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Gobierno va a la justicia para dar último impulso a línea eléctrica que atraviesa por Zapallar

Jun 10, 2016

El SEA intervino ante la justicia ambiental con el fin de dar el último impulso gubernamental a la iniciativa, apelando a la certeza jurídica del país para que el proyecto se construya y no continúe judicializado.

(La Segunda) Al postergado proyecto de línea de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico sólo le falta saltar una valla para iniciar su construcción. Y el Gobierno le dio una mano al respaldarlo ante los tribunales ambientales, con el objetivo de destrabarlo.

El proyecto de la colombiana Interchile que demanda US$1.000 millones de inversión y pasa por 4 regiones y 20 comunas, obtuvo su permiso ambiental el 13 de agosto pasado. Pero aún no parte.

Antes debió enfrentar la oposición de vecinos como el senador Guido Girardi o el dueño de Carozzi, Gonzalo Bofill. Ahora, son las municipalidades de Zapallar y Puchuncaví las que hacen sus últimos esfuerzos por detenerlo. Recurrieron al Tribunal Ambiental para impugnar la licencia entregada por el Servicio de Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Aseguran que el proyecto, que cuenta con cerca de 1.700 torres distribuidas entre Atacama y Santiago, no cumplió la normativa que asegura a las comunidades exponer su visión sobre los proyectos en un proceso conocido como participación ciudadana.

Falta de competencia

Pero en un escrito que se hizo público esta semana, el SEA intervino ante la justicia ambiental con el fin de dar el último impulso gubernamental a la iniciativa, apelando a la certeza jurídica del país para que el proyecto se construya y no continúe judicializado.

Primero, el ente de gobierno sostiene que los municipios figuran en las actas de asistencia a la participación ciudadana, por lo tanto «no se podría decir que no hubo un proceso con la comunidad».

Y luego plantea que las municipalidades no tienen competencia para pedir la anulación del permiso. «Los municipios sólo están facultados para perseguir a este tipo de empresas o proyectos en caso de daño ambiental y no para pedir la anulación de una autorización», sostiene.

Y con su planteamiento final, le brinda el mayor espaldarazo a la iniciativa: «Si se llegara a anular el permiso ambiental del proyecto, se puede afectar el orden legal del país», concluye el documento presentado por el SEA a la justicia.

[TEN ingresará cambios a línea SING-SIC por avances de InterChile]

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