En el marco de la discusión del proyecto de ley de protección tarifaria, más conocida como «Ordenemos la Cuenta», Generadores Independientes de Energía A.G. (GIE) presentó el pasado viernes una carta dirigida a los integrantes de la Comisión de Minería y Energía del Senado, con una serie de propuestas orientadas a fortalecer el artículo undécimo transitorio, que contempla un mecanismo excepcional y voluntario de renegociación de contratos de suministro eléctrico.
Desde el gremio valoraron el objetivo de la iniciativa, orientado a aliviar el costo de la electricidad para los clientes regulados, pero mencionaron que el éxito de este mecanismo debe evaluarse no sólo por su efecto inmediato sobre las tarifas, sino también por su capacidad de generar beneficios sostenibles para los consumidores y preservar las condiciones de competencia del mercado eléctrico.
“Compartimos plenamente el propósito del proyecto. Sin embargo, creemos que una herramienta excepcional como la renegociación de contratos requiere reglas igualmente excepcionales en materia de transparencia, objetividad y certeza jurídica, de manera que los beneficios lleguen efectivamente a los consumidores y se resguarde el adecuado funcionamiento del mercado en el largo plazo”, destacó Mauricio Utreras, director ejecutivo de GIE.
Asimismo, desde GIE se resaltó la importancia de evaluar los efectos que eventuales extensiones de plazo de contratos vigentes podrían tener sobre las futuras licitaciones de suministro, considerando que una menor cantidad de energía disponible para ser licitada podría reducir las oportunidades para que nuevos actores participen en el mercado y limitar los espacios de competencia que permitan obtener mejores precios para los consumidores en el futuro.
Propuestas para fortalecer el artículo
En la misiva, el gremio propuso incorporar al artículo undécimo una serie de resguardos que permitan fortalecer el mecanismo de renegociación y otorgar mayor confianza al proceso. Entre ellos destacan:
- Establecer criterios objetivos y verificables para la selección de los contratos susceptibles de renegociación.
- Requerir un informe técnico previo y fundado que cuantifique el beneficio esperado para los consumidores y evalúe la proporcionalidad económica de cada acuerdo.
- Considerar el impacto de las renegociaciones sobre las futuras licitaciones de suministro, resguardando las oportunidades de competencia y la incorporación de nuevos actores.
- Incorporar mecanismos de transparencia y trazabilidad que permitan conocer los fundamentos generales del proceso y reduzcan espacios de discrecionalidad.
- Evaluar los efectos de largo plazo para los consumidores, procurando que una disminución tarifaria inmediata no implique mayores costos ni menores condiciones de competencia en el futuro.
Asimismo, para el representante de GIE, “la protección de los consumidores y el fortalecimiento de la competencia no son objetivos contrapuestos. Al contrario, reglas claras, procesos transparentes y evaluaciones objetivas permiten compatibilizar una reducción de tarifas en el corto plazo con un mercado competitivo, eficiente y capaz de seguir ofreciendo mejores condiciones de suministro en el largo plazo”.