El Gobierno ingresó a trámite legislativo a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones legales relacionadas.
Según se consigna en la nota publicada en el portal de la Cámara Baja, la propuesta legal mantiene el régimen de libertad tarifaria regulada con tarificación eventual para los servicios de gas y servicios afines, aunque considerando un límite máximo de rentabilidad económica, el cual será controlado por la autoridad sectorial (Comisión Nacional de Energía, CNE). En el caso de Magallanes se contempla un régimen de tarificación permanente.
El proyecto mantiene la estructura de la rentabilidad máxima permitida, equivalente a la Tasa de Costo de Capital (TCC), cuyo piso mínimo sigue siendo un 6%, más un margen adicional, pero reduce dicho margen de cinco a tres puntos porcentuales. «Los cinco puntos porcentuales actuales por sobre la TCC parecen excesivos en atención a que los riesgos propios de la industria de distribución de gas están recogidos en la TCC aplicable a este tipo de empresas», comenta el mensaje presidencial.
Además, se propone la aplicación de un régimen de fijación tarifaria, por el solo ministerio de la ley, en caso que una empresa concesionaria exceda la tasa de rentabilidad máxima permitida; se establece la instancia de consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), como mecanismo para volver a un régimen de libertad de precios; se establece el procedimiento y metodología de fijación tarifaria para los servicios de gas y servicios afines; y se determina un mecanismo de compensación a los consumidores, en caso que una empresa concesionaria exceda la rentabilidad fijada por la ley.
La iniciativa también fortalece la institucional del chequeo de rentabilidad, nueva metodología de cálculo y aumento del periodo de análisis a tres años móviles; aumenta el límite de consumo para determinar cuáles clientes quedan sujetos a regulación de precios; contempla una instancia de solución de controversias de carácter independiente y perfil técnico, con poder de resolución vinculante; e incorpora y modifica definiciones en la ley con el fin de obtener una descripción precisa del alcance legal en cuanto a empresas, actividades y servicios prestados, entre otras adecuaciones.