enero 31, 2014 | Industria
(Diario Financiero) Un final abierto. Esa fue la conclusión de la reunión que ayer jueves-tras más de dos años y medio de espera- sostuvo el Comité de Ministros, instancia que definió parcialmente respecto de las 35 reclamaciones que tanto la empresa como los detractores del proyecto presentaron en contra de la aprobación del complejo hidroeléctrico HidroAysén.
Este desenlace no sólo desencadenó distintas reacciones en el sector privado, sino que amenaza con abrir un nuevo frente judicial para esta iniciativa, pues los socios del proyecto podrían impugnar este acto ante el Tribunal Ambiental.
Poco más de tres horas sirvieron para que los seis ministros optaran finalmente por finiquitar cinco de los siete grupos en los que fueron organizadas las 1.013 objeciones contenidas en los reclamos. De esta forma, dos de las temáticas planteadas por la ciudadanía: medio físico hidrológico y medio humano y patrimonio cultural, quedaron pendientes.
Lo anterior por la necesidad de realizar dos nuevos estudios “para mejor resolver”, indicó a la salida del encuentro la presidenta del comité, la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, quien precisó que las mediciones serán pagadas por el Estado y licitadas a organismos externos, como universidades.
“El estudio hidrológico dice relación con la variación diaria de caudal que tendría la operación de la central y con el efecto de vaciamiento de glaciares (Glof). El otro es para medir el impacto potencial que significa para la provincia el hecho de que hay un grupo importante, de más de 5.000 trabajadores, que van a estar al mismo tiempo en la zona de trabajo”, precisó la secretaria de Estado.
Benítez precisó que de acuerdo con los resultados de estos estudios, sería posible que se establezcan nuevas condiciones al proyecto que comprende la instalación de cinco centrales hidroeléctricas de embalse en la Región de Aysén.
De esta forma y tal como se adelantó y se temía en el sector privado, la opción del gobierno fue resolver pero sin decidir, pues no hubo una definición total de las reclamaciones, sino que como explicó la titular de Medio Ambiente, los temas que quedaron pendientes podrían implicar la determinación de nuevas condiciones que podrían afectar la viabilidad del negocio en términos técnicos y económicos.
Asimismo, fuentes de Gobierno indicaron que la estimación es que el 90% de los temas fue resuelto, aunque no hay claridad respecto de las implicancias de aquello.
Acciones de la empresa
“Una vez conocida la decisión formal de la autoridad y sus efectos concretos, la compañía evaluará y resolverá las acciones a seguir”, fue la escueta reacción oficial de HidroAysén, que a su vez precisó que antes de comentar “esperará una notificación formal de las resoluciones de dicho Comité de Ministros, o una información clara de parte de la autoridad acerca de las decisiones adoptadas respecto de las reclamaciones y otros aspectos”.
Pese a ello, trascendió que recurrir al Tribunal Ambiental para impugnar el pronunciamiento del comité figuraría entre las acciones legales y administrativas que la directiva de la empresa podría interponer, tras la autorización de los socios del proyecto, las eléctricas Endesa Chile y Colbún.
Conocedores del tema indicaron que esta presentación podría apuntar a la decisión concreta de aprobar o rechazar las reclamaciones, así como a la arbitrariedad asociada a la orden de realizar nuevos estudios.
Tampoco se descartan otras medidas. Entre ellas estarían recurrir a la Contraloría por el notable abandono de deberes de los ministros, así como acciones de tipo civil contra los mismos por los daños y perjuicios asociados a los más de dos años y medio que pasaron antes del pronunciamiento de la instancia.
“Una demanda civil por daños y perjuicios se sustenta en la no prestación de servicio durante más de dos años y medio ante un requerimiento y luego, además, postergar el pronunciamiento, lo que implica una serie de daños para ese solicitante”, aseguró un abogado.
Plazos
En materia de plazos no lucen más simples, pues fuentes del Ministerio de Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) explicaron que para que los reclamantes sean notificados, lo que detonaría las acciones -por parte de la empresa y de los detractores- primero tiene que redactarse el acta de la sesión del comité y ser visada por las autoridades, lo que podría tomar dos semanas, en condiciones normales y sin considerar que algunos de ellos salen hoy de vacaciones.
En lo que respecta a los nuevos estudios hay que definir las condiciones de la licitación. Llama la atención que aunque esta decisión se tomó ayer, en el SEA precisaron que los términos de referencia de ese concurso están “casi listos”. Tras la adjudicación las conclusiones de los estudios se conocerían dentro de 18 meses, porque las mediciones deben considerar las cuatro estaciones del año.
La conclusión del comité no habría caído nada bien entre los ejecutivos y directivos de Endesa y Colbún, ya que habría quedado en evidencia el uso político de esta instancia que le dejó la decisión al próximo gobierno, pues el contar con un permiso ambiental aprobado, como dijo ayer Benítez, no les da la certeza necesaria, pues los temas que quedaron pendientes son vitales para la iniciativa.
La visión del Contralor Mendoza
Ayer el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, se refirió a la sesión del Comité de Ministros. Esto en el marco del pronunciamiento sobre el rol de esta instancia que fue solicitado hace casi un año por un diputado.
«La reunión de hoy día (ayer) puede alterar un poco la resolución. No necesariamente a favor al comité de ministros», dijo la autoridad fiscalizadora.
Añadió que la presentación parlamentaria apunta a la inactividad del Comité de Ministros en la solución o resolución del tema, acogiendo o denegando los reclamos. Mendoza se refirió a la presión que ha existido en torno a este pronunciamiento del Comite y añadió que «si no sale la decisión y nos pronunciamos en un sentido que reste dimensión al comité, no va tener sentido que se reúnan», planteó.
Bajar la cuenta de luz en Aysén: veredicto parcial
Uno de los 20 puntos de la reclamación de HidroAysén decía relación con que la autoridad precisara el mecanismo regulatorio para ejecutar la rebaja de 50% en las cuentas de luz de Aysén, condición que fue incluida al momento de aprobar el proyecto.
La resolución del comité fue parcial, pues no definió este mecanismo, sino que, como comentaron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, la decisión fue que se establecerá una mesa de trabajo de carácter público privado en la que junto a la empresa y la autoridad deben participar la distribuidora eléctrica de la zona, Edelaysen (filial del grupo Saesa).
Si este grupo no logra un acuerdo, la empresa quedó facultada para entregar en forma directa a la concesionaria los recursos económicos que permitan concretar la citada rebaja.
enero 30, 2014 | Industria, Medio Ambiente
(Diario Financiero) Uno de los puntos fijados en la tabla de la más reciente reunión del directorio de HidroAysén fue discutir las distintas medidas que los socios del proyecto hidroeléctrico -Endesa Chile y Colbún- estaban evaluando para conseguir que, tras más de dos años y medio de espera, el Comité de Ministros finalmente se pronuncie respecto de las reclamaciones surgidas a raíz de la aprobación ambiental de esta iniciativa.
El resultado de la deliberación fue autorizar a la administración, encabezada por el presidente ejecutivo, Daniel Fernández, para interponer un pool de acciones legales y administrativas que persiguen no sólo obtener un pronunciamiento de la instancia ministerial a las reclamaciones que la empresa y los grupos detractores del proyecto presentaron en junio 2011.
El objetivo de los socios de este polémico proyecto no sólo sería conocer el parecer del Comité de Ministros sino que también destrabar otros permisos asociados a esta inversión que también están pendientes. Ese sería el caso de los derechos de agua adicionales que requieren para lograr una operación más eficiente del complejo, que considera la instalación de cinco centrales de distintos tamaños, que en conjunto aportarían una capacidad de 2.750 MW.
Conocedores del tema explicaron que hace más de un año la Dirección General de Aguas (DGA) podría haber concedido estas licencias y ello no ha sucedido.
La Moneda “cede”
Trascendió que la decisión de la mesa de HidroAysén no habría caído muy bien en La Moneda, que fijó para hoy mismo el encuentro del Comité de Ministros. Lo mismo habría sucedido a principios de esta semana, cuando el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, en forma privada primero y pública después, comunicó que estaría a punto a pronunciarse sobre el desempeño del Comité de Ministros, en respuesta a una solicitud efectuada por un diputado hace casi un año.
A raíz de lo anterior y buscando evitar las acciones de la empresa y también la reprobación de la Contraloría, un temor que desde hace un tiempo los propios ministros habían manifestado, el gobierno habría decidido convocar al Comité de Ministros hoy.
Trascendidos apuntan a que la intención del Ejecutivo habría sido convocar al comité con carácter de urgente, porque aunque el artículo 6 del reglamento de esta instancia establece que las sesiones deben fijarse con al menos diez días de anticipación, esa misma normativa contempla una excepción a dicho plazo “en situaciones de emergencia calificadas por el presidente” de la instancia, atribución que recae en la titular de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
Quienes conocen de estas decisiones, que habrían sido analizadas y adoptadas con extrema reserva, comentaron que la opción fue citar hoy al comité para cumplir con el trámite, pero que éste no resuelva respecto de las más de 30 reclamaciones presentadas, sino que podría solicitar nuevos estudios o mediciones sobre ítemes puntuales del proyecto.
El gobierno habría optado por esta alternativa amparado por el reciente fallo de la Corte Suprema, que validó el rol del Comité al aprobar y fijar nuevas condiciones al proyecto Punta Alcalde – también de Endesa Chile-, el que inicialmente fue rechazado por la Comisión Evaluadora Ambiental (CEA) de Atacama.
Los movimientos de los ministros
En las últimas semanas quedó en evidencia que en el gobierno no hay una visión común respecto de por qué se produjo la demora en el pronunciamiento del Comité de Ministros.
Mientras que los secretarios de Estado eran partidarios de concretar esta instancia, porque sería insostenible seguir planteando el argumento de que el Servicio de Evaluación Ambiental aún no concreta la sistematización de las reclamaciones, al final del día habrían primado las razones políticas. Esto porque el presidente Sebastián Piñera habría mantenido su molestia por la decisión de Colbún, controlada por el grupo Matte, de suspender en mayo de 2012 los estudios de la línea de transmisión del proyecto, a la espera de un consenso en torno a la política energética y el desarrollo de la matriz. De hecho, a mediados de diciembre, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet habría realizado gestiones para destrabar la postergada reunión.
La operativa del comité
La resolución exenta 446 del Servicio de Evaluación Ambiental establece el reglamento del Comité de Minsitros, instancia que está integrada por los titulares de Medio Ambiente -que lo preside-, Energía, Minería, Agricultura, Economía y Salud.
En este documento se establece que la misión de esta instancia es resolver los recursos de reclamación referidos a diversas acciones relativas a la aprobación o revisión de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, todas contenidas en la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente.
El quórum mínimo para cada sesión es de cuatro integrantes y las sesiones incluso pueden realizarse vía videoconferencia. Añade que cuando lo estime necesario la instancia podrá solicitar a terceros calificados informes independientes para ilustrar adecuadamente sus decisiones e incluso su presidente podrá invitar a sus autores a exponer en la sesión.
Permiso ambiental cuenta sólo con 2,4 años de vigencia
Uno de los puntos que preocuparía a los socios de HidroAysén, las eléctricas Endesa Chile y Colbún, es la caducidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), lo que sucede transcurrido un plazo de cinco años desde que son otorgadas.
Si se considera que este proyecto recibió su permiso ambiental en mayo de 2011, es posible establecer que en este momento sólo le restarían 2,4 años de vigencia.
Sin embargo, en esta materia hay distintas interpretaciones pues la ley establece que «la resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación (…) El Reglamento deberá precisar las gestiones, actos o faenas mínimas que, según el tipo de proyecto o actividad, permitirán constatar el inicio de la ejecución del mismo».
Conocedores del tema indicaron que el reglamento establece que cada titular de proyecto debe informar a la autoridad cuál es el hito que considera como el inicio de la ejecución, aunque otras fuentes estiman que esta definición sería ambigua.
Mientras los plazos corren, la empresa debe cumplir los compromisos que adoptó para evitar, por ejemplo, una eventual sanción de la SMA.
enero 30, 2014 | Industria, Medio Ambiente
(El Mercurio) Un nuevo golpe al sector eléctrico acaba de dar la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Ayer la entidad gubernamental ordenó la clausura temporal de las operaciones de la central Bocamina I de Endesa, tras detectar una serie de incumplimientos ambientales. Esto, luego que la Corte Suprema ordenara a inicios de este mes una fiscalización total de la generadora, tras acoger un recurso de protección presentado por un sindicato de pescadores, recolectores de orilla y algueras de la ciudad de Coronel en contra de la eléctrica, por eventual daño a los recursos hidrológicos de la zona.
La fiscal a cargo del procedimiento, Andrea Reyes, explicó que el 27 de enero se detectaron dos eventos masivos de succión de biomasa marina como efecto del mal funcionamiento de Bocamina I. Esto último derivó en la solicitud de clausura temporal de las operaciones de la carbonera de 128 MW.
Por su parte, Endesa Chile señaló, en un comunicado, que la termoeléctrica está paralizada desde el 27 de enero como medida voluntaria, tras detectarse la presencia de sardinas en el circuito de refrigeración principal de la central.
Tras identificarse el problema, agregó, el 28 de enero se reemplazaron las mallas de los sifones y se repararon las cortinas de burbujas, lo que permite evitar nuevos riesgos de succión de biomasa marina. «Dentro de los próximos días, la compañía presentará todos los antecedentes necesarios a la autoridad ambiental que acreditan el cumplimiento de las medidas solicitadas, y de esta manera, lograr el alzamiento de la clausura temporal de Bocamina I, antes del plazo de 15 días», señaló la firma.
Esta paralización se suma a la de Bocamina II. Ambas representan casi 8% (478 MW) de la demanda eléctrica del SIC.
enero 30, 2014 | Industria, Medio Ambiente
(Pulso) Endesa Chile se encuentra trabajando en los procedimientos solicitados por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para pedir el alzamiento de la medida de clausura de Bocamina I (128 MW).
Durante de los próximos días, la compañía presentará los antecedentes a la autoridad ambiental que acreditan el cumplimiento de las medidas solicitadas.
Dentro de las medidas adoptadas, Endesa Chile reitera que sustituyó el 28 de enero la malla por una nueva estructura y que reparó la cortina de burbujas de los sifones de Bocamina I y II.
La compañía está elaborando un procedimiento que acredite el muestreo diario de biomasa retenida en los sistemas de filtro de ambas unidades a fin de reportar semanalmente los datos a la SMA.
enero 24, 2014 | Comunidad
(La Segunda) Con el visto bueno de la Corte Suprema a la construcción de la termoeléctrica Punta Alcalde (740 MW), Endesa anotó un triunfo importante, pero no el último: ahora la firma trabaja en la fórmula para alcanzar la «licencia social» de la comunidad de Huasco, comuna de la Región de Atacama donde se emplazará la iniciativa.
La tarea no es fácil. El rechazo a la carbonera es transversal en el pequeño puerto de la Tercera Región, que ya cuenta con la central Guacolda y la fábrica de pellets de acero de la CAP. Desde el alcalde, Rodrigo Loyola (PPD), hasta organizaciones ciudadanas y ambientales, siendo la más «radical» la denominada SOS Huasco, se oponen a la iniciativa.
En Endesa saben que si bien el fallo de la Suprema los ampara, no es posible desarrollar la iniciativa sin la aceptación mayoritaria de las comunidades. «Tenemos que buscar un mecanismo que permita organizar mesas de trabajo y canalizar que el plan de compensaciones propuesto por Endesa para Punta Alcalde sea para las necesidades que tienen los grupo más afectados», comenta el gerente de planificación de la firma, Sebastián Fernández.
Este trabajo se inició en agosto de 2011 con la implementación del plan social, proceso en el que han sostenido 120 reuniones con agrupaciones sociales, agricultores o sindicatos de pescadores, entre otros.
¿Cuánto gastarán? El gerente indica que estiman un desembolso de US$ 50 millones entre mitigaciones ambientales y compensaciones sociales. Este monto no incluye los US$40 millones que costaría el filtro en una de las chimeneas de CAP, el que todavía está en discusión entre las empresa su mecanismo de financiamiento.
«En la medida que continuemos con las conversaciones a través de la casa abierta, de las juntas de vecinos y a través de las diferentes asociaciones que hay en la zona y vayamos canalizando las necesidades, y formando un plan de compensaciones, vemos que el proyecto contará con la aprobación social que permita iniciar su construcción», vaticina Fernández.
Añade que «habrá que priorizar, fijar cuáles serán los objetivos del plan de compensaciones, pero los beneficios deben ser de común acuerdo, las que realmente importan a la gente».
Aclara que las comunidades no podrán pedir cualquier mejora. «Evidentemente, de lo que nosotros nos haremos cargo son de los impactos del proyecto», señala.
Fotografía: La Segunda.
