Agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio consideran que la medida hecha por la autoridad “no cumple con el objetivo por el cual fue dictado ni con el sentido de la legislación ambiental, esto es, la protección del medio ambiente, ya que la laxitud y permisividad de dicho instrumento afecta la calidad de vida y la salud de los habitantes de la zona”.

Profesionales de la delegación exclusiva instalada en Quintero están realizando inspecciones, tras establecerse episodios de pre emergencia y alerta ambiental por presencia de Dióxido de Azufre (SO2).

Se trata del proceso que el Tribunal Ambiental de Santiago acogió el año 2016, donde también está participando el Consejo de Defensa del Estado.

En la estación Los Maitenes se detectó un alza en la concentración horaria de dióxido de azufre (SO2) de 359 microgramos por m3, cifra que no alcanzó a los 500 (ug/m3N), nivel que se establece como alerta ambiental.

Kata Alonso, dirigenta del Movimiento Mujeres en Zona de Sacrificio Quintero y Puchuncaví, aseguró que es habitual que las empresas lleguen a este tipo de acuerdos, lo cual catalogó de “vergonzoso”.

Siete votos en contra, entre ellos el del alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, y la alcaldesa de Punchuncaví, Eliana Olmos, se opusieron a esta disposición.

Autoridades pidieron claridad de criterio al Gobierno.

En junio de este año se cumple el plazo que dio el máximo tribunal para aplicar 15 medidas por parte del Estado. De no cumplirse lo mandatado, confirmaron algunos juristas, acudirán nuevamente a la justicia.

En las labores además participan la Sección de Ecología, Medio Ambiente y Microanálisis de la PDI, quienes junto con el Grupo Erta tomaron muestras del agua y fondo marino.