El motivo fue haber superado el máximo permitido de horas sin suministro en un año, por lo que se aplicaron 17 sanciones contra CGE, Enel, Saesa, Frontel y Luz Osorno.

La revisión de más de 24 mil procedimientos cursados muestra que los programas de inspección han pasado a un segundo plano porque si en 2013 representaron el 56%, en 2019 esa participación se redujo a solo 25%. Incluso las autodenuncias se redujeron a cero. Las multas totales cursadas en siete años suman casi US$55 millones.

La Comisión ad hoc del Senado concluyó el estudio de las indicaciones de la iniciativa, en que se concordó incluir al Congreso Nacional para que cumplan con los estándares de eficiencia, entre otros servicios públicos.

El Ejecutivo también modificó el criterio sobre el titular de la acción penal y generó una lista de delitos que las firmas deben prevenir, sin importar su giro.

Por sectores, el principal destinatario es la minero, que suma 37.956 UTA (US$35,2 millones), es decir 63% del total, seguido por energía con 18%.

El organismo estableció que 10 empresas distribuidoras del país «tuvieron responsabilidad en los cortes que se extendieron, hasta por ocho días, y que afectaron a diferentes zonas del centro sur del país».

Dichas cifras se suman a las dos sanciones interpuestas por la SEC durante los primeros tres meses del año, por US$2,3 millones.

Es la máxima sanción a la que se exponen empresas eléctricas en caso de que la Superintendencia de Electricidad formule cargos.

Transener, Transnoa, Transba y Transpa fueron multadas por diversos incumplimientos en la provisión del servicio.