(El Mercurio) Como un reflejo del empoderamiento social, que en el último tiempo se ha reflejado de diversas formas y que hace tres meses derivó en el estallido social, la labor de algunos organismos de fiscalización se ha visto influida por una mayor participación de la ciudadanía.
Ese es el caso de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que el año pasado cerró con un peak en el número de inspecciones originadas de denuncias ciudadanas o de otros organismos públicos, las que representaron el 75% de los expedientes que derivaron en procesos sancionatorios, es decir, donde se detectaron infracciones.
En momentos en que la entidad acaba de completar siete años en funcionamiento -comenzó su gestión el 28 de diciembre de 2012, como parte de la reforma de la institucionalidad del sector en la que también se creó el Ministerio del Medio Ambiente y, posteriormente, los tribunales ambientales-, la consultora Anagea Gestión Ambiental se dio la tarea de de revisar 24.388 expedientes de fiscalización que la SMA cursó entre 2013 y 2019 y que, según consta en sus registros públicos, están vinculados a 2.711 unidades o instalaciones productivas a nivel nacional.