En 2019 en Chile se instalaron casi 1.000 MW de potencia ERNC adicionales a lo que había en 2018, llegando a cerca de 6.000 MW, lo que representa una participación del 23,3% respecto a los 25.320 MW de capacidad instalada en el país. En términos de energía, de los 77.200 GWh de energía eléctrica generada en 2019, las ERNC fueron responsables de producir 14.900 GWh, lo que equivale a un 19,3%, muy cerca del 20% que por ley debería cumplirse a 2025. Y en varias horas del año, sobre el 40% de toda la electricidad consumida en Chile, provino de fuentes ERNC.
Las perspectivas para 2020 son auspiciosas. Actualmente, hay casi 4.000 MW de potencia ERNC declarada en construcción y más de 20.000 MW en calificación ambiental. Sin duda, las altas tasas de crecimiento de la participación renovable son una buena noticia para el país, ya que no sólo son la principal razón de la importante rebaja de precios de energía que los clientes regulados tendrán a partir de 2021, y de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector, sino que también han hecho una importante contribución a la inversión, a la generación de empleos de alta calificación y a construir una nueva relación de la industria energética con las comunidades en la cuales se instalan los proyectos.
Estas buenas noticias hacen que el sector renovable se sienta orgulloso de los resultados obtenidos por el esfuerzo realizado durante los últimos años por tantas mujeres y hombres que han visto en esta industria una fuente de verdadero desarrollo sostenible para nuestro país. Sin perjuicio de lo anterior, los buenos resultados obtenidos hasta el momento no nos aseguran que ellos se repitan en el futuro. Para que esto suceda, el sector debe seguir trabajando para avanzar en los múltiples desafíos que impone la transición energética. No hay que olvidar que todavía hay un 56,4% de nuestra electricidad que es producida mediante la quema de algún tipo de combustible fósil y que la energía eléctrica representa solo un 22% de nuestra matriz energética secundaria.
Para lograr el anhelo de contar con una matriz eléctrica 100% renovable antes de 2040, hay que tener conciencia que cada punto porcentual adicional será cada vez más difícil de lograr. Así, será necesario que trabajemos en conjunto por el desarrollo de políticas públicas integrales y de largo plazo, con metas claras y ambiciones concretas. Se debe fortalecer la participación de la generación distribuida y modificar el impuesto a las emisiones de CO2 para que se transforme en una verdadera herramienta de reducción de emisiones y no de mera recaudación fiscal, además de promover aquellas políticas públicas que vayan en línea con hacer los cambios de mercado necesarios para que prontamente se eliminen las barreras regulatorias que hoy enfrentan los sistemas de almacenamiento y se desarrolle un sistema eléctrico flexible, resiliente y eficiente.
Replicar el modelo diseñado para la inserción de energías renovables a través de la Ley N°20.257, estableciendo porcentajes incrementales de comercialización de vehículos eléctricos respecto del parque automotor convencional, con cargos a pagar por los importadores que no lo cumplen, y un impuesto progresivo a los motores diésel de unidades nuevas, es una de las propuestas que se plantean en el documento «Políticas públicas para una adecuada implementación de la electromovilidad en Chile».
El trabajo fue realizado por Eduardo Escalona, socio a cargo de Energía y Mercados Regulados en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría., y Bárbara Julio, asociada del estudio, quienes señalan que el impulso rápido de la electromovilidad puede tener un impacto relevante en la disminución de las emisiones que genera el transporte en el país.
El estudio analiza los espacios de mejora para Chile, y propone políticas públicas concretas que logren impulsar el mercado de la electromovilidad chileno.
«En nuestro análisis hemos considerado una premisa esencial: el desarrollo de la electromovilidad no debe diseñarse sobre la base de subsidios ni transferencias de recursos del sector público al privado, sino mediante la implementación de regulaciones que nos permitan aprovechar tempranamente el crecimiento exponencial de esta industria y su reducción de costos, tal como ocurrió con la exitosa inserción de las energías renovables en Chile», sostiene Eduardo Escalona.
«En particular, respecto a la comercialización de vehículos eléctricos, como medidas más relevantes proponemos replicar el modelo diseñado para la inserción de energías renovables a través de la Ley N°20.257, por la vía de establecer porcentajes incrementales de comercialización de vehículos eléctricos respecto del parque automotor convencional, estableciendo cargos a pagar por los importadores que no lo cumplen, y, adicionalmente, establecer un impuesto progresivo a los motores diésel de unidades nuevas», precisa el abogado.
En cuanto a la infraestructura de carga, en el documento se plantea «promover un modelo de colaboración público – privado (public private partnership) enfocado en iniciativas que impliquen inversiones orientadas a la investigación y desarrollo de innovaciones para la infraestructura de carga, reacondicionamiento de vehículos eléctricos (especialmente de las baterías) y tratamiento de los desechos y residuos de los componentes de la infraestructura de carga, vehículos y baterías; todo lo anterior, desde la perspectiva de creación de valor a través de patentes de invención, diseño de utilidad y otros tipos de categorías de propiedad intelectual».
«En definitiva, el principal desafío será la adopción de medidas adecuadas y efectivas para permitir la expansión del mercado de la electromovilidad e, idealmente, acelerar su inserción en todas las actividades económicas y en los consumidores, para lograr una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero y contribuir a contrarrestar los efectos del cambio climático», se concluye.
(La Tercera-Pulso) Hace siete meses que Juan Carlos Jobet asumió como ministro de Energía, en medio de diversos frentes que tenía la industria. El año pasado lo terminó cerrando varios de estos, como concretar la Ley Corta de Distribución y la creación de la polémica normativa para los pequeños medios de generación (PMGD).
Otro punto importante fue lograr un acuerdo con El Campesino para que la empresa entregue la energía que se les exigía desde inicios de 2019 y, por último, congelar las tarifas de las cuentas de luz en medio de reiteradas alzas. Así, el Ministro, hizo un positivo balance del segundo semestre del año pasado y, dice, ya está enfocado en avanzar con la estrategia de 2020; que presentó en la jornada del viernes ante el consejo de gabinete ampliado.
En marzo será un mes de ingresos de proyectos al Congreso y anuncios. Las iniciativas parlamentarias que ingresará Energía serán dos: modernizar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y Ley Larga de Distribución.
La primera está siendo mirada desde cerca por la industria, pues lo que se busca es aumentar las atribuciones que tiene actualmente la Superintendencia. Es más, ya no será solo para la electricidad y combustibles, sino que para todo lo energético, como adelantó Jobet. Así, señaló que “vamos a reforzar la SEC, vamos a ampliar el ámbito de acción de ella. Además, le vamos a dar más atribuciones, modernizar algunos procesos y tratar de avanzar con más tecnologías
en los procesos”.
En tanto, la Ley Larga es uno de los proyectos que está siendo más esperado por la industria, pues la actual legislación está vigente desde hace más de 30 años. El ministro de Energía señaló que estará marcada por diversos ejes. El primero tiene relación con la provisión de infraestructura, es decir, dejar a las empresas que sigan ese monopolio (cables, postes y transformadores), pero ajustando un poco el modelo de fijación tarifaria.
Otro punto relevante será la comercialización, donde se busca abrir ese mercado a la competencia y así los clientes podrán elegir a quién comprarle energía. En esa línea, se hará una licitación para la administración de toda la información de los clientes, lo que va a permitir que ese ente externo ponga esa información a disposición de esa industria. Además, se quiere actualizar el régimen de multas a las compañías y de compensación.
Otro eje que está trabajando desde hace algunos meses el Ministerio de Energía, es en la estrategia de transición para
la matriz térmica residencial. Para eso, se realizó un levantamiento de las 45 ciudades del país con más contaminación y se desarrolló un índice de relevancia del problema. Posteriormente se hizo un análisis en cada ciudad de cuáles son los escenarios actuales de costo de generar calor.
“La leña es la más barata, pero tiene una externalidad negativa gigante que nadie paga. Estamos trabajado en cuáles son las alternativas (eléctrica, gas natural, etc.) ciudad por ciudad”, señaló Jobet. Agregó que están viendo cuáles son los costos económicos y los costos de los beneficios cualitativos.
“Esto es una estrategia, no solo un proyecto de ley. Para cada uno de los energéticos: leña, eléctrico, gas y pellets identificamos todos los temas regulatorios que hay que actualizar para que sea competitivo, y también todos los programas públicos que hay en marcha y cómo los tendríamos que repensar para que funcionen y todas las alianzas público-privada”, agregó el Ministro.
En marzo también se anunciará un programa para que la gente pueda instalar paneles solares en sus casas. Para eso, el gobierno va a hacer una compra agregada paneles y dar un subsidio a la instalación de estos, que va a ser más grande en las viviendas más baratas. A esto se le suma un crédito verde del BancoEstado que es preferencial.
Entonces, “la combinación entre comprar con descuento -porque se compra con volumen-, recibir un subsidio y tener un crédito barato, debiera permitir que las familias más vulnerables y clase media puedan con la misma cuenta de la luz ahorrar más”, explicó Jobet.
En un inmejorable momento se encuentra la división de Aseo Industrial de Pesco, empresa con presencia de más de 20 años en el país y líder en la venta de equipos y maquinarias para el área minera, de energía, forestal, medio ambiental, municipal y de emergencia.
Así lo da a conocer el subgerente de Ventas de Aseo Industrial de la empresa, Daniel Gaioli, quien destaca que “el año pasado la compañía batió todos los récords con la venta de 24 camiones aspiradores industriales Supersucker debido, en gran parte, a la mayor fiscalización que hoy en día existe en minería y además con la entrada en vigencia de la normativa sobre material particulado en suspensión”. Sin embargo, agrega Gaioli que “este año también partió bien, ya que a mediados de enero pasado ya teníamos comprometidos con nuestros clientes la venta de 8 unidades de dicho camión, de un total de 17 proyectados para ser entregados tanto al sector minero como al de energía durante este año”, resalta.
Cabe señalar que la empresa mantiene a la fecha, en total, 140 equipos aspiradores operando en el norte del país en el sector minero y energético.
Respecto de la excelente respuesta que este equipo tiene en el mercado Gaioli explica que “el Supersucker es un equipo aspirador de alto vacío con capacidad de succión de 6.000 CFM y de 28” de mercurio montado sobre un camión Freightliner que está presente hace 15 años en el mercado”. El ejecutivo añade que “el Supersucker es solicitado siempre en todas las licitaciones de aseo industrial en las que se presentan nuestros clientes, es decir, es un equipo ya probado en la industria minera y en el sector energético, por lo tanto los usuarios y las propias empresas mandantes prácticamente no evalúan otras soluciones que no sea este equipo, esto debido a la gran performance que ha mostrado en la industria”, afirma.
Junto a lo anterior, y aún cuando el equipo de aspirado es el de mayor costo en el mercado, el ejecutivo resalta que los clientes lo prefieren debido a la serie de prestaciones y respaldo que la empresa les entrega. En este sentido Gaioli señala que “nuestra oferta de valor también incluye un servicio técnico y de postventa de primera calidad, suministro de repuestos, capacitaciones técnicas en terreno y una flota de camionetas destinadas a atender los casos de emergencia, entre otras prestaciones”.
Desde Pesco destacan que como empresa, al conocer el mercado, se anticipan a las necesidades de este y se preparan con stock de equipos prácticamente ochos meses antes. Esto le da una ventaja al cliente para poder partir con la solución a tiempo, ya que son equipos de fabricación larga: un equipo toma hasta 240 días y, en caso de que se tenga que partir de inmediato, se cuenta con una flota para cubrir esa necesidad mediante un arriendo.
Desempeño en centrales
Respecto del desempeño específico en el sector de energía, Gaioli comenta que los equipos de aspirado son utilizados actualmente con éxito por las compañías generadoras en labores de limpieza de cenizas y material en zonas de difícil acceso tales como debajo de correas transportadoras de carbón. “Actualmente tenemos un camión operando en termoeléctrica Mejillones y dos unidades más en las instalaciones de termoeléctrica Guacolda”, señala el ejecutivo quien agrega que “otro de los usos más frecuentes de estos equipos en las instalaciones portuarias de las termoeléctricas es la limpieza de las bodegas de los barcos que transportan carbón u otros elementos”.
Futuro del Supersucker
Respecto de los desafíos futuros, el ejecutivo indica que uno de los objetivos de Pesco en el mediano plazo es posicionar las ventajas del camión aspirador en otras industrias que no sean minería y energía tales como forestal, del salmón, celulosa y también refinerías, ubicadas en el sur del país. “En este sentido estamos analizando distintas fórmulas para acceder a esos mercados que podría considerar, por ejemplo, el arriendo a largo plazo para suministrar nuestros equipos”, concluye Gaioli.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)confirmó que, durante 2019, el número de productos certificados superó los 600 millones de unidades, abarcando artículos que van desde cargadores de celulares hasta válvulas, reguladores y conexiones utilizadas en instalaciones de gas y eléctricas.
Según las cifras del organismo fiscalizador, fueron 601.324.117 los productos que obtuvieron su Sello SEC el pasado año, distintivo que acredita que cumplen con las disposiciones establecidas, en la normativa vigente, para un uso seguro, ya sea que operen con electricidad, gas o combustibles como el diésel o kerosene.
En el caso de los artículos eléctricos, durante 2019 fueron certificados más de siete millones de cargadores de celulares, mientras que la cifra de televisores con Sello SEC llegó al 1.700.000 unidades aproximadamente. En el sector de combustibles, en tanto, la cantidad de calefones que obtuvieron este distintivo, bordea los 580.000, lo que se suma a los más de 690 mil cilindros de GLP certificados.
El superintendente de la SEC, Luis Ávila, indicó que «las y los ciudadanos son los primeros llamados a exigir que los productos disponibles en el comercio, y que operen con energéticos, cuenten con su Sello SEC, distintivo que acredita que cumplen con la normativa para un uso seguro, minimizando eventuales situaciones de riesgo que podrían afectar a personas o bienes materiales».
Por su parte, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, indicó que «es fundamental que cada uno de nosotros verifique, a través del Código QR del SELLO SEC, que los productos que estamos comprando en el mercado, estén debidamente certificados, desde el punto de vista de seguridad».
Desde su implementación, en 2012, el Sello SEC le permite a la ciudadanía acceder a la información de todo producto, ya sea eléctrico o de combustibles, disponible en el comercio y que tenga, según la normativa, obligación de acreditar que su uso es seguro.
Para conocer en detalle los datos de un producto con Sello SEC, basta escanear, usando un teléfono celular, el código QR presente en la etiqueta, lo que desplegará sus características e información adicional. También, es posible ingresar el código numérico presente en el Sello SEC en el sitio web www.sec.cl.
