La empresa señaló que, hasta ahora, la SMA y otras autoridades han sostenido al menos tres tesis distintas para responsabilizarla y explicar cómo, supuestamente, habrían ocurrido los hechos.

En el marco de las investigaciones por la emergencia ambiental de 2018 en Quintero y Puchuncaví, el organismo fiscalizador informó que hay dos cargos gravísimos, uno grave y cuatro leves, “los que constataron que la empresa realizó acciones no autorizadas en su Terminal Marítimo”.

La empresa esgrimió como motivo la emergencia sanitaria, por lo que la Corte de Apelaciones de Valparaíso determinó aplazarla.

Agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio consideran que la medida hecha por la autoridad “no cumple con el objetivo por el cual fue dictado ni con el sentido de la legislación ambiental, esto es, la protección del medio ambiente, ya que la laxitud y permisividad de dicho instrumento afecta la calidad de vida y la salud de los habitantes de la zona”.

Profesionales de la delegación exclusiva instalada en Quintero están realizando inspecciones, tras establecerse episodios de pre emergencia y alerta ambiental por presencia de Dióxido de Azufre (SO2).

Se trata del proceso que el Tribunal Ambiental de Santiago acogió el año 2016, donde también está participando el Consejo de Defensa del Estado.

En la estación Los Maitenes se detectó un alza en la concentración horaria de dióxido de azufre (SO2) de 359 microgramos por m3, cifra que no alcanzó a los 500 (ug/m3N), nivel que se establece como alerta ambiental.

Kata Alonso, dirigenta del Movimiento Mujeres en Zona de Sacrificio Quintero y Puchuncaví, aseguró que es habitual que las empresas lleguen a este tipo de acuerdos, lo cual catalogó de “vergonzoso”.

Siete votos en contra, entre ellos el del alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, y la alcaldesa de Punchuncaví, Eliana Olmos, se opusieron a esta disposición.