(La Tercera-Pulso) En medio de la controversia en torno al proyecto de servicios básicos, el cual busca evitar cortes por no pago en cuentas de agua, luz, gas por red y telecomunicaciones, el Ejecutivo dijo que aún no ha decidido sobre el veto.
“El gobierno no ha ingresado un veto a la Ley de Servicios Básicos. Aún se está dentro de los plazos legales para tomar una decisión”, dijo el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa.
Ossa en su escueto mensajes vías redes sociales apuntó que la decisión del gobierno “será comunicada por las vías formales correspondientes”.
Hay que señalar que esta iniciativa legal ha generado polémica en su paso por el Legislativo. Se aprobó hace menos de dos semanas en el Congreso y, desde entonces, ha cundido la incertidumbre sobre su futuro. Primero, por la posibilidad de que el Gobierno acudiera al Tribunal Constitucional -cuestión que a última hora declinó pues se creía que no se contaba con los votos suficientes- y luego, por la opción de vetar la iniciativa.
Una tercera alternativa era promulgar el proyecto, para lo cual hubo fuerte presión desde la oposición.
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Aunque al Presidente Piñera aún le quedan más de 15 días para tomar la decisión, hoy solo hay dos opciones sobre la mesa: promulgar el proyecto o vetarlo. En los últimos días han circulado diversos borradores del Ministerio Secretaría General de la Presidencia -PULSO tuvo acceso a tres de ellos- en el que formulan observaciones a la iniciativa. En concreto, el gobierno vetará el proyecto de servicios básicos y lo devolverá al Congreso con diversos reparos.
Lo anterior, además, va en línea con el anuncio de este lunes de Piñera, en el que convoca a un grupo de académicos, expertos y exparlamentarios para proponer perfeccionamiento a los criterios y procedimientos con que el parlamento determina la admisibilidad o inadmisibilidad de las mociones.
El proyecto busca beneficiar a los clientes de servicios básicos, evitando cortes por no pago en cuentas de agua, luz, gas por red y telecomunicaciones, además de prorratear las deudas en 12 cuotas sin intereses para los clientes del 60% más vulnerable.
La posibilidad de aplicar un veto generó una profunda indignación entre los parlamentarios opositores.