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Central Angostura ya inyecta al SIC y está próxima a entrar en operación

Central Angostura ya inyecta al SIC y está próxima a entrar en operación

(El Mercurio) Con un lago de 100 millones de m {+3} ya formado, 783 mil m {+3} de hormigón ya construidos y sus tres turbinas que suman 316 MW de potencia instalada ya moviéndose, la central hidroeléctrica Angostura, ubicada en la precordillera de la Región del Biobío, a 63 km de Los Ángeles, antes de un mes estará en operación comercial.

Con ello se concretará la puesta en servicio de la mayor generadora de su tipo construida en la última década, después de su vecina Ralco (640 MW), que producirá cerca de 1.542 GWh de energía al año.

Aportará cerca del 3,35% del consumo del Sistema Interconectado Central (SIC) -que abastece al 90% del país entre Taltal y Chiloé- al que ya está inyectando energía. En enero y febrero entregó 73.042 MWh, según información del Centro de Despacho Económico de Carga del SIC.

«Las tres turbinas de la central se encuentran ya montadas, mostrando a la fecha un buen desempeño en las inyecciones de energía que se han hecho al SIC, por lo que ahora nos encontramos haciendo las pruebas técnicas finales», afirma Colbún, dueña del proyecto de US$ 671 millones.

Esta obra, que se levantó en la confluencia de los ríos Biobío y Huequecura, entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, es la única hidroeléctrica mayor a 300 MW que se proyecta en los próximos cinco años, tras la detención de HidroAysén.

La operación de esta central se espera que también impulse el turismo en la zona, pues el lago que se formó sobre 641 ha, alcanzando una cota de 317 m.s.n.m., no tendrá una variación mayor a un metro en el nivel de las aguas.

Este verano cientos de turistas llegaron a disfrutar de dos playas públicas y tres campings , que en la próxima temporada estarán operando a plenitud.

Allí existen miradores, senderos y un centro de visitantes de 200 m {+2} . Habrá visitas guiadas a la represa, de 60 m de alto y 160 m de largo, y a la caverna de máquinas, la más grande de los proyectos hidroeléctricos del país, con 33 m de ancho, 145 m de largo y 55 m de alto.

El proyecto de la central Angostura no generó mayores conflictos durante su construcción, debido a que el trabajo con la comunidad comenzó dos años antes del inicio de la obra. Solo una vez iniciado el llenado, en septiembre de 2013, vecinos interpusieron un recurso de protección -pues acusaron que restricción de acceso a sus casas- que detuvo el embalse de esta obra por una semana. Al final, la Corte de Apelaciones de Concepción y la Corte Suprema rechazaron la acción legal.

Endesa fijó junta de accionistas para el 22 de abril

(Estrategia) Para el próximo 22 de abril en el Estadio de Grupo Enersis, esta fijada la junta ordinaria de accionista de Endesa.

En el encuentro, se tratarán temas más comerciales como la repartición de utilidades, reparto de dividendos y aprobación de la memoria.

Además se espera que los directivos se pronuncien respecto a sus proyectos como el de Punta Alcalde luego que la Corte Suprema validara su RCA.

Por su parte, también se espera que se refieran a Los Cóndores, proyecto para el cual se firmó un acuerdo con los regantes del Maule.

A su vez, en la industria hay expectación sobre algún pronunciamiento luego de los dichos del ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien hace algunos días señaló que “tal como está el proyecto de HidroAysén, no es viable”.

Esto se suma a las declaraciones anteriores del presidente de la española Endesa, Borja Prado, quien indicó que “es un proyecto que debe ser llevado adelante de acuerdo con el gobierno”.

HidroAysén fue notificada sobre la decisión del Comité de Ministros y la calificó de dilatoria

HidroAysén fue notificada sobre la decisión del Comité de Ministros y la calificó de dilatoria

(El Mercurio) El martes, el último día del gobierno del Presidente Piñera, HidroAysén fue notificada de la decisión del Comité de Ministros adoptada el 30 de enero, día en que la instancia determinó solicitar estudios adicionales sobre el proyecto de centrales hidroeléctricas de 2.750 MW en la Patagonia, y cuya inversión se estima en US$ 3.500 millones.

La compañía realizó una declaración pública en que califica la resolución de extemporánea y dilatoria, lamentando la «desprolijidad y retraso injustificado del Comité de Ministros, pero al mismo tiempo reafirmamos que el desarrollo del potencial hidroeléctrico de los ríos del sur de Chile requiere ser parte de una política energética de Estado con la participación de diversos actores (Poder Ejecutivo, Congreso, organizaciones sociales y medioambientales y sector privado)». La empresa agregó que lo anterior debe tender hacia la definición de lineamientos para tener una matriz energética más limpia, segura y competitiva que la actual, «cuestión que esperamos sea una prioridad de las próximas autoridades», resaltó.

HidroAysén manifestó que los nuevos análisis solicitados por la autoridad fueron objeto de «diversos estudios elaborados por instituciones especializadas, informes que fueron entregados durante la tramitación ambiental que duró más de dos años y revisados por 36 servicios públicos y por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental. Este proceso permitió que HidroAysén obtuviera su aprobación ambiental y la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en mayo de 2011, la cual fue ratificada en su totalidad por los Tribunales de Justicia, tanto en las Cortes de Apelaciones de Coyhaique y Puerto Montt, como la Corte Suprema de Chile, durante los años 2011 y 2012».

Así, a juicio de la empresa hidroeléctrica de propiedad de Endesa y Colbún, la «decisión y forma de proceder del Comité de Ministros debilita la institucionalidad ambiental, primero, al obviar los plazos que la propia ley establece con precisión, y luego, al imponer estudios extemporáneos. El Comité de Ministros se demoró dos años y medio en analizar 35 reclamaciones, algo que según la ley debía ocurrir en un lapso de 60 días, para finalmente esquivar un pronunciamiento».

Por lo anterior, la compañía evalúa las acciones posibles para reencauzar el pronunciamiento «en su marco legal e institucional», indicó en la declaración.

En el caso del estudio que el comité solicitó en el ámbito de la hidrología, la firma recordó haber aportado ocho informes sobre la materia.

A su vez, precisó que en temas de modelos hidráulicos, construyó uno de los esquemas de simulación más completos y precisos logrados a la fecha relativos al comportamiento de los ríos Baker y Pascua.
En cuanto al estudio de localización de trabajadores, la firma indicó que diseñó el proyecto ubicando la zona de obras y campamentos alejados de áreas urbanas de Aysén.

La fórmula que baraja el próximo Gobierno para destrabar las inversiones

La fórmula que baraja el próximo Gobierno para destrabar las inversiones

(Diario Financiero) “Retomar desde el primer día el tiempo perdido” en materia de inversión energética y minera, es una de las prioridades del nuevo gobierno. Así lo anunció hace un par de días el jefe del comité económico y ministro de Hacienda designado, Alberto Arenas.

Una de las fórmulas que las nuevas autoridades tienen la intención de aplicar, según habrían manifestado durante los últimos días en algunos de los encuentros sostenidos con distintas instancias, es restablecer la coordinación entre los ministerios de energía, minería y medioambiente.

Conocedores de los planes de la administración que encabezará Michelle Bachelet, comentan que la constatación de dos hechos activó las alarmas: en los próximos cuatro años no está prevista la entrada de ningún proyecto de generación eficiente de magnitud y más del 40% de la cartera de inversión minera figura suspendida o retrasada. A ello hay que sumar que el rechazo ciudadano y la judicialización son el denominador común de ambas situaciones.

Quienes han compartido con las autoridades designadas dicen que el análisis del nuevo gobierno apunta a que en los últimos cuatro años la relación de las carteras de Energía y Minería con la de Medio Ambiente prácticamente fue nula, algo que se explica porque generalmente sus intereses están contrapuestos.

Si bien reconocen que este vínculo nunca ha sido estrecho, algo que quedó en evidencia en el período anterior de Bachelet, la idea que tendrían las nuevas autoridades es establecer un canal de comunicación permanente.

Algo de eso se habría dado el miércoles, ya que además de los miembros habituales del comité económico (Hacienda, Economía, Trabajo, Agricultura, Energía y Minería) también llegó hasta el comando de la presidenta electa el titular designado de Medio Ambiente, Pablo Badenier.

Aunque no hay claridad respecto de la figura que se utilizaría, trascendió que podría ser instalando “fast trackers” en estos tres ministerios. Ellos no sólo estarían vinculados entre sí, sino que también llevarían la relación con las empresas de ambos sectores, con el objeto de conocer sus inquietudes y anticipar eventuales escenarios de conflicto, ya sea, por ejemplo, producto de la gestión de la Superintendencia de Medio Ambiente o de la evaluación ambiental de proyectos.

En la industria eléctrica y minera admiten que en los últimos cuatro años escasearon los espacios de interacción con la autoridad, lo que -dicen- queda en evidencia al ver el estado de virtual paralización del flujo de inversiones.

Una de las intenciones del nuevo gobierno es reducir los flancos de judicialización de las iniciativas de inversión, básicamente con el objeto de de viabilizar la materialización de nuevos proyectos.

Nuevas áreas

Este interés de la administración entrante por abordar la realidad energética de una forma más amplia se refleja en el Ministerio de Energía, donde instalarían nuevas divisiones que abordarían especialmente los temas de relaciones comunitarias en general e indígenas en particular, así como medio ambiente y sustentabilidad. Esto último quedaría a cargo de Nicola Borregard, quien antes estuvo a cargo del extinto Programa País de Eficiencia Energética y dejaría la Fundación Chile para sumarse a la cartera que dirigirá Máximo Pacheco.

SMA reafirma su posición en caso Pascua Lama

El superintendente del Medio Ambiente, Juan Carlos Monckeberg, aseguró que la resolución con la que sancionarón al proyecto minero Pascua Lama en mayo pasado, y que recientemente fue anulada por el Tribunal Ambiental que la calificó de arbitraria e ilegal, tiene sustento.

«Nosotros creemos que evidentemente hay fundamentos jurídicos para respaldar nuestra actuación», sostuvo Monckeberg. En ese sentido, el superintendente aseguró que están «evaluando otras instancias y si eso plenamente se decide, será la Corte Suprema la que finalmente defina cual es el criterio que se debe aplicar».

Consultado sobre la implicancia que podría tener este fallo sobre otros casos, como el del proyecto minero Caserones, Monckeberg dijo que «hay que ver qué ocurre finalmente con esta discusión, hay vías que no se han agotado y eventualmente, cuando se zanje esta discusión, hay que ver cuál es el impacto que tiene esa decisión en los otros casos que están en tramitación».

Por otro lado, ayer la SMA entregó su primera cuenta pública. En ella informaron que en su primer año de funcionamiento realizaron más de 7.800 actividades de fiscalización y seguimiento ambiental, inició 70 procedimientos sancionatorios y recibió más de 1.600 denuncias, de las cuales 36,6% fueron hechas por la ciudadanía.
Por último, aseguró que los sectores económicos más fiscalizados durante el 2013 fueron saneamiento ambiental, minería, energía y pesca y acuicultura.

Centrales convencionales en construcción en el SIC caen 58% en cuatro años

(El Mercurio) No son pocas las voces que aseguran que el gran problema del sector eléctrico es el freno en el desarrollo de centrales convencionales -hidroeléctricas y termoeléctricas- en el centro-sur del país.

La preocupación se funda en la caída de este tipo de tecnologías a la hora de cuantificar la capacidad instalada de generación que quedará en construcción al final del gobierno de Sebastián Piñera. Según cifras de la Asociación de Generadoras, al término de este mandato se estarán levantando 805 MW de centrales tradicionales en el Sistema Interconectado Central (SIC), que abarca desde Taltal a Chiloé y donde se encuentra el 93% de los clientes regulados.

Dicha cifra es 58% más baja que los 1.949 MW que estaban en construcción en marzo de 2010 cuando finalizó el gobierno de Bachelet.

En la administración Piñera se registran dos grandes centrales que comenzaron su desarrollo en el SIC: la hidroeléctrica Alto Maipo (531 MW) y la termoeléctrica Guacolda 5 (152 MW), ambas de AES Gener.

En contraste, entre 2006 y marzo de 2010 se inició la construcción de las carboneras Bocamina II (350 MW) de Endesa, Santa María (342 MW) de Colbún y Ventanas IV (270 MW) de Gener. A estas se suman las hidroeléctricas de pasada La Confluencia (159 MW), La Higuera (153 MW) y Chacayes (106 MW), todas impulsadas por Pacific Hydro. En cuanto a las unidades de embalse, se contabiliza el inicio de la central Angostura (316 MW) de Colbún, la cual será inaugurada próximamente.

Por el contrario, el avance de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) ha sido mucho mayor entre 2010 y 2014. Durante ese período iniciaron su desarrollo 541 MW, mientras que en los cuatro años previos solo se ejecutaron 114 MW.

Preocupación

Este freno en las inversiones eléctricas ha provocado fuertes críticas desde las empresas. Altos ejecutivos sostienen que la paralización comenzó luego que Piñera le solicitara a la empresa GDF Suez que desistiera de construir la termoeléctrica Barrancones (540 MW), pese a que contaba con los permisos ambientales. Tras ese evento varios proyectos de generación convencionales fueron judicializados y algunos como Castilla (2.100 MW) se desecharon a raíz de fallos adversos en la Corte Suprema.

Otros actores del sector creen que el fenómeno es una tendencia mundial, pues las comunidades están reticentes a que grandes centrales se instalen en sus localidades. Según el gerente general de la Asociación de Generadoras, René Muga, los 805 MW que se están construyendo en el SIC no son suficientes para sostener el crecimiento de la demanda durante los próximos cuatro años. «Hay que sincerar la discusión. Se destaca como un logro la aprobación de más de 18.000 MW en este gobierno, pero el 78% corresponde a energías renovables que no entregan electricidad a toda hora. Además, lo que es considerado como un legado en energía al final de cada mandato son las centrales en construcción y en el ámbito de las convencionales el balance es pobre», dice.