La Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (Fenacopel) manifestó su preocupación por el impacto de la Ley de Servicios Básicos, con sus prórrogas, sobre el sector, señalando que la deuda acumulada supera los $4.000 millones, lo que podría ser insostenible en el tiempo.
La organización representa a siete cooperativas concesionarias de Servicio Público de Distribución de Electricidad (CEC, Coopelan, Copelec, Coelcha, Cooprel, Crell y Socoepa) que mayormente distribuyen electricidad en zonas rurales del centro y sur del país.
Según la Federación, la actual normativa «ha impedido que las empresas concesionarias puedan cortar el suministro de electricidad a sus clientes morosos, permitiéndoles además que la deuda contraída entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 puedan prorratearla en hasta 48 cuotas, entre otras cosas».
Efectos
El gerente de Fenacopel, Patricio Molina, señaló que sin lugar a dudas la Ley de Servicios Básicos «ha sido exitosa desde el punto de vista de la ciudadanía ya que, en este complicado período de Emergencia Sanitaria que afectó fuertemente a nuestras familias, les ha permitido un respiro al no estar afectas a corte del suministro eléctrico por no pago de sus cuentas de electricidad y tener además la posibilidad de establecer convenios de pago con las Cooperativas sin incorporar multas, intereses ni gastos asociados. Por lo anterior, es importante que aquellos clientes que no puedan pagar su cuenta se acerquen a las Cooperativas y establezcan estos convenios para acceder a los beneficios que les otorga esta Ley».
Sin embargo, se advierte que esta situación «ha llevado a que las deudas acumuladas por los clientes se han incrementado fuertemente a medida que avanzan los meses, y que las recaudaciones por parte de las concesionarias, por el contrario, vayan disminuyendo peligrosamente, estresando la cadena de pago entre generadores, transmisores y distribuidores».
«No estando en cuestionamiento la aplicación de la Ley de Servicios Básicos, era esperable que sus efectos en los clientes y Cooperativas fuesen muy distintos al considerar 3 meses de vigencia de esta Ley en comparación a la vigencia actual de 1 año 5 meses. En nuestras Cooperativas hoy la deuda acumulada de los clientes sujetos a corte de suministro eléctrico asciende a $4.139 millones, que equivalen aproximadamente a un 43% de una facturación mensual de las Cooperativas, lo que es insostenible en el tiempo; por su parte, hay 22.543 clientes sujetos a corte de suministro (21.841 residenciales y 702 resto de clientes), equivalente a un 13% del total de los clientes abastecidos por las Cooperativas y que tienen entre 1 y 15 facturas pendientes de pago», afirmó Molina.
De acuerdo con el ejecutivo, «basado en estimaciones que hemos realizado donde asumimos que los clientes morosos que hoy están sujetos a corte de suministro se mantienen sin pagar hasta el 31 de diciembre de 2021, vemos que a partir del 1 de enero de 2022, en promedio los clientes residenciales incrementarán sus cuentas entre un 24,7% y 27,4% sólo por efecto del pago de la cuota del convenio, cuota que deberán pagar por 4 años, lo que consideramos preocupante y complejo para las familias que además deberán enfrentar los otros convenios por servicios sanitarios y por gas de red, y por el resto de deudas que han debido asumir en este período».
«Por su parte, si ya actualmente la situación de endeudamiento de los clientes con las Cooperativas era insostenible, nuestras estimaciones al 31 de diciembre de 2021 nos muestran un escenario desastroso que con altas probabilidades no podremos enfrentar del todo, donde la deuda acumulada ascendería a los $13.700 millones que equivalen a un 142% de una facturación mensual de las Cooperativas», agregó.
A su juicio, es urgente «poder enfrentar el problema de endeudamiento de los clientes y la falta de recaudación por parte de las Cooperativas, de manera tal de no colapsar la economía familiar de los clientes ni el adecuado funcionamiento de las Cooperativas, evitando que los buenos deseos y objetivos de la Ley de Servicios Básicos se transformen de la noche a la mañana en una pesadilla para las familias de Chile que deberán afrontar por largos 4 años».