(La Tercera) El presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, hace un balance positivo de los pilares contenidos en la agenda energética que el jueves pasado dio a conocer la Presidenta Michelle Bachelet junto al ministro de Energía, Máximo Pacheco, en el Patio Las Camelias de La Moneda. Esos pilares darán pie al desarrollo de una política energética de corto y largo plazo durante 2015.
La impresión de Larraín es relevante. Colbún, una de las tres mayores generadoras del Sistema Interconectado Central (SIC), junto a Endesa y AES Gener, puso la voz de alerta en relación a la falta de una política necesaria para el desarrollo de los proyectos eléctricos en Chile. Lo hizo en el minuto que decidió suspender los estudios sobre la factibilidad de una línea de transmisión para el proyecto hidroeléctrico HidroAysén, que desarrolló en conjunto con Endesa en Aysén.
Bernardo Larraín dice que en la agenda energética del gobierno “están contenidos los principales desafíos que se deben enfrentar para desenredar el nudo energético en el cual nos encontramos”. Sin embargo, hace hincapié en el riesgo que se corre al tener una batería de iniciativas, procesos y proyectos de ley que se deben desarrollar en los próximos años, lo que podría terminar siendo, dice, “una excusa para seguir postergando las decisiones”.
¿La agenda resuelve los problemas del sector?
Es una agenda ambiciosa. Pone en blanco y negro muchas cosas que han estado en el ámbito de la discusión y del debate. Es un paso importante para enfrentar la problemática energética. Es desafiante el objetivo de reducir los costos de generación y los precios de la energía en un período corto de tiempo. Me refiero a que las reducciones de precio esperadas se tendrán que materializar en las licitaciones de empresas distribuidoras de los años 2014 y 2015 que van a representar el 50% del consumo residencial y comercial de Chile en la próxima década. En esos procesos los precios de la energía deberán estar en niveles 25% más bajos que los de la última licitación. Eso es muy desafiante, es complejo lograrlo, pero la virtud de las metas desafiantes es que son movilizadores de acción.
¿Qué acciones?
Plantea acciones en el ámbito de la demanda, como es modificar las bases de licitación, de tal forma de atraer e incentivar a distintos actores, proyectos y tecnologías para que participen de los procesos de licitación. Por otro lado, tiene acciones en el lado de la oferta. Pone en igual nivel de importancia el desafío de desarrollar mayor generación con fuentes renovables no convencionales de manera de cumplir con la meta de que representen el 20% al 2025, con el desafío de desarrollar el 80% restante en base a fuentes como la hidroelectricidad, termoeléctricas a gas y carbón. También le da un mayor valor al plan de obras de la Comisión Nacional de Energía (CNE), al decir que se cumplirá con ese plan y se desarrollarán los proyectos que ahí se indican.
¿Se pueden concretar esos objetivos?
Hay factores que no dependen del país. El precio internacional del Gas Natural Licuado (GNL) ha variado mucho, tiene precios muy bajos en el mercado local de EE.UU y altos en el mercado de exportación a Asia. ¿A qué precio llegará a Chile? Estará entre esos dos extremos, pero pensar que llegará a precios especialmente bajos a Chile, en circunstancia de que el principal mercado de compra es el asiático y que hoy está pagando precios muy altos, sería un poco ingenuo.
Viendo ese escenario ¿es factible bajar los costos marginales en 30% al 2017?
Depende de muchos factores exógenos, como son los factores hidrológicos, el precio de los combustibles, aspectos que ninguno de nosotros manejamos.
¿Cuál es la clave de esa baja? ¿El gas?
En muchas ocasiones, el costo marginal ha estado marcado por el costo de generación con petróleo diésel, el que si es reemplazado por gas, implicaría una baja en los costos marginales.
Si eso se estimula, ¿podría producirse esa baja?
Como dije antes, los costos marginales, que hoy han estado marcados por el diésel, sí tenderían a la baja. Sin embargo a los precios actuales del GNL en los mercados internacionales no se ve tan fácil que en base a gas se pueda generar precios de largo plazo más bajos que los precios determinados por la generación hidroeléctrica o a carbón por ejemplo.
¿Es la agenda que esperaba?
En la agenda están contenidas iniciativas para enfrentar los principales desafíos que para desenredar el nudo energético en el cual nos encontramos. Además, tiene la virtud de poner el tema energético en un nivel de importancia mayor y de pasar del debate y el diagnóstico a un documento que pone metas, plazos y proyectos de ley.
¿Qué diferencia tiene esta agenda de la que se planificó en el anterior gobierno?
Esta agenda hace referencia al informe de la Comisión Asesora del Desarrollo Energético que se hizo en el anterior gobierno. Ese informe era más bien de grandes lineamientos y diagnósticos. Era el primer piso. Lo que veo en esta agenda es el segundo piso.
¿Es más concreta?
Es una evolución del diagnóstico y de los grandes lineamentos, hacia acciones, medidas y proyectos de ley.
Pero ¿ve riesgos?
Que todos estos proyectos de ley, iniciativas y procesos que se establecen terminen siendo una excusa para seguir postergando decisiones. Espero que sea lo contrario:, que terminen siendo la manera de viabilizar y legitimar la toma de decisiones que el desarrollo energético requiere.
El documento dice que quiere dar “señal nítida a todos los actores del compromiso del gobierno para impulsar las inversiones en materia energética”. ¿Es tan nítida esa señal?
Es un paso en el sentido correcto. Lo que se transmite es que el Estado no será neutro respecto del desarrollo de proyectos de inversión que permitan cumplir el objetivo que se puso que es tanto de reducción de costos marginales como de precios. No se le puede pedir más a un documento. Viene la etapa siguiente que son los procesos, las acciones y la política energética.
¿Es una señal clara para el inversionista que se le dé más peso al plan de obras de la CNE?
Que se diga que para lograr el objetivo de bajar los precios se requiere no sólo desarrollar el potencial de ERNC para cumplir con el 20% de la ley, sino que también desarrollar proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos para cumplir con el 80% y que serán los que mayoritariamente se presentarán en las próximas licitaciones, y que lo vincule con el plan de obras de la CNE, por supuesto que lo hace una señal más concreta respecto del desarrollo de esos proyectos. Esa es la novedad, porque este plan, que era netamente indicativo, pasa a ser un instrumento que da ciertas señales de qué proyectos se deben desarrollar para lograr el objetivo de reducción de precios, el que se deberá verificar en las licitaciones de los próximos dos años.
¿Qué otro aspecto destaca?
El segundo tema que destaco es el desarrollo de un proceso participativo durante el año 2014, para tener una política energética nacional de largo plazo en el año 2015. Un tercer tema es que destaca y destina un capítulo completo a ello, la necesidad de desarrollar fuentes energéticas en base a recursos propios cómo la hidroelectricidad y las fuentes no convencionales, como la energía solar y geotermia.
¿Les preocupa el mayor rol del Estado?
Hay bastante consenso en que el Estado debe ser más activo en ciertas materias. Es legítimo que el Estado no sea neutro en relación a la matriz energética del país. Debe tener un sesgo hacia fuentes propias, sustentables y competitivas. El Estado también debe ser un actor que articula, porque se van a establecer una serie de procesos donde participarán distintos actores. El Estado fija las reglas del juego de esos procesos y sus plazos. Por eso, no veo tanto debate en un rol más activo del Estado en estas materias.
¿Este mismo rol genera más certidumbre sobre el desarrollo de los proyectos?
El Estado ha sido un poco inmovilista en algunas materias. La última reforma relevante del sector energético fue el año 2005, con la ley corta 2. Es cierto que ha habido cambios relevantes en la institucionalidad ambiental. Sin embargo, se ha debatido mucho sobre la importancia de temas como el ordenamiento territorial, la descentralización tributaria -es decir, que parte de los tributos que generen los proyectos quede en la región-, sobre la participación ciudadana temprana, sobre los cambios en la regulación de transmisión, en el sentido que se planifique con más holgura de manera de facilitar la entrada de nuevos proyectos y actores. Llevamos más de cinco años discutiendo estos temas y no han habido iniciativas del gobierno para enfrentarlas o liderazgo para avanzar en ellas…
Un gobierno, que maneja al Estado en sus períodos gubernamentales, tiene dos alternativas: encauzar sus decisiones energéticas u otras en la institucionalidad, o promover modificaciones asociadas a un contexto social más demandante y complejo, propio de una sociedad más moderna.
¿El rol más activo que se le asigna ahora a Enap es de alguna manera una crítica explícita al sector privado por no hacer su trabajo?
Soy pragmático. Que Enap tome la iniciativa de hacer un nuevo terminal de regasificación y que se aumente la capacidad de los terminales existentes, es positivo. Somos un actor que tiene centrales de generación que podrían usar más GNL en condiciones de largo plazo, y, junto con muchos otros actores, que podríamos agregar nueva capacidad en base a ese combustible.
¿Estarían dispuestos ahora a asociarse con Enap?
A nosotros, como a otros actores del sector, nos interesa más que se aumente la capacidad de regasificación y que sea de acceso abierto y transparente, que quién emprenda tal iniciativa. Para comprar GNL en los mercados internacionales, que es un mercado bastante complejo, con estructuras comerciales complejas y de largo plazo, es fundamental tener acceso a capacidad de regasificación en forma predecible y transparente.
¿Está conforme con la mención que se hace al tema de las compensaciones?
Creo que hubiera sido bueno una propuesta precisa sobre un mecanismo de contribución a las comunidades. Unos lo llaman descentralización tributaria y otros aportes a las comunidades o compensación. Esto viene discutiéndose desde 2007 o 2008 cuando hubo un proyecto de ley, que no avanzó. Hubiera esperado una propuesta más concreta en esa materia.
¿Esta agenda energética es contradictoria con los impuestos verdes que se están discutiendo en la reforma tributaria?
Si el atributo que se busca en una matriz energética fuera sólo precio, claro, sería contradictorio poner impuestos a una fuente de generación. Pero los atributos que se buscan son tres: precios, seguridad y sustentabilidad. Por lo tanto, no necesariamente es contradictorio.
¿Cuál es la postura de la empresa en relación a esos impuestos?
Creemos que deben ser simétricos. Es decir, que todas las fuentes fijas que emitan estos gases tengan el mismo tratamiento. Además que los criterios deben estar establecidos con precisión en la ley sin espacio para una discrecionalidad posterior en su aplicación.
¿Coincide con la crítica de Gener respecto a los efectos en los precios?
No coincidimos con esa estimación. De partida el precio final de la energía no está determinado por una sola fuente de generación. El supuesto de ese cálculo es que toda la matriz se va a ir a GNL y que desaparece los nuevos desarrollos hidroeléctricos, a carbón o ERNC. Eso es difícil que se dé en la realidad. Nuestra estimación es que el costo de desarrollo completo de una central a carbón sube entre 5% y 8%, y si eso se tradujera al cliente final, sería la mitad: 2,5% y 4%.
Larraín y las críticas a la falta de inversión: «Ese poncho no le cae a Colbún»
¿Falta competencia en el sector eléctrico, como acusa el gobierno?
Un mercado sano, es uno con dinamismo competitivo, donde ojalá siempre haya más oferta potencial en base a diversas tecnologías, que demanda. El dinamismo competitivo no necesariamente está asociado a un cierto nivel de concentración. Por lo demás, los índices de concentración del SIC, han bajado persistentemente en los últimos 10 o 20 años. Así lo muestra el índice HHI. Además, hay muchos países europeos que tienen índices de concentración mucho más altos que el chileno, algunos tienen mayor dinamismo competitivo, otros menor que Chile. Siempre es bueno que haya menos concentración y más actores, pero puede haber un mercado poco concentrado, pero menos competitivo, porque no hay dinámica competitiva.
Les doy un ejemplo. Durante el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet, Codelco realizó un proceso de licitación de suministro eléctrico de largo plazo. Ofreció sólo a nuevos actores el desarrollo de proyectos de generación con ingeniería desarrollada y estudios de impacto ambiental aprobado, para que le ofrecieran un suministro de largo plazo. Recibió varias propuestas y finalmente la propuesta de Colbún, en base a su portfolio de proyectos, resultó la más competitiva. Este contrato, junto con otros contratos suscritos con empresas mineras y distribuidoras, viabilizaron el plan de inversiones de Colbún de US$ 2.600 millones en los últimos cinco años.
Cuando el ministro Máximo Pacheco critica que los planes de inversión de las generadoras eléctricas son muy inferiores a sus flujos operacionales, ¿no apunta a Colbún?
Ese poncho no le cae a Colbún, las cifras así lo indican. En los últimos siete años hemos invertido cerca de US$ 2.600 millones, un 50% más que nuestro flujo operacional. Esto significó 1.000 MW adicionales, el mayor aporte al SIC de una empresa en ese período.
¿El diagnóstico del Gobierno es errado?
Es correcto desde el punto de vista de la dinámica competitiva. Lo que comparto con el ministro es que en los últimos tres años, las licitaciones de las empresas distribuidoras no han tenido suficiente oferta. Es un hecho objetivo e incuestionable. La razón es que no se han desarrollado suficientes proyectos de generación para abastecerlas. Estoy cierto que grandes empresas como SN Power, EON, Suez, y muchas otras, habrían participado en las licitaciones de empresas distribuidoras si hubieran podido desarrollar sus proyectos.
¿La falta de inversión de los últimos años no es responsabilidad mayoritaria del sector privado?
Hay un tema de fondo. Hay un nuevo contexto socioambiental, más actores participando en el debate energético y comunidades mucho más empoderadas. Un contexto propios de sociedades modernas. En ese contexto, por supuesto que se requiere una adaptación del sector privado, profundizando su gestión social y ambiental. Creo que estamos en este proceso. En Colbún estamos poniendo en marcha Angostura, la mayor central hidroeléctrica construida en la última década. Estamos orgullosos porque creemos que representan un ejemplo de buena gestión social y ambiental. El Estado, por su parte, también tendría que haberse adaptado a este nuevo contexto, proponiendo los cambios necesarios en la institucionalidad ambiental y energética, para tomar las decisiones dentro de ella en plazos razonables.
«Hay que desdramatizar la decisión del Consejo de Ministros por Hidroaysén»
¿La agenda energética entrega señales para HidroAysén?
Siempre hemos sostenido que para desarrollar cualquier proyecto de cierta magnitud y complejidad, debe ser parte de una política energética de largo plazo. Y la agenda energética propone un proceso participativo que va a terminar en una política de largo plazo en el año 2015. La agenda destaca en una forma muy preferente la importancia de desarrollar energía en base a recursos propios y constata que Chile tiene un gran potencial hidroeléctrico. Habla de que ese potencial hidroeléctrico, en base a estimaciones conservadoras, sería de 16 mil MW: 10 mil MW entre la cuenca del Aconcagua y Puelo, y otro de 6 mil MW en la región de Aysén.
Pero lo más interesante en mi opinión es que hace un cambio en la forma como se enfrenta la discusión de los proyectos hidroeléctricos, desde el caso a caso, o proyecto por proyecto, a un proceso distinto de planificación territorial para el desarrollo hidroeléctrico, que partirá con un mapeo de las distintas cuencas, en base a factores ambientales, socioculturales, geológicos y en base a su potencial hidroeléctrico.
Adicionalmente, en la sección de transmisión se destaca que el Estado promoverá líneas de transmisión vinculantes, que conecten los polos de generación determinados a través del proceso de planificación territorial, con los centros de consumo.
En este contexto, desde el punto de vista de HidroAysén, se hace más evidente y natural reafirmar que no tiene sentido avanzar en su desarrollo, y que lo que corresponde es supeditarlo a esta política energética de largo plazo, al desarrollo del proceso de planificación territorial energética para el desarrollo hidroeléctrico futuro y tercero, a las definiciones sobre la regulación de transmisión.
Pero ¿es una luz respecto de las primeras declaraciones del gobierno sobre el proyecto?
Se le da importancia al tema hidroeléctrico como genérico y se sube su discusión al ámbito de una discusión país. Es decir, la pelota ya no está en los actores privados, sino que pasa a un estadio que tiene reglas, tiempos y plazos. Un estadio donde participan todos los actores y donde se va a discutir el desarrollo hidroeléctrico de Chile.
En HidroAysén, ¿es más relevante la agenda o la decisión que va a tomar el comité de ministros en los próximos días?
Hay que desdramatizar la decisión que tome el Consejo de Ministros. Lo más relevante es que los proyectos se desarrollen dentro de la institucionalidad y que la institucionalidad resuelva con base legal y técnica. Desde el punto de vista legal, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fue validada por la Corte Suprema. Hay que desdramatizar en el sentido de que cualquiera que sea la decisión del Consejo de Ministros, que tiene amplias atribuciones, todos los actores tienen la opción de recurrir a la instancia siguiente, que es el Tribunal Ambiental, que fue hace poco creado para perfeccionar y completar la institucionalidad ambiental de Chile. Lo natural es esperar que se resuelva dentro de los plazos y en forma integral, no como ocurrió en los últimos años, cuando se extendió por más de tres años, en circunstancia de que el plazo legal establecía 60 días.
¿Qué sentido tiene el análisis de las cuencas? La industria y la autoridad ya conocen el potencial hidroeléctrico desde hace años…
Este potencial está distribuido en muchas cuencas de Chile. Algunas se conocen más, algunas ya están intervenidas y algunas están prístinas. Su potencial hidroeléctrico probablemente está bastante estudiado, pero también tienen usos alternativos, tienen valores ecológicos y socioculturales. Ese levantamiento se hace en otras partes del mundo, donde participan ONG, en base a estudios científicos. Eso va a representar una línea de base validada, legitimada, porque va a surgir de un proceso donde el Estado la articula, donde participan distintos actores, y por lo tanto, es un cambio de paradigma.