(La Tercera) Hace una semana un par de detectives de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en base a una orden judicial acudieron hasta los cuarteles generales de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) para incautar una serie de documentos que estarían vinculados a los episodios de contaminación de Quintero, en el marco de la investigación del Ministerio Público.
En pleno Sanhattan, los efectivos se presentaron con orden judicial en mano y lo primero que solicitaron fue el acceso a los servidores computacionales de la petrolera estatal, pero en su primer intento no lo lograron. Posteriormente debieron acudir a calle Miraflores, a las dependencias de Adexxus, firma que presta servicio a Enap en materia computacional. En el lugar tomaron copia y respaldo de información en el periodo que les interesaba y se fueron.
¿El objetivo de la diligencia? Acceder a correos electrónicos y documentos físicos que pudieran estar vinculados a las operaciones de Enap Refinería Aconcagua que pudiera servir para indagar la presunta responsabilidad de la compañía en los hechos denunciados y que han afectado a más de 1.000 personas a la fecha. Esto a pesar que tras el cierre de los estanques de la petrolera estatal, continuaron los episodios de contaminación.
Detrás de la diligencia está el interés de los fiscales Mauricio Dünner y Ana María Aldana de indagar la arista que vincula a Enap con la importación de petróleo de origen iraní que contendría un alto contenido de ácido sulfhídrico. El tratamiento de este tipo de crudo estaría vinculado con los episodios de contaminación.
Oficialmente Enap ha descartado cualquier tipo de conexión entre el petróleo iraní y la crisis ambiental de Quintero. A mediados de año, el tanquero Monte Toledo que arribó a costas chilenas proveniente de Golfo Pérsico. No obstante, la compañía hace unas semanas precisó a La Tercera PM que sólo una parte de este tipo de crudo fue enviado a Quintero a través del Buque Tanque Cabo Victoria terminando su descarga el pasado 10 de agosto. Según la estatal toda esta operación se llevó a cabo con la vigilancia de la Autoridad Ambiental.
Por otro lado, el pasado martes se realizó la última reunión del directorio de Enap. A la fecha, más aún tras las filtraciones existe un absoluto hermetismo entre los ejecutivos de la compañía. Sin embargo, uno de ellos señala que “todos presumimos que tiene que ver con el crudo iraní”.
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“En el marco de la investigación hemos entregado toda la información y antecedentes requeridos por el Ministerio Público, referidos al período circunscrito a los días de los eventos de contaminación en Quintero. En paralelo hemos reiterado nuestra disposición a colaborar con el resto de diligencias que pueda ordenar la Fiscalía. No podemos referirnos en detalle a la investigación por ser reservada, pero por cierto es de interés de la empresa que el Ministerio Publico pueda conducir de la mejor forma sus indagaciones y se aclaren las verdaderas causas de los episodios en Quintero que creemos no tienen su origen en operaciones de Enap”, sostuvo Enap ante las consultas de este medio.
De igual manera la Fiscalía ha mantenido absoluta reserva sobre el resultado de sus diligencias. No obstante, trascendió que los fiscales Dunner y Aldana han mantenido un activo y coordinado trabajo.
Polémico proyecto
Por otro lado, hoy en la tarde se espera que se lleve a cabo la votación de la iniciativa legal que busca modificar la Ley de bases Generales del Medio Ambiente (N° 19.300).
Se trata de un proyecto que, no obstante haber corregido las complejas falencias que presentaba su versión original, lamentablemente consolida lo que precisamente quiere modificar, sostuvo el ex fiscal del Ministerio del Medio Ambiente, Jorge Andrés Cash.
“Esto, por cuanto el anquilosamiento de nuestros instrumentos de gestión ambiental, que este proyecto no modifica en nada, datan del año 1994, y cuya elaboración o modificación de conformidad a los plazos reglamentarios actuales, pueden alcanzar fácilmente 3 a 4 años”, añadió.
Y remató: “Por tanto, suponer que la fórmula para solucionar los problemas de plazo que existen entre la declaración de zona saturada y la dictación de un Plan de Descontaminación, es parchar el tiempo intermedio obligando al titular a compensar emisiones con valores pensados al voleo, existiendo contaminantes aún sin normar, lo único que hace es fortalecer una institucionalidad que pide a gritos más eficiencia”.