno, cifra que equivale a solo un séptimo del total de iniciativas eléctricas aprobadas ambientalmente en estos cuatro años. Los 2.573 MW equivalen a casi un HidroAysén (2.750 MW), 4,3 veces Ralco (640 MW) o 3,4 veces Punta Alcalde (740 MW).
Entre 2010 y 2013, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) autorizó la instalación de 18.583 MW, número que supera en 55% lo exhibido durante el mandato anterior, cuando se visaron 11.952 MW.
De los 18.583 MW, el 78% corresponde a iniciativas renovables. Los proyectos solares representan el 31,6%; los hidroeléctricos, el 21,8%, y los eólicos, el 25%. Los denominados «convencionales de base» (carbón, gas y petróleo) se expresan con el 20% dentro de este catastro.
«Llama la atención en forma positiva la importante componente de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en el total de proyectos aprobados ambientalmente en estos últimos cuatro años, lo que revela el interés del sector empresarial en el desarrollo de esta fuente energética y el potencial de nuestro país en esa materia. Sin embargo, es preciso no olvidar que la producción mayoritaria de energía seguirá proviniendo por largo tiempo más de fuentes tradicionales», afirma el ministro de Energía, Jorge Bunster.
Sobre los proyectos en construcción, solo tres grandes centrales iniciaron sus obras durante este mandato: las carboneras Guacolda V (152 MW), en la Región de Atacama, y Cochrane (472 MW), en la Región de Antofagasta; y la hidroeléctrica de pasada Alto Maipo (531 MW) en la Región Metropolitana.
A estas tres unidades se suman las centrales Angostura (316 MW) y San Pedro (144 MW), que si bien se están construyendo -y que son incluidas dentro del plan de obras de la Comisión Nacional de Energía (CNE)- iniciaron sus obras durante la administración anterior.
En cuanto a los proyectos que fueron inaugurados en el gobierno de Piñera, la cifra alcanza los 4.253 MW, superando en 47% los del lapso 2006-2009.
Desde la industria aseguran que la alta judicialización de las iniciativas energéticas en los últimos años ha provocado un freno en el desarrollo de grandes generadoras.
Entre ellas destacan la paralización de la central Castilla (2.100 MW) en Atacama, luego que la Corte Suprema acogiera un recurso de protección en su contra por no resguardar el cuidado del medio ambiente.
Por otra parte, agregan que también influyó el clima de incertidumbre jurídica que comenzó a gestarse en el país luego que el Gobierno le solicitara a la empresa GDF Suez que desechara su proyecto Barrancones (540 MW), aunque contaba con la autorización ambiental.
El gerente general de la Asociación de Generadoras, René Muga, afirma que la gran falencia de este gobierno fue el escaso avance en la aprobación y construcción de centrales de energía de base convencional, que permiten entregar electricidad por casi las 24 horas del día de manera constante. «Que la gran mayoría de los proyectos aprobados sean ERNC no es suficiente para sostener la nueva demanda energética del país. Estas no producen electricidad durante todo el día, como lo necesitan sectores como la minería», dice Muga.
El director ejecutivo de Electroconsultores, Francisco Aguirre, asegura que de no incorporarse más energía convencional a carbón o gas, el país deberá comenzar a cubrir la demanda eléctrica con motores diésel.
1 Barrancones
En 2010 el Presidente Sebastián Piñera le solicita a la empresa GDF Suez que retire de su plan de inversiones su proyecto termoeléctrico Barrancones (540 MW) tras una serie de protestas ciudadanas en contra de la generadora.
La petición se produjo pese a que la compañía contaba con todos los permisos ambientales para iniciar la construcción de la carbonera. Esto último provocó una serie de cuestionamientos por parte del sector privado, quienes acusaron una vulneración de la institucionalidad ambiental.
2 Central Castilla
En 2012 la Corte Suprema acogió un recurso de protección en contra de la central termoeléctrica Castilla (2.100 MW) paralizando de forma definitiva el desarrollo de la generadora en la Región de Atacama.
La decisión del máximo tribunal del país generó una fuerte incertidumbre entre los inversionistas mineros, quienes comenzaron a ralentizar el desarrollo de sus nuevos yacimientos ante la falta de energía competitiva en la zona y los altos precios que se prevén hacia el futuro.
3 Punta Alcalde
La Corte Suprema aprobó este año la construcción de la mayor central termoeléctrica del país: Punta Alcalde (704 MW).
La decisión del tribunal vino a respaldar el actuar del Comité de Ministros, que había optado por autorizar, con condiciones, a la central pese a que el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama había rechazado su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Con la aprobación de la carbonera Punta Alcalde se comenzaron a reactivar las inversiones en la zona.
4 HidroAysén
Más de dos años demoró el Comité de Ministros en pronunciarse sobre las reclamaciones en contra del proyecto HidroAysén.
A fines de enero de este año, la instancia gubernamental resolvió gran parte de las consultas, pero encargó dos estudios adicionales para definir su posición en dos materias específicas.
Esto último fue interpretado por la industria eléctrica como una nueva maniobra del gobierno para no fijar una posición clara frente al proyecto de 2.750 MW en la Patagonia.
5 Proyectos de ley
Durante el gobierno de Piñera se logró la aprobación de la ley de concesiones y servidumbres eléctricas, que permite agilizar las inversiones en transmisión. Esto último, con el objetivo de reducir a la mitad los casi cinco años que demora levantar los tendidos y robustecer el sistema troncal.
Por otra parte, también se aprobó en el Congreso la nueva ley de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), que fija como obligación que a 2025 el 20% de la electricidad generada en el país provenga de este tipo de energías limpias.
6 Precios altos
La sequía que se presenció durante los últimos tres años en la zona centro-sur trajo consigo un fuerte aumento de los precios de la energía en el país, debido al aumento de la generación a petróleo, la más cara entre las tecnologías.
Debido a la menor generación hidroeléctrica -la más económica y eficiente del sistema- los costos marginales estuvieron por sobre los US$ 150 por MWh. durante gran parte de estos tres años en el Sistema Interconectado Central (SIC), que abarca desde Taltal a Chiloé.
febrero 19, 2014 | Industria
(El Mercurio) En suspensión. Así se encontraba la gran mayoría de los proyectos de inversión en la Región de Atacama previo a que la Corte Suprema decidiera aprobar la mayor central termoeléctrica del país, Punta Alcalde.
El intendente de la región, Rafael Prohens, reconoce que la viabilización de la carbonera de 740 MW que impulsa Endesa causó «un respiro» entre los inversionistas de Atacama y trajo consigo una paulatina reactivación empresarial en la zona.
«Hay proyectos que al saber de la aprobación de Punta Alcalde empezaron a reimpulsar su desarrollo. Hay una mayor activación en la zona. También hay empresas inmobiliarias que se han acercado a la Municipalidad de Copiapó para mostrar su interés en construir», dice Prohens.
La máxima autoridad en la región afirma que en las últimas semanas han sido varias las empresas mineras que iniciaron conversaciones con las generadoras para asegurar el suministro eléctrico en sus yacimientos.
«Proyectos como El Morro o Relincho no tenían energía y obviamente sin ese insumo no podían seguir adelante. Pero como eso ya está resuelto por el lado de Punta Alcalde, hoy cuentan con un nuevo aire para sacar adelante sus iniciativas. También proyectos como Santo Domingo, que está en aprobación ambiental, ya empezaron a tener una mirada diferente para avanzar. He conversado con el gerente de Punta Alcalde y ellos ya están negociando con varias empresas mineras para su suministro», sostiene.
Y agrega: «El mundo minero se agiliza muy rápido. Los empresarios ya están empezando a negociar tarifas con Punta Alcalde y Guacolda sabiendo, a su vez, que viene también lo de la interconexión eléctrica desde Antofagasta que está impulsando GDF Suez».
En cuanto a la magnitud de la aprobación de Punta Alcalde, el intendente explica que con los 740 MW de capacidad instalada que tendrá la carbonera se viabilizarán en el futuro cuatro grandes proyectos mineros por unos US$ 4.500 millones. Esto teniendo en cuenta que un yacimiento como Caserones consume en sus operaciones 150 MW.
Energía por 20 años
Unos 900 MW adicionales de energía de base recibirá la Región de Atacama hacia el final de la década. Los proyectos Punta Alcalde y Guacolda V (152 MW) entregarán a la zona electricidad a precios competitivos cercanos a los US$ 50 por MWh.
Prohens agrega que estas dos carboneras, más la construcción de la línea de transmisión que impulsa Suez para unir a Antofagasta con Atacama -con una capacidad de 1.600 MW-, le permitirán a la Región solucionar su problema de suministro energético por los próximos 20 años.
«Proyectos como Cerro Casale, Lobo de Marte, Santo Domingo y El Volcán, que hoy no tienen suministro empiezan a flotar rápidamente. A eso se suman los puertos, los edificios y las plantas desaladoras», afirma.
El intendente agrega que con esta reactivación Atacama volverá a retomar las altas tasas de crecimiento en su economía. «Terminamos el 2013 con un crecimiento del 6,2%. Creo que la región va a tener un nivel similar al 9% promedio que hemos tenido en los últimos años. Nuestra falencia es que esta es una región muy poco poblada y la mano de obra es escasa y se va encareciendo. Eso afecta al desarrollo de proyectos», explica.
Sobre esto último, Prohens señala que cada vez es más común la presencia de bolivianos, peruanos, colombianos y hasta polacos, en las operaciones mineras, como respuesta a la escasez de trabajadores.
febrero 3, 2014 | Industria, Medio Ambiente
(La Tercera) Punta Alcalde y el fallo de la Corte Suprema del 17 de enero fueron claves para la sesión que el jueves reunió al Comité de Ministros para analizar el proyecto HidroAysén, de Endesa y Colbún. La entidad, que estuvo dos años y medio sin pronunciarse sobre las 35 reclamaciones a la iniciativa aprobada en mayo de 2011, finalizó la esperada sesión encomendando nuevos estudios para analizar el impacto del vaciamiento del lago Cachet y el impacto social, en Cochrane, de tener cinco mil trabajadores en el momento peak de la construcción. El fallo de la Suprema por Punta Alcalde confirmó estas facultades de la entidad. “Las competencias del Comité de Ministros para exigir nuevas condiciones fueron establecidas recién a través del fallo de Punta Alcalde por la Corte Suprema. Con esto, puede exigir nuevas condiciones”, dijo la ministra María Ignacia Benítez al salir de la cita. La apreciación fue secundada por el titular de Energía, Jorge Bunster, quien indicó que con este esclarecimiento de roles, el comité “pudo avanzar en resolver estas reclamaciones, encargando estudios”.
Para Hugh Rudnick, académico de la Universidad Católica, Punta Alcalde “de algún modo zanjó una discusión que se estaba dando en los últimos años respecto del rol que tenía la institucionalidad ambiental en el desarrollo de la infraestructura eléctrica”. Y agrega: “Le da importancia al Comité de Ministros y avala que puedan exigir acciones adicionales”.
La misma visión tiene el ex secretario ejecutivo de la CNE, Sebastián Bernstein, quien explica que la Suprema ratificó que el Comité de Ministros tenía atribuciones para incluir condiciones, en una aprobación ambiental, que hicieran factible o no un proyecto. “El fallo de Punta Alcalde es importante, porque dice que el Comité de Ministros tiene algo que decir. Ahora, no se sabe hasta dónde pueden llegar esas atribuciones”, explica.
Este punto es vital. Así lo estiman en HidroAysén, donde creen que este cambio modifica la institucionalidad ambiental, porque perderá relevancia el trabajo técnico realizado para la aprobación de un proyecto y todo dependerá, a partir de ahora, de la palabra final de una instancia política. En el mundo empresarial creen que la decisión de los ministros fue una maniobra para dilatar la decisión -los estudios pueden retrasar incluso un año más la decisión-, transferirla al siguiente gobierno y ahorrarse el costo político del pronunciamiento. “Esperar más de dos años para pedir nuevos estudios no tiene mucha lógica”, dice Rudnick.
No lo cree necesariamente así Bernstein. “No estoy en posición de juzgar si esto fue un ‘chuteo’ hacia adelante o una cuestión legítima. Tiendo a pensar que el impacto de la llegada de nuevos trabajadores me parece legítimo. Eso tiene un impacto social y ambiental. A lo mejor faltaba información sobre cómo se iba a manejar eso”, señala.
La empresa
HidroAysén dijo formalmente el jueves que deberá esperar la notificación formal de las decisiones del Comité de Ministros -para lo cual hay un plazo de 30 días- antes de resolver los caminos de acción futuros. Pero ya analiza varios. Incluso, la judicialización.
El 8 de enero, el directorio le encargó a la administración dirigida por Daniel Fernández el estudio de acciones legales. Y ese trabajo continúa.
Una de las alternativas es acudir a los nuevos Tribunales Ambientales y dirimir esta suerte de contienda de competencia sugerida por las nuevas atribuciones del Comité de Ministros. Otra es reclamar por el denominado silencio administrativo: debiendo pronunciarse en 60 días a partir de mayo de 2011 -cuando fue oficializada la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto-, el comité ya suma 20 meses de demora. Y aún no resuelve.
Incluso, puede estar sobre la mesa la opción de demandar al Fisco por la acción arbitraria y dilatoria del Comité de Ministros en el ejercicio de sus funciones.
Si todo sigue igual, como parece, la empresa deberá decidir cómo continuar con el proyecto. En HidroAysén dicen que habrá que esperar la definición del gobierno de Michelle Bachelet sobre su política energética, la que estará al mando ahora de un ejecutivo valorado en el mundo privado: Máximo Pacheco.
En paralelo, la firma podría avanzar -algo ya ha hecho en los últimos meses- en los estudios ambientales de la línea de transmisión. Será la agenda de 2014. Con otro año perdido para HidroAysén.
