(El Mercurio) «Corregir para promulgar». Esa es la idea que se ha repetido en la reuniones que el Gobierno ha sostenido al analizar la presentación de un veto a la ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia, el que finalmente sería ingresado hoy al Parlamento.
Lo que buscaría enfatizar La Moneda es que desde el 27 de marzo, cuando el Gobierno puso en marcha un acuerdo con las empresas de servicios básicos, no se le ha suspendido el suministro a las familias, lo que se amplió por 90 días más, dada la extensión del estado de catástrofe.
Además, afirman que se ha postergado el pago de cuentas sin intereses en agua, electricidad y gas a miles de familias.
Es decir, en paralelo a este beneficio, señalan, se tramitó esta ley con un objetivo similar.
Así las cosas, una de las premisas de la presentación del veto es que la modificación que pretende impulsar el Gobierno no busca eliminar estos beneficios, sino hacer correcciones a la legislación en materias que pueden tener vicios de inconstitucionalidad y así lograr darle viabilidad para que sea promulgada.
Por ello, el artículo 1 de la Ley, que precisa que no se cortará el suministro por mora, se mantendrá inalterado.
Sin embargo, se analizó que hay otros artículos que podrían afectar su implementación e incluso exponer al Estado a potenciales demandas por el no pago de compensaciones a las empresas.
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