(El Mercurio) Tras casi dos años de un complejo proceso penal contra siete de sus ejecutivos -dos de los cuales llegaron incluso a estar en prisión preventiva-, la compañía eléctrica CGE está muy cerca de cerrar uno de los capítulos más complejos de sus más de cien años de historia: el ser sindicada como responsable de parte de los incendios forestales de enero de 2017 que arrasaron casi 500 mil hectáreas en las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, inscribiéndose como los más voraces de los que se tenga registro en el país.
«Los incendios de 2017 tuvieron implicancias complejas para la comunidad afectada, que en muchos casos aún no recibe una reparación, y también para nuestros ejecutivos que sufrieron formalizaciones, en algunos casos con medidas cautelares bastante duras. Eso nos llevó a buscar alternativas de solución para esta situación (…) El tiempo pasa, llevamos prácticamente más de un año y medio en esta situación y lo que más nos interesa es poder cerrar los procesos, indemnizando por una parte a los clientes vulnerables, y por otra, obteniendo la suspensión condicional de los procesos en contra de nuestros ejecutivos», dice el gerente general de CGE, Iván Quezada.
El ejecutivo, que asumió en julio a la cabeza del negocio de distribución eléctrica de la española Naturgy (ex Gas Natural Fenosa) en Chile, detalla la propuesta reparatoria que en los próximos días y tras varios meses de negociación esperan formalizar con la fiscalía del Maule, ad portas del 12 de diciembre, fecha en que está prevista la audiencia de suspensión condicional del procedimiento. Mientras, siguen avanzando en las conversaciones con los persecutores de la Región de O’Higgins.
«Estamos convencidos de que este mecanismo es una muy buena propuesta de solución y entendemos que así lo consideran también las fiscalías, en particular la del Maule, donde en las próximas semanas esperamos tener un veredicto positivo, primero de la fiscalía y después del juez de garantía, para poder dar término al proceso penal que está en curso. En O’Higgins igualmente se está trabajando con la fiscalía en propuestas similares y esperamos avanzar lo antes posible», precisa Quezada, quien agrega que la urgencia responde también a que está por cumplirse el plazo de investigación de dos años, luego de lo cual hay que pasar a la fase de juicio oral.
Fórmula con tres tramos, según monto de indemnización
La fórmula de indemnización distingue tres tramos y se aplicará a partir de dos escenarios generales. El primero de ellos, dice, es respecto de aquellos focos de incendio -de un total de 64 que Conaf registró en ambas regiones entre el 18 de enero y el 5 de febrero del año pasado- en los que la distribuidora, a partir de los antecedentes que maneja, tiene la certeza de no haber tenido ninguna vinculación con el origen de las llamas.
En el segundo escenario quedan los siniestros donde existen dudas razonables de que el origen del fuego pudo ser eléctrico, y aunque se trata de situaciones que hasta la fecha aún están en investigación por parte de la justicia, la empresa optó por no esperar el desenlace de esas pericias, ya que ese proceso podría extenderse mucho en el tiempo, con un alto costo personal para los afectados y también para los ejecutivos y trabajadores de la compañía que están formalizados y para quienes aún rigen medidas cautelares menores.
«Nuestro punto no es decir que no tenemos ninguna responsabilidad. La pudimos tener, sí. Siempre estaremos disponibles para responder por los daños que pudiéramos causar en nuestras operaciones, pero es distinto a decir que un ejecutivo merece ir a la cárcel porque cometió un delito; eso nunca lo hemos compartido», puntualiza Quezada.
A su vez, CGE concibió la fórmula de indemnización en tres tramos. En aquellos siniestros en que, pese a no admitir responsabilidad, reconocen que pudo haber alguna causa eléctrica, para aquellos clientes en condición de vulnerabilidad que declaren daños por efecto de los incendios por hasta $5 millones, el pago será automático y sin realizar ningún tipo de análisis mayor a quienes los reclaman.
Si la afectación en casas, bosques, plantaciones o instalaciones, entre otros, va de $5 millones y hasta $30 millones, la empresa realizará una revisión aleatoria para validar que los daños declarados son tales y extrapolará el resultado a todos aquellos clientes vulnerables del tramo, efectuando el pago en forma directa e inmediata. En el tercer tramo, explica Quezada, que comprende a las personas naturales y empresas que hayan tenido perjuicios que superen los $30 millones, el análisis para validar la afectación declarada será caso a caso.
En lo que respecta a los focos de incendio donde la empresa descarta de plano las causas eléctricas como origen, la indemnización operará solo para los dos primeros tramos en los mismos términos planteados en el caso anterior. «En los casos donde se reclaman daños por más de $30 millones, las personas tienen que presentar y demostrar esa afectación y la empresa está dispuesta a pagar hasta un 25% de esa indemnización. Hasta ahí no más llegamos y eso significa que para cualquier persona que quiera reclamar por montos distintos a estos, el camino debiera ser otro», precisa el ejecutivo de CGE.
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Agrega que por el momento no es posible hablar del monto total que destinarán a este plan de reparación porque aún no arriban a una cifra total de afectados. De hecho, hace dos semanas se realizó en Curepto la reformalización de los cuatro trabajadores de la eléctrica, debido a la aparición de nuevas víctimas de los incendios que reclaman daños y que no estaban consideradas en la lista original. «Independiente de eso, cualquier persona que efectivamente sufrió daños y no está en la lista, la compañía va a tener el mismo tratamiento reparatorio», precisa el ejecutivo.
Más de US$ 100 millones para prevenir y contener
Aunque las estadísticas en otros países indican que solo entre el 1% y 3% de los incendios forestales tiene origen eléctrico, la magnitud y afectación del episodio del verano 2017 impulsó el despliegue de planes de prevención y actuación ante contingencias de este tipo. En el caso de CGE, que a lo largo de trece regiones opera más de 60 mil kilómetros de líneas eléctricas, todas las inversiones que ejecutó el año pasado y parte de este a raíz de los incendios, le demandaron más de US$ 100 millones. De este monto, una parte importante correspondió a la habilitación de una franja de seguridad en torno a sus tendidos eléctricos, lo que implicó la tala de árboles que estaban dentro de ese perímetro a lo largo de una extensión de 7 mil kilómetros de sus líneas. Para ello tuvieron que comprar las especies. En paralelo también desplegaron equipos para mejorar el monitoreo de sus redes y sistemas para advertir, en forma prácticamente instantánea, perturbaciones en las redes como la caída de un árbol, y proceder a su desconexión.
La lección que le dejó esta experiencia, dice Quezada, fue el abandonar la concepción de los planes de verano e invierno para avanzar a un esquema de mantenimiento al que anualmente podrían destinar del orden de US$ 120 millones y donde las actividades que se ejecutan dependen de la estación del año, asumiendo que las condiciones climáticas han cambiado en forma radical y los episodios con condiciones extremas serán cada vez más frecuentes y para enfrentarlo disponen de 14 actividades clave.
«Si me preguntan si este plan nos podría dar seguridad de que esto no volverá a pasar en el verano 2018-2019, diría que es muy difícil poder predecir. Este año hubo más incendios que el año anterior, pero el impacto fue mucho menor porque las causas se repitieron, pero la capacidad de reacción fue mucho mejor. Los pronósticos para esta temporada anticipan que habrá muchos focos de incendio, pero todos estamos mejor preparados para controlar estas contingencias. No podemos pretender que no van a suceder y ese cambio cultural es responsabilidad de las empresas y de los organismos públicos, para que se entienda que no se puede esperar que ante eventos catastróficos, servicios como el eléctrico deban permanecer absolutamente en continuidad», asegura Quezada.
«La continuidad de suministro se ha vuelto vital, pero el modelo no recoge esas necesidades»
Adaptar la normativa de la distribución eléctrica a los nuevos tiempos del sector es clave, a juicio de Iván Quezada, gerente general de CGE, que por número de clientes y presencia geográfica es la principal empresa de este sector.
«Cuando esta regulación se dictó, hace cuatro décadas, el objetivo era electrificar el país, pero ahora, cuando más del 99% de la población ya tiene el servicio, las expectativas son distintas y la continuidad de suministro es vital, pero el modelo no recoge esas necesidades, lo mismo que los mayores gastos que se hacen para responder a las contingencias climáticas», plantea el ejecutivo.
La adaptación de la infraestructura a la electromovilidad, la eficiencia energética o la generación residencial es otro aspecto a considerar.
«Es nuestra obligación prestar un servicio de calidad, sí, pero esperamos que el modelo regulatorio represente ni más ni menos los activos y los costos que las distribuidoras asumen para operar con un nivel que permita esa calidad de servicio y que eso se refleje de forma razonable en las tarifas», puntualiza y propone que el modelo replique la fórmula que se usa en transmisión.
Invertirán US$ 900 millones para cumplir norma que incluye cambio de medidores para elevar los índices de calidad y continuidad de suministro
Cumplir con las exigencias de calidad y continuidad de suministro eléctrico que el Ministerio de Energía oficializó hace casi dos meses implicará en el caso de CGE inversiones por US$ 900 millones, las que serán reconocidas en las tarifas de forma gradual.
Las medidas de este plan abarcan los aspectos de calidad y continuidad de suministro, atención comercial y medición inteligente. Iván Quezada explica que el 65% de este monto (unos US$ 585 millones) corresponde al reemplazo por equipos inteligentes de tres millones de medidores análogos, que están en las trece regiones donde opera la concesionaria. Esta obligación debe completarse en siete años, pero a 2020 deben completar una primera fase que considera la instalación de 450 mil dispositivos. Estas disposiciones son parte de una norma técnica, que la autoridad trabajó durante dos años con la industria, en un proceso que se aceleró por los prolongados cortes de suministro que el invierno antepasado sufrieron algunas zonas de la Región Metropolitana, producto de nevadas.
El objetivo de esta normativa es reducir el tiempo que los usuarios ven interrumpido su suministro eléctrico durante un año. En la actualidad, el promedio nacional -que se mide a partir del indicador internacional SAIDI- es de 14 horas, mientras que en zonas urbanas está por debajo de diez hora, y en las ciudades más grandes gira en torno a las 5 horas.
«Con la norma técnica, los índices deberían mejorar en más de 50% de lo que está permitido en la norma que estaba vigente. Sí o sí en las zonas urbanas deberíamos tener niveles de SAIDI bajo cinco horas, lo que es una mejora significativa frente al ritmo de reducción que traíamos», explica el ejecutivo.
Una de las disposiciones de la norma, que se viabiliza con la incorporación de los medidores inteligentes, es la obligación para las distribuidoras de tener, en un tiempo no mayor a quince minutos, toda la información sobre afectados por cortes de suministro.
Quezada advierte acerca de las implicancias de la meta planteada de llegar a 2050 con un SAIDI de 60 minutos. «Holanda es el único país que tiene un nivel de interrupciones como ese y allá el 100% de las instalaciones eléctricas están soterradas. Entonces, cinco horas para Chile, comparado con Holanda, donde el PIB es varias veces mayor, es aceptable. Aunque al final podemos tener el nivel que estemos dispuestos a tener. El nivel de SAIDI de un país desarrollado tiene un costo que es muy importante», dice.
El resto de la inversión asociada a la implementación de la nueva norma técnica corresponde a cambio de líneas eléctricas, de conductores (cables) desnudos a protegidos y la instalación de medios de generación alternativos para asegurar la continuidad de suministro y mantenerse dentro de los estándares fijados, entre otras medidas.