Investigar la actuación de la Fiscalía Nacional Económica, así como lo que han realizado los Ministerios de Economía y de Energía, y de todo otro organismo público encargados de velar por libre competencia en el mercado de los productos ofrecidos para el suministro del gas residencial, bajo la modalidad de gas licuado de petróleo (CEI 64), es el objeto de la comisión investigadora constituida en la Cámara de Diputados sobre este tema.
La instancia parlamentaria será presida por el diputado Miguel Ángel Calisto (DC) y estará integrada también por las/los diputadas/os Juan Antonio Coloma (UDI), Camila Flores (RN), Ramón Galleguillos (RN), Marcela Hernando (PR), Boris Barrera (PC), Claudia Mix (COMUNES), Jaime Naranjo (PS), Francesca Muñoz (RN), Marcelo Schilling (PS), Gustavo Sanhueza (UDI), Raúl Soto (IND) y Osvaldo Urrutia (UDI).
La comisión deberá fiscalizar las acciones realizadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y su rol ante la posible colusión de las empresas productoras y distribuidoras de gas, así como de otros órganos de la administración del Estado.
Dentro de los antecedentes aportados por los 63 diputados solicitantes de la comisión, se señala que el gas licuado ha experimentado un incremento de 1,6% en su valor durante marzo del presente año, acumulando un alza inusitada de 10,9% en los primeros tres meses del año, y un incremento de 14% en el transcurso de los últimos doce meses.
Al mismo tiempo, se alerta que tantos los precios como el promedio de alzas mensuales es una constante en las tres principales compañías distribuidoras, tomando en cuenta la competencia que debería existir entre los actores del sector.
Como antecedente se indica que, una de las tres empresas distribuidoras en nuestro país –Lipigas–, a través de su filial en Perú «Lima Gas», se vio involucrada y sancionada por la autoridad antimonopolio de dicho país el 2017, tras comprobarse que se coludió con otras dos firmas para concertar precios en la venta de cilindros, indicaron.
La instancia investigadora definió en su agenda de audiencias invitar, como primer exponente, a la Fiscalía Nacional Económica para que dé cuenta del avance que ha tenido en información sobre esta eventual colusión.