(Pulso) El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ya hizo públicas las resoluciones que gatillaron la caída de HidroAysén.
La autoridad ambiental dividió el proceso entre las invalidaciones administrativas del anterior comité y las resoluciones que acogieron las reclamaciones de los opositores al proyecto.
En los documentos desclasificados se estableció que el presidente del Comité de Ministros, Pablo Badenier manifestó a sus pares que el “mismo proponente (titular) del Proyecto había manifestado su disconformidad con la decisión adoptada por el Comité de Ministros de 30 de enero de 2014”, y agrega que, “de todas formas, el Proponente podrá recurrir de lo resuelto por este Comité ante el Segundo Tribunal Ambiental”.
En la documentación que será enviada a los titulares en los próximos días, el gobierno confirmó deficiencias en los estudios de hidrología, fauna terrestre y planes de relocalización, elementos que a la postre gatillaron los votos contra la iniciativa que contaba con su permiso ambiental desde mayo de 2011.
Puntualmente se establece que el programa de relocalización de comunidades “careció de los elementos para poder cualificársele de medida apropiada”.
De acuerdo a lo establecido por la documentación se expresó que “es posible concluir que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en cuestión no cumplió con los contenidos mínimos establecidos en la Ley y desarrollados reglamentariamente”.
En las actas se establece la participación y los comentarios de cada uno de los secretarios de Estado. Se detalla que el titular de energía, Máximo Pacheco consultó sobre el número total de observaciones realizadas en el proceso de participación ciudadana. A lo que los funcionarios del SEA respondieron “que se recibieron 10.069 documentos durante el proceso de participación ciudadana, de los cuales 1.548 fueron declarados admisibles”.
Luego de la votación, el mismo ministro expresó que era fundamental para el gobierno “dejar constancia que la presente decisión obedece a que el proyecto en cuestión no cumple con el estándar establecido en la normativa aplicable, pero en ningún caso debe interpretarse como un cuestionamiento a la posibilidad de utilizar los recursos hídricos del país, y especialmente de la región, para la generación de energía”.