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Origin frena inversión en Energía Austral y asume posición minoritaria

Origin frena inversión en Energía Austral y asume posición minoritaria

(Diario Financiero) Origin sufrió un nuevo traspié en sus planes en Chile, pues al fracaso en la compra del 50% de GasAtacama, esta vez la australiana decidió frenar su inversión en Energía Austral y se quedó con una participación minoritaria en esta firma que impulsa en Aysén el proyecto hidroeléctrico Cuervo (640 MW) la primero de tres centrales de este tipo.

La judicialización de esta iniciativa y la amenaza que representa para el futuro de la compañía, originalmente propiedad de la suiza Glencore, explican esta decisión.

“Consideramos que a la fecha no estaban las condiciones para incrementar la inversión, debido a la incertidumbre sobre la mejor manera de avanzar con el proyecto dado el proceso de judicialización en curso”, dijo un vocero de Origin Energy.

La Corte de Apelaciones de Aysén ratificó la aprobación ambiental de Cuervo, pero la semana pasada ese pronunciamiento fue impugnado ante la Corte Suprema.

A fines de febrero se realizó la modificación de la sociedad Energía Austral y de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial en dicho acto, junto con reducir en casi US$ 75 millones el capital social, se fijó la nueva estructura societaria donde Origin posee sólo el 34,2% de la propiedad y la minera tiene el 65,7%.

Lo que hizo Origin fue no ejercer la opción para alcanzar el 51% de Energía Austral, según acordó en 2012 con la entonces Xstrata. Entonces pagó US$ 75 millones y dejó pendiente un pago similar que ya no realizará. En Glencore dijeron que esta situación estaba considerada en el pacto de accionistas. “El equipo está trabajando para cumplir la RCA de la central Cuervo. Enfocados en estas tareas, Energía Austral está implementando ajustes a la organización para alinearla a las necesidades de la etapa actual de desarrollo del proyecto”, añadió Glencore.

La suiza habría ordenado desvincular a 11 trabajadores de un total cercano a 50. Consultados por esto en Energía Austral dijeron que no hablan sobre las decisiones de sus accionistas.

Glencore y Origin insistieron en su convicción del aporte que implica este proyecto y siguen analizando la línea de transmisión mayormente submarina para el complejo.

CAP revalúa proyecto que acordó con Endesa para destrabar Punta Alcalde

CAP revalúa proyecto que acordó con Endesa para destrabar Punta Alcalde

(Diario Financiero) CAP está revaluando la instalación en una de las chimeneas de la planta de Pellet de Huasco de un equipo de abatimiento de emisiones, que Endesa Chile ofreció como medida de mitigación para destrabar el proyecto termoeléctrico Punta Alcalde (740 MW), emplazado en la misma comuna de la Región de Atacama.

“Estamos revaluando ahora este proyecto y aún no tenemos una respuesta ante las nuevas variables que surgieron en el proceso y que son distintas a lo que se planteó inicialmente”, dijo ayer el gerente general del grupo, Fernando Reitich, durante la junta de accionistas.

Posteriormente, el ejecutivo explicó que esta revisión responde al fallo de la Corte Suprema que en enero ratificó la aprobación de la iniciativa de la filial de Enersis por parte del Comité de Ministros, que amparado en las mitigaciones adicionales propuestas por la eléctrica revirtió el rechazo inicial de la autoridad ambiental.

Reitich aseguró que el pronunciamiento de la Justicia incluyó condiciones adicionales que representan “un cambio total” de dicho proyecto, cuyos términos de materialización estaban siendo negociados por la acerera y la generadora.

“Este negocio de Punta Alcalde empezó hace muchos años y fue rechazado por la comunidad, después fue aprobado por el Comité de Ministros y después, hace poco, fue ratificado por la Corte Suprema, con una cantidad de nuevas condiciones que no tienen nada que ver con el proyecto que se pensó hace cuatro años, entonces, lo que hay que hacer es evaluar estas nuevas condiciones”, precisó.

El ejecutivo del grupo CAP añadió que uno de los requerimientos de la Suprema consiste en medir el aire en un zona diferente a la de la chimenea (donde, dijo, CAP emite la mitad de lo que fue autorizado por la autoridad) y en la cual confluyen las descargas de las distintas fuentes existentes en esa ciudad.“Eso supone que ahora ya casi se desliga el asunto de si es el precipitador electrostático la condición para que Punta Alcalde funcione y, además de eso, lo que la corte quiere es que por allá pase tal cosa. Además, este no es un problema nuestro, es de Endesa”, puntualizó el ejecutivo.

Reitich señaló que en este momento aún están entendiendo lo que implican las exigencias planteadas por la Suprema y a partir de ello estudiando el proyecto, “porque antes evaluamos con reglas del juego que eran distintas y que implicaban que pusiéramos un número de fichas y ahora podría implicar hacer el proyecto de otra forma, poner menos fichas o incluso no jugar”, ejemplificó Reitich.

Ampliar desaladora

CAP está conversando con cuatro mineras, entre ellas Pucobre, para firmar contratos de abastecimiento de agua que gatillen la tercera fase de la planta de desalinización que la firma construyó en Atacama y que tiene una capacidad total de 600 litros por segundo (lt./seg).

Por estos días la empresa está realizando la marcha blanca de esta instalación que desarrolló a través de la filial Cleanairtech Sudamérica, donde la acerera tiene el 51% de la propiedad y la japonesa Mitsubishi tiene el 49% restante. Las dos primeras fases de la planta, que representan una producción de unos 400 lt./seg, demandaron una inversión de US$ 400 millones para abastecer los requerimientos de su planta de magnetita y del proyecto Cerro Negro Norte, así como de la mina Caserones, de Lumina Copper.

Plan de inversión

El plan de inversión de grupo CAP para este año alcanzará los US$ 650 millones, buena parte de los cuales serán destinados a finalizar el proyecto Cerro Negro Norte, que en mayo comenzaría la etapa de puesta en marcha, la que podría extenderse unos seis meses, según las estimaciones del gerente general, Fernando Reitich.

Esta iniciativa minera permitirá a la firma sumar 4 millones de toneladas anuales de pellet feed de hierro.

En tanto, la intención de la administración de la acerera es definir hacia fines de 2014 el próximo gran proyecto minero que acometerán en los próximos años, para lo cual disponen de una serie de alternativas compuestas por yacimientos de hierro, cobre y otros que mezclan ambos metales.

Las iniciativas podrían ir desde los US$ 100 millones hasta los US$ 5.000 millones, dijo.

Acero: bajar pérdidas

La expectativa que tienen en Grupo CAP es que la readecuación productiva y operacional, así como el «brutal» ajuste de costos que implementaron durante 2013 en su filial siderúrgica permitirá reducir las pérdidas de ésta.

El gerente general de la firma, Fernando Reitich, explicó que el ideal sería bajar a cero este indicador hacia el final del ejercicio.

En lo relativo a los ajustes, que implicaron suspender la fabricación de productos planos para privilegiar las líneas de largos (que tienen mejores perspectivas de mercado), con la consiguiente reducción de personal, el ejecutivo precisó que lo grueso de ese proceso ya concluyó, aunque no descartó la posibilidad de realizar nuevas adecuaciones menores que pudieran implicar desvinculaciones de personal.

Reforma Tributaria

Consultado por el impacto de la reforma tributaria, el gerente general de CAP expresó preocupación por este proceso ya que «ciertamente nos cambian los parámetros en nuestra evaluación, inevitablemente».

El ejecutivo añadió que hay varios factores del proyecto que inciden directamente en sus actividades, aunque precisó que por el estado de la iniciativa, aún en trámite legislativo, aún no saben cuál será su alcance.

«Espero y confío que la autoridad escuche a todos los actores y eventualmente, saque una reforma tributaria que sea capaz de equilibrar el crecimiento del país con el decrecimiento de la desigualdad», dijo ayer tras la junta de accionistas.

También planteó que la autoridad podría evaluar medidas para proteger la producción de acero local de las importaciones chinas que amenazan a la industria.

Cable urbano enfrenta a Estado y privados en millonarias demandas

Cable urbano enfrenta a Estado y privados en millonarias demandas

(El Mercurio) En una compleja madeja de millonarias facturas sin cobrar, obras de traslado que por años esperan el visto bueno y acusaciones mutuas entre Estado y privados se ha convertido el problema de la red de cableado urbano.

El tema, del que nadie accede a hablar con nombre y apellido, mantiene sumidos en un conflicto al Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Subsecretaría de Telecomunicaciones y a las principales compañías de servicios eléctricos y de telecomunicaciones, que hasta la fecha ha generado demandas cruzadas por más de US$ 300 millones.

Todo comenzó en la década de los 80 cuando se estableció por ley que «los titulares de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho a tender o cruzar líneas aéreas o subterráneas en calles, plazas, parques, caminos y otros bienes nacionales de uso público, solo para los fines específicos del servicio respectivo». Desde entonces las compañías aprovechan el vacío legal que le impide al Estado obligarlas a catastrar, mantener o remover dichas líneas cada vez que se deba intervenir una vía.

Solo en el área urbana de Santiago existen más de 15 mil km de cables suspendidos sobre más de 30 mil postes de tendido eléctrico, que por norma no pueden cargar más de tres cables de baja o mediana tensión, pero en la práctica soportan unos 12.

Según un catastro que levantó en 2011 el área de inspección fiscal del MOP, del total de cables, el 40% está en desuso.

Si bien el área de Concesiones del MOP y Telecomunicaciones han hecho esfuerzos por ordenar el asunto, topan con el problema de que no existe un catastro formal. Desde entonces, el fisco ha tenido que financiar -junto con los municipios- estudios particulares cada vez que se emprende un nuevo proyecto vial o remodelación que implique mover postes.

La situación se agudizó a partir de 2002, cuando se inició la construcción de las cuatro mayores autopistas urbanas de Santiago. Como las empresas se negaron a financiar los cambios de servicio aduciendo que las vías eran parte del bien de uso público fiscal, el MOP debió encargar a las concesionarias más de 4.000 proyectos para mover los postes, lo que le demandó gastos por alrededor de US$ 300 millones.

Tanto el MOP como el CDE iniciaron una ofensiva legal para recuperar los gastos, pero hasta ahora solo una pequeña fracción se ha recuperado.

Desde el CDE explicaron que ese organismo maneja 289 causas por postes por un total de casi $35 mil millones. Hasta ahora «se ha obtenido a favor del fisco la suma de $7.115 millones», comentan.

Consultado respecto de los acuerdos alcanzados sin juicio y por qué no se demandó la restitución total de los fondos adeudados, la entidad afirmó que está facultada por ley «para transigir cuando los intereses fiscales así lo aconsejan. La utilización de este mecanismo ha permitido al fisco recuperar con prontitud montos muy significativos y evitar juicios de larga duración».

Según la fiscalía del MOP, de un total de $17 mil millones resumidos en 140 juicios, a la fecha se ha ganado en la Corte Suprema un total de $2.183 millones, quedando pendientes pagos por otras 87 demandas.

La cartera añadió que ante la gravedad de la situación, en los últimos meses se han logrado acuerdos con Chilectra, Entel y VTR. «Se han comprometido al pago extrajudicial de facturas pendientes por cambios de servicio por el 80% de los costos y la mitad del IVA», afirman.

Además, en forma inédita, dicen en el MOP que «las empresas mencionadas se han comprometido, a contar de la vigencia de estos acuerdos judiciales, a ejecutar todas las obras de cambios de servicio que correspondan a su entero costo».

Bocamina II: Confepach exigió Estudio de Impacto Ambiental a proyecto de Endesa

Bocamina II: Confepach exigió Estudio de Impacto Ambiental a proyecto de Endesa

(Confepach) La Confederación Nacional de Federaciones  de Pescadores de Artesanales de Chile (Confepach), que logró en la Corte Suprema el fallo que obligó a Endesa a someter a la termoeléctrica de Coronel (Región del Biobío)  a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en la ampliación de Bocamina II, se hizo parte en el recurso que mantiene paralizadas las operaciones de esta termoeléctrica.

A poco de que la Corte de Apelaciones de Concepción se pronuncie sobre la acción cautelar presentada en diciembre por algueras y pescadores de la caleta Lo Rojas, la Confepach ingresó en el tribunal de alzada un escrito haciéndose parte del recurso.

En el documento firmado por los abogados Renato Fuentalba y Roberto Coloma se pide acoger la acción legal que mantiene fuera de funcionamiento Bocamina II, argumentando los daños ambientales que ha causado la termoeléctrica en la comuna de Coronel.

El asesor de la Confepach, Hugo Arancibia, informo que decidieron adherirse al recurso de protección porque todo el caso contra Endesa -dijo- se originó en el fallo logrado por la confederación en la Corte Suprema, dictamen que ha influido en las investigaciones administrativas y judiciales contra la segunda unidad.

“El objetivo ahora, agregó Arancibia, es que la corte penquista ordene a Endesa un EIA integral de todo el complejo termoeléctrico”.

El tribunal de alzada deberá pronunciarse próximamente sobre la acción cautelar luego de recibir todos los informes solicitados al Servicio de Evaluación Ambiental, a la generadora e incluso a la Fiscalía que investiga la varazón de recursos marinos en la costa de la comuna de Coronel.

Bocamina: piden a Endesa evaluar medidas similares a Punta Alcalde

Bocamina: piden a Endesa evaluar medidas similares a Punta Alcalde

(Diario Financiero) Endesa Chile tendrá que cubrir un nuevo frente relacionado con la termoeléctrica Bocamina, ya que la autoridad ambiental le pidió a la firma evaluar la implementación en la segunda unidad de este complejo de medidas similares a aquellas que comprometió en Punta Alcalde, proyecto -también térmico- que la filial de Enersis impulsa en Atacama.

En concreto, la dirección regional del Biobío del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le solicitó a la generadora que analice la opción de instalar en la unidad -actualmente paralizada por orden judicial- un domo para el almacenamiento del carbón que utilizará la central y que forma parte de las medidas de control de emisiones de material particulado.

“El titular deberá describir y evaluar la posibilidad de implementar un sistema de domos o techumbres sobre las canchas de carbón”, plantea la autoridad regional.

Lo anterior es parte del primer Informe Consolidado de Solicitudes, Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (Icsara) que la empresa recibió hace unos días en el marco de la evaluación de la optimización de Bocamina II, proyecto con el cual la compañía busca elevar de 350 MW a 370 MW la capacidad de esta unidad, junto con otras adecuaciones que en su totalidad demandarán una inversión de US$ 184 millones.

Cabe recordar que inicialmente Endesa Chile presentó esta iniciativa al SEA como una declaración de impacto ambiental, lo que fue invalidado por la Corte Suprema que determinó que la firma debía tramitar un estudio de impacto ambiental. En paralelo, la eléctrica enfrenta un proceso de sanción por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por las diferencias entre la infraestructura que se aprobó ambientalmente y lo que la compañía finalmente construyó.

Más allá de la proposición, la autoridad adelanta en uno de los pasajes del documento que “lo anterior (implementar domos) es sin perjuicio de que se esté evaluando este sistema como exigencia por parte de la autoridad, según lo que arrojen los resultados finales de esta evaluación ambiental”.

En total el Icsara remitido a Endesa Chile considera 176 observaciones, relacionadas con distintos elementos relacionados con la operación de esta unidad.