El viceministro de Electricidad de Perú, Miguel Révolo Acevedo, destacó que la propuesta normativa elaborada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para impulsar el uso de autos eléctricos en el país, se encuentra en una primera fase que contempla la difusión de sus beneficios para la ciudadanía, mientras realiza un análisis multisectorial para asegurar el adecuado despliegue de la electromovilidad.
Adelantó que el Minem viene evaluando los comentarios realizado por diversos sectores al proyecto de Decreto Supremo del Minem, que aprueba las “Disposiciones para facilitar el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos e híbridos y su infraestructura de abastecimiento”, publicado en agosto de 2019.
“En la actualidad venimos culminando el análisis de los comentarios y sugerencias que se han recibido para esta norma, que son muchos, y el próximo mes esperamos hacer la publicación”, señaló durante su participación en el evento “Electromovilidad en América Latina y el Caribe”, organizado por el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El viceministro detalló que la norma precisa que la recarga de los autos eléctricos se realizará en condiciones de competencia y podrán ser desarrollados en espacios de acceso público; asimismo, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería velará por los aspectos técnicos y de seguridad, y ante alguna evidencia de distorsiones, esta entidad podrá establecer un sistema de competencia vigilada al servicio de carga de eléctrica.
Eficiencia energética
Durante su exposición, denominada “Electromovilidad y sus Perspectivas”, la autoridad peruana afirmó que más 40% del consumo energético final del país corresponde al sector transporte, el cual es responsable de cerca del 65% del total de emisiones de gases de efecto invernadero y del 66% aproximadamente de la producción de dióxido de carbono, entre otros, lo que ocasiona diversos impactos.
Para ejemplificar, dijo que la eficiencia energética de un motor a combustión con gasolina se ubica entre 17% y 21%, mientras que el vehículo eléctrico está entre 59% y 62%, “lo que revela que el vehículo eléctrico es tres veces más eficiente”.
En virtud de esa problemática, sostuvo el funcionario del Minem, se plantea la necesidad de “establecer políticas públicas que impulsen la migración hacia un parque vehicular energéticamente más eficiente para reducir efectos ambientales, daños en la salud, la vulnerabilidad del país por la dependencia de combustibles importados, el cumplimiento de compromisos internacionales, entre otros”.
En 2019 en Chile se instalaron casi 1.000 MW de potencia ERNC adicionales a lo que había en 2018, llegando a cerca de 6.000 MW, lo que representa una participación del 23,3% respecto a los 25.320 MW de capacidad instalada en el país.
En términos de energía, de los 77.200 GWh de energía eléctrica generada en 2019, las ERNC fueron responsables de producir 14.900 GWh, lo que equivale a un 19,3%, muy cerca del 20% que por ley debería cumplirse a 2025. Y en varias horas del año, sobre el 40% de toda la electricidad consumida en Chile, provino de fuentes ERNC.
Las perspectivas para 2020 son auspiciosas. Actualmente, hay casi 4.000 MW de potencia ERNC declarada en construcción y más de 20.000 MW en calificación ambiental. Sin duda, las altas tasas de crecimiento de la participación renovable son una buena noticia para el país, ya que no sólo son la principal razón de la importante rebaja de precios de energía que los clientes regulados tendrán a partir de 2021, y de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector, sino que también han hecho una importante contribución a la inversión, a la generación de empleos de alta calificación y a construir una nueva relación de la industria energética con las comunidades en la cuales se instalan los proyectos.
Estas buenas noticias hacen que el sector renovable se sienta orgulloso de los resultados obtenidos por el esfuerzo realizado durante los últimos años por tantas mujeres y hombres que han visto en esta industria una fuente de verdadero desarrollo sostenible para nuestro país. Sin perjuicio de lo anterior, los buenos resultados obtenidos hasta el momento no nos aseguran que ellos se repitan en el futuro. Para que esto suceda, el sector debe seguir trabajando para avanzar en los múltiples desafíos que impone la transición energética. No hay que olvidar que todavía hay un 56,4% de nuestra electricidad que es producida mediante la quema de algún tipo de combustible fósil y que la energía eléctrica representa solo un 22% de nuestra matriz energética secundaria.
Para lograr el anhelo de contar con una matriz eléctrica 100% renovable antes de 2040, hay que tener conciencia que cada punto porcentual adicional será cada vez más difícil de lograr. Así, será necesario que trabajemos en conjunto por el desarrollo de políticas públicas integrales y de largo plazo, con metas claras y ambiciones concretas. Se debe fortalecer la participación de la generación distribuida y modificar el impuesto a las emisiones de CO2 para que se transforme en una verdadera herramienta de reducción de emisiones y no de mera recaudación fiscal, además de promover aquellas políticas públicas que vayan en línea con hacer los cambios de mercado necesarios para que prontamente se eliminen las barreras regulatorias que hoy enfrentan los sistemas de almacenamiento y se desarrolle un sistema eléctrico flexible, resiliente y eficiente.
En 2019 en Chile se instalaron casi 1.000 MW de potencia ERNC adicionales a lo que había en 2018, llegando a cerca de 6.000 MW, lo que representa una participación del 23,3% respecto a los 25.320 MW de capacidad instalada en el país.
En términos de energía, de los 77.200 GWh de energía eléctrica generada en 2019, las ERNC fueron responsables de producir 14.900 GWh, lo que equivale a un 19,3%, muy cerca del 20% que por ley debería cumplirse a 2025. Y en varias horas del año, sobre el 40% de toda la electricidad consumida en Chile, provino de fuentes ERNC.
Las perspectivas para 2020 son auspiciosas. Actualmente, hay casi 4.000 MW de potencia ERNC declarada en construcción y más de 20.000 MW en calificación ambiental. Sin duda, las altas tasas de crecimiento de la participación renovable son una buena noticia para el país, ya que no sólo son la principal razón de la importante rebaja de precios de energía que los clientes regulados tendrán a partir de 2021, y de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector, sino que también han hecho una importante contribución a la inversión, a la generación de empleos de alta calificación y a construir una nueva relación de la industria energética con las comunidades en la cuales se instalan los proyectos.
Estas buenas noticias hacen que el sector renovable se sienta orgulloso de los resultados obtenidos por el esfuerzo realizado durante los últimos años por tantas mujeres y hombres que han visto en esta industria una fuente de verdadero desarrollo sostenible para nuestro país. Sin perjuicio de lo anterior, los buenos resultados obtenidos hasta el momento no nos aseguran que ellos se repitan en el futuro. Para que esto suceda, el sector debe seguir trabajando para avanzar en los múltiples desafíos que impone la transición energética. No hay que olvidar que todavía hay un 56,4% de nuestra electricidad que es producida mediante la quema de algún tipo de combustible fósil y que la energía eléctrica representa solo un 22% de nuestra matriz energética secundaria.
Para lograr el anhelo de contar con una matriz eléctrica 100% renovable antes de 2040, hay que tener conciencia que cada punto porcentual adicional será cada vez más difícil de lograr. Así, será necesario que trabajemos en conjunto por el desarrollo de políticas públicas integrales y de largo plazo, con metas claras y ambiciones concretas. Se debe fortalecer la participación de la generación distribuida y modificar el impuesto a las emisiones de CO2 para que se transforme en una verdadera herramienta de reducción de emisiones y no de mera recaudación fiscal, además de promover aquellas políticas públicas que vayan en línea con hacer los cambios de mercado necesarios para que prontamente se eliminen las barreras regulatorias que hoy enfrentan los sistemas de almacenamiento y se desarrolle un sistema eléctrico flexible, resiliente y eficiente.
(Emol) Por segunda semana consecutiva, el precio de la gasolinas de todos los octanajes y el diésel registraron bajas de $6. En ese escenario, el ministro (s) de Hacienda, Francisco Moreno, sostuvo que si se mantienen las condiciones internacionales que han impulsado el retroceso de estos valores, las bencinas en el país podrían presentar nuevas caídas.
«Tenemos una muy buena noticia para todos los consumidores: a partir de hoy, jueves 6 de febrero, los precios de las gasolinas de todos los octanajes y del diésel van a bajar $6 por litro», dijo Moreno, agregando que «a esto hay que sumarle la rebaja de la semana anterior, también de $6».
«Es una buena noticia para todos aquellos que necesitan transporte, especialmente en los tiempos que corren. Febrero es un mes de vacaciones, por lo tanto son buenas noticias para las familias que se trasladan dentro del país», añadió.
Respecto a si está tendencia a la baja en el precio de las bencinas continuará, Moreno sostuvo que «si se mantienen las condiciones internacionales de combustibles y no cambia la apreciación del tipo de cambio, podemos ver posiblemente una nueva caída en el precio de las bencinas durante las próximas semanas».
«Tenemos que recordar que somos especialmente dependientes de los mercados internacionales de combustibles, ya que importamos el 98% de los combustibles que consumimos. Por lo tanto lo que suceda fuera de nuestro país desde el punto de vista de los precios internacionales y de las distintas coyunturas políticas es algo que nos afecta», recalcó el secretario de Estado.
Por último, Moreno llamó a nombre del Gobierno a «todos los distribuidores de combustible para que efectivamente traspasen esta baja de los precios a partir de hoy día mismo, jueves 6 de febrero
Replicar el modelo diseñado para la inserción de energías renovables a través de la Ley N°20.257, estableciendo porcentajes incrementales de comercialización de vehículos eléctricos respecto del parque automotor convencional, con cargos a pagar por los importadores que no lo cumplen, y un impuesto progresivo a los motores diésel de unidades nuevas, es una de las propuestas que se plantean en el documento «Políticas públicas para una adecuada implementación de la electromovilidad en Chile».
El trabajo fue realizado por Eduardo Escalona, socio a cargo de Energía y Mercados Regulados en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría., y Bárbara Julio, asociada del estudio, quienes señalan que el impulso rápido de la electromovilidad puede tener un impacto relevante en la disminución de las emisiones que genera el transporte en el país.
El estudio analiza los espacios de mejora para Chile, y propone políticas públicas concretas que logren impulsar el mercado de la electromovilidad chileno.
«En nuestro análisis hemos considerado una premisa esencial: el desarrollo de la electromovilidad no debe diseñarse sobre la base de subsidios ni transferencias de recursos del sector público al privado, sino mediante la implementación de regulaciones que nos permitan aprovechar tempranamente el crecimiento exponencial de esta industria y su reducción de costos, tal como ocurrió con la exitosa inserción de las energías renovables en Chile», sostiene Eduardo Escalona.
«En particular, respecto de la comercialización de vehículos eléctricos, como medidas más relevantes proponemos replicar el modelo diseñado para la inserción de energías renovables a través de la Ley N°20.257, por la vía de establecer porcentajes incrementales de comercialización de vehículos eléctricos respecto del parque automotor convencional, estableciendo cargos a pagar por los importadores que no lo cumplen, y, adicionalmente, establecer un impuesto progresivo a los motores diésel de unidades nuevas», precisa el abogado.
En cuanto a la infraestructura de carga, en el documento se plantea «promover un modelo de colaboración público – privado (public private partnership) enfocado en iniciativas que impliquen inversiones orientadas a la investigación y desarrollo de innovaciones para la infraestructura de carga, reacondicionamiento de vehículos eléctricos (especialmente de las baterías) y tratamiento de los desechos y residuos de los componentes de la infraestructura de carga, vehículos y baterías; todo lo anterior, desde la perspectiva de creación de valor a través de patentes de invención, diseño de utilidad y otros tipos de categorías de propiedad intelectual».
«En definitiva, el principal desafío será la adopción de medidas adecuadas y efectivas para permitir la expansión del mercado de la electromovilidad e, idealmente, acelerar su inserción en todas las actividades económicas y en los consumidores, para lograr una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero y contribuir a contrarrestar los efectos del cambio climático», se concluye.
