(El Mercurio) Un impacto que ascendería en al menos a US$110 millones en incobrables estaría afectando a la industria de la distribución eléctricas por los impagos de un gran número de clientes, que hoy superan los 700 mil usuarios.
Si bien esta semana avanzó en el Senado un proyecto con apoyo transversal de congresistas y del Gobierno, para extender la vigencia de la ley de servicios básicos, que impide el corte de suministro a los clientes afectados por la pandemia, las distribuidoras mostraron su preocupación por el alza en la morosidad. Esto, pese a que finalmente apoyaron la extensión de la norma que impide interrumpir servicios por no pago.
A la fecha, las cifras de morosidad se están disparando en comparación con un año normal. A su vez, la cantidad de clientes que se han inscrito para prorratear los saldos acumulados es de solo 150 mil personas.
A modo de ejemplo, la Asociación de Distribuidoras señaló que, en un año normal, los niveles de incobrabilidad históricos están entre 0,3 y 1% en el sector eléctrico. Sin embargo, hoy dicha cifra es mucho mayor, incluso «por sobre los dos dígitos», señalan en el gremio.
Para la distribución sería más difícil enfrentar esta crisis, ya que del 100% de las cuentas que recaudan, el 80% de esos fondos son para pagar a las empresas generadoras y transmisoras, en un 70% y 10%, respectivamente, según aseguró el director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., Rodrigo Castillo, en su participación en la comisión de Economía del Senado.
Estos impagos están teniendo un importante impacto en la recaudación, considerando el alza de incobrables a por lo menos los US$110 millones señalados por el gremio distribuidor. La cifra equivale a un 22% del Ebitda de todas las empresas del sector distribución, que anualmente se estiman en unos US$500 millones, de acuerdo con cálculos del rubro. «Los efectos de la menor recaudación deberían ser abordados con soluciones regulatorias que sean absorbidos en forma proporcional a su participación en la cuenta final de los clientes por las empresas distribuidoras, transmisoras y generadoras que cuenten con contratos resultantes de procesos licitatorios», añadió Castillo.
La idea que no contó con el apoyo de los parlamentarios, debido a la premura que existe por promulgar la extensión de la ley de servicios básicos, expira esta semana.