(El Mercurio) «Este es un proyecto de ley muy militante de las ideas del gobierno de turno y, en materias estructurales, esto es un gran peligro. Esta regulación, necesariamente, requiere de un acuerdo amplio y ello no ha ocurrido», afirmó el director del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica de Chile, Alejandro Vergara, sobre el proyecto de ley que busca modificar el Código de Aguas.
Está previsto que la iniciativa legal, que genera polémica por los cambios regulatorios que impulsa, se discuta y vote hoy en la Sala de la Cámara de Diputados. El experto aseguró que lo que más le inquieta es el errado análisis a partir del cual se basa el proyecto de ley. «Lo más grave es la falta de un diagnóstico apoyado por todas las instancias de conocimiento técnico y académico sobre las aguas en nuestro país. Esto se hizo a puertas cerradas», acusó.
El experto sostuvo que los cambios que se pretenden hacer enfocan de un modo muy parcial el fenómeno de las aguas. «Hay objetivos o principios generales del proyecto que cabe apoyar. Pero es grave entregarle atribuciones excesivas a un órgano, como la Dirección General de Aguas (DGA), sin incorporar modificaciones estructurales a esa entidad», expresó. Manifestó que «la eficiencia de ese órgano ha sido puesta en duda en muchas ocasiones».
El abogado explicó que la iniciativa pretende borrar del Código la expresión «propiedad» en todo lo posible. «Es como darle un mensaje a los ciudadanos para que entiendan que aquí ya no hay propiedad sobre las aguas», indicó.
Otro aspecto que consideró preocupante es la modificación que se tramita en paralelo en el Senado y que busca «preparar el camino para la expropiación del derecho, con el fin de declarar de utilidad pública todos los derechos de aprovechamiento de aguas. En este proyecto se ve un intento de expropiación larvada. Su objetivo es expropiar los derechos o limitarlos con mayor facilidad reguladora», aseveró.
Las reducciones de los derechos de aprovechamiento de aguas en función de un caudal ecológico también le inquietan. «Lo preocupante de esto es que se trata de una aplicación retroactiva y que no señala una posible indemnización», aseguró Alejandro Vergara.
Votación
Está previsto que hoy se discuta y vote el proyecto en la Sala de la Cámara de Diputados.
Prerrogativas que nacen de usos ancestrales y facultades inscritas
Vergara prevé diversos problemas en aquellos derechos que nacen de usos ancestrales -también llamados consuetudinarios-, como también en los que se encuentran inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas. Respecto de los primeros -que se les otorga la misma protección prioritaria que se le da a cualquier título inscrito-, Vergara advirtió que «se los fragiliza mucho en el actual intento legislativo, porque van a quedar expuestos, a partir de un cambio legislativo, a la decisión unilateral de la DGA en sus regularizaciones». Además, señaló que podría ser inconstitucional que el proyecto no permita que los titulares de derechos no inscritos se opongan ante peticiones de terceros.
Vergara también prevé obstáculos en relación a los derechos inscritos. Indicó que la iniciativa «limita los derechos de aprovechamiento de aguas, actualmente vigentes, en virtud de fines respecto de los cuales todos podemos estar de acuerdo -como es la protección del derecho al agua o la función de subsistencia del agua, o la preservación ecosistémica-, pero se intenta hacer sin la compensación o la indemnización propia de todo sistema expropiatorio».
Uno de los aspectos más controvertidos es la disminución del valor de los predios agrícolas en caso de debilitarse el derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas. Incluso, en la discusión en la Cámara de Diputados han intervenido altos cargos de BancoEstado para analizar este tema. Vergara señaló que «en el caso de la agricultura, la minería u otras industrias, será más difícil optar a un crédito bancario o desarrollar un negocio incorporándolo en sociedades cada vez que se requiera utilizar los títulos de propiedad». Agregó que «el peligro reside en que el derecho de propiedad otorga seguridad en la intangibilidad: no se toca la cantidad de agua que recibe ese titular, salvo alguna sequía. Pero nadie considerará que ese título es seguro si en el futuro dependerá de una decisión discrecional del director de la DGA en cuanto a la cantidad que se podrá utilizar». El experto expresó que si se debilita la protección constitucional y legal a los derechos de aprovechamiento de aguas, se va a afectar toda la actividad económica basada en la tenencia de esas prerrogativas.
Lo positivo: protección a la función de subsistencia
Vergara estimó que lo positivo de la iniciativa son los principios u objetivos generales en que se enfoca. «El proyecto encara bien el fenómeno de la protección de lo que hoy llamamos el derecho humano al agua. La iniciativa incorpora la función de subsistencia, lo que es muy positivo», indicó. El experto aseguró que en algunos sitios existen problemas para llevar agua potable a sectores rurales que se encuentran alejados. Añadió que el uso o consumo de agua potable y de saneamiento en las urbes tiene una cobertura de 100%, pero en los sectores rurales es distinto. «Está bien enfocado cualquier proyecto que intente mejorar ese aspecto», planteó.
Pese a ello, agregó que en la actualidad también se protege el consumo del agua para la bebida o la subsistencia: «Incluso, los propios tribunales han ido protegiendo cada vez más esta función del agua».
Vergara aseguró que es importante reforzar la función ecosistémica debido a las afecciones que pueden ocurrir por la sobreutilización y sobreotorgamiento de las aguas. Sin embargo, apuntó que «esto no es generalizado. Se le está dando una cobertura excesiva a esta finalidad, que va más allá de lo necesario para proteger el derecho humano al agua y la función ecosistémica».
Contenido del proyecto de ley no se ha analizado con suficiente detención
En medio de la discusión, hay sectores que se han manifestado abiertamente a favor del proyecto de ley. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) y la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru) son partidarios de los cambios legales. El abogado y académico sostuvo que «es posible que quienes apoyan las modificaciones no hayan leído con atención el proyecto en su totalidad». Además, señaló que se necesita seriedad cuando se interviene públicamente refiriéndose a un proyecto tan complejo y tan amplio. «Hay que leerlo completo para enterarse muy bien de los detalles. Yo también estoy a favor de la protección del derecho humano al agua, pero eso no es justificación de las graves afecciones que se harán a los títulos actuales de derechos de agua ni para la exacerbación de potestades de la DGA», sostuvo. Agregó que esta entidad ha estado sujeta a una intensa y generalizada crítica a causa de su ineficiencia. Independientemente de esos problemas, reconoció que existe una labor enorme que realiza esa entidad y que tiene que ver con crear conocimiento del recurso.
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