«En el sector eléctrico, cada vez que ha existido competencia equilibrada se ha llegado a excelentes resultados para los usuarios finales de la energía eléctrica». Este es el análisis realizado en la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN), a propósito de la discusión del proyecto de ley de portabilidad eléctrica, que forma parte de la reforma al segmento de distribución.
Sebastián Novoa, vicepresidente de la asociación gremial, sostiene que en el último tiempo se han producido tres hitos en que la competencia ha mostrado positivos resultados en el mercado eléctrico, poniendo como ejemplo los resultados de las licitaciones de suministro para clientes regulados de 2016, donde se registraron 84 ofertas.
«El éxito de la competencia en estos procesos licitatorios fue rotundo, nos llevó de licitaciones que no se adjudicaban por completo y con precios superiores a los 130 US$/MWh a precios cercanos a los 30 US$/MWh en el último proceso realizado en 2017», afirma Novoa.
Un segundo momento mencionado por el representante gremial se vio en los resultados de las licitaciones privadas, organizadas para clientes regulados que decidieron ejercer su opción de migrar al mundo de los clientes libres, «las cuales están logrando precios inferiores a 50 U$/MWh. Según ACEN, estos niveles están disponibles e incluso son mejores dependiendo de la cantidad de energía negociada, plazos, formas de pago y condiciones generales del acuerdo alcanzado entre las partes».
«El tercer indicio de competencia se ha presenciado recientemente en el resultado de las licitaciones de energía realizadas en el contexto del descuento en la tarifa eléctrica para calefacción anunciada por el Gobierno en agosto 2020. Esta licitación, por un volumen cercano a los 120 GWh/Año y un período de 4 años, logró descuentos en la tarifa eléctrica total de aproximadamente 20%, lo cual, por ejemplo, para 2021 corresponde a una reducción de 30,550 $/kWh. Si extrapolamos ese dato y se aplica a toda la demanda regulada prevista para el próximo año (27.751 GWh), el ahorro alcanzaría los 1.087 MMUSD. Este es el potencial de ahorro que vemos para el sistema», precisa Novoa.
Es así como el dirigente señala la necesidad de considerar «en este cálculo tanto los contratos vigentes como el Mecanismo de Estabilización de Precios (PEC) -que deberá ser pagado durante los próximos años- para generar un equilibrio en la implementación de la política de portabilidad y el respeto a los acuerdos existentes, así como el pago de las deudas adquiridas en este último tiempo. Lo anterior no permitirá, sin embargo, generar el máximo potencial de ahorro en el mediano plazo».
«Lo que no puede ocurrir es que el objetivo y la forma de implementación se nos confundan. El respeto a los acuerdos vigentes nos obliga a una puesta en marcha gradual, pero esto no significa que la portabilidad no estará disponible para todos. Sin duda, la portabilidad llegará a todos los usuarios pues ese es el objetivo final del proyecto de ley. La discusión de cuál es la mejor implementación no puede paralizarnos y llevarnos a hacer nada. Esto es como estar frente a un tsunami, tener que subir el cerro y detenerse para elegir cuál es el camino más adecuado. Podemos tomar un tiempo para escoger el camino, pero lo peor que podemos hacer es ahogarnos por no decidir subir el cerro», concluye.