(El Mercurio) El martes, el último día del gobierno del Presidente Piñera, HidroAysén fue notificada de la decisión del Comité de Ministros adoptada el 30 de enero, día en que la instancia determinó solicitar estudios adicionales sobre el proyecto de centrales hidroeléctricas de 2.750 MW en la Patagonia, y cuya inversión se estima en US$ 3.500 millones.
La compañía realizó una declaración pública en que califica la resolución de extemporánea y dilatoria, lamentando la «desprolijidad y retraso injustificado del Comité de Ministros, pero al mismo tiempo reafirmamos que el desarrollo del potencial hidroeléctrico de los ríos del sur de Chile requiere ser parte de una política energética de Estado con la participación de diversos actores (Poder Ejecutivo, Congreso, organizaciones sociales y medioambientales y sector privado)». La empresa agregó que lo anterior debe tender hacia la definición de lineamientos para tener una matriz energética más limpia, segura y competitiva que la actual, «cuestión que esperamos sea una prioridad de las próximas autoridades», resaltó.
HidroAysén manifestó que los nuevos análisis solicitados por la autoridad fueron objeto de «diversos estudios elaborados por instituciones especializadas, informes que fueron entregados durante la tramitación ambiental que duró más de dos años y revisados por 36 servicios públicos y por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental. Este proceso permitió que HidroAysén obtuviera su aprobación ambiental y la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en mayo de 2011, la cual fue ratificada en su totalidad por los Tribunales de Justicia, tanto en las Cortes de Apelaciones de Coyhaique y Puerto Montt, como la Corte Suprema de Chile, durante los años 2011 y 2012».
Así, a juicio de la empresa hidroeléctrica de propiedad de Endesa y Colbún, la «decisión y forma de proceder del Comité de Ministros debilita la institucionalidad ambiental, primero, al obviar los plazos que la propia ley establece con precisión, y luego, al imponer estudios extemporáneos. El Comité de Ministros se demoró dos años y medio en analizar 35 reclamaciones, algo que según la ley debía ocurrir en un lapso de 60 días, para finalmente esquivar un pronunciamiento».
Por lo anterior, la compañía evalúa las acciones posibles para reencauzar el pronunciamiento «en su marco legal e institucional», indicó en la declaración.
En el caso del estudio que el comité solicitó en el ámbito de la hidrología, la firma recordó haber aportado ocho informes sobre la materia.
A su vez, precisó que en temas de modelos hidráulicos, construyó uno de los esquemas de simulación más completos y precisos logrados a la fecha relativos al comportamiento de los ríos Baker y Pascua.
En cuanto al estudio de localización de trabajadores, la firma indicó que diseñó el proyecto ubicando la zona de obras y campamentos alejados de áreas urbanas de Aysén.