(Pulso) Una buena idea, pero que se aleja del plan inicial que era destrabar los proyectos de generación y transmisión. Así consideraron ante el Congreso dos importantes Think tanks ligados a la oposición: Libertad y Desarrollo y el Instituto Libertad, la propuesta de ley de Equidad Tarifaria propuesta por el ministerio de Energía.
El Congreso está tramitando esta iniciativa, que tiene por objetivo premiar con reducciones de las tarifas eléctricas a los vecinos de comunas intensivas en generación eléctrica, como es el caso de Ventanas, Coronel, Alto Biobío y Mejillones, entre otras.
Según la economista senior del Programa Económico de Libertad y Desarrollo, Susana Jiménez, la medida podría tener aspectos regresivos, pues los beneficiados con la baja en las tarifas, en las comunas intensivas en generación, serían todos los consumidores y no sólo aquellos de menores ingresos, lo que conllevaría un beneficio proporcionalmente mayor para aquellos consumidores de altos ingresos que son los que más consumen.
Además, cuestionó que sólo se centre en la generación y no se considere la transmisión, aspecto clave para el desarrollo energético.
“El proyecto de equidad tarifaria solo se aboca a las centrales de generación, sin considerar la infraestructura de transmisión que también ha enfrentado importante oposición ciudadana y podría tener iguales externalidades para las comunidades afectadas. Luego, resulta razonable diseñar un esquema de aporte locales que considere no solo la capacidad instalada de generación sino también las líneas de transmisión”, agregó.
En representación de LyD, Jiménez sostuvo que resultaría más conveniente establecer un sistema de asociatividad, donde los recursos a recaudar sean destinados a proyectos que realmente beneficien a la comunidad, como escuelas, plazas, seguridad pública e infraestructura, entre otros.
Idea original
“Los aportes monetarios – la rebaja de tarifas se acerca a ello- tiende a generar mayor reticencia pues es interpretada como una compra de voluntades, mientras que la entrega de infraestructura y servicios públicos tienden a ser percibidos como un beneficio para la comunidad en su conjunto, no meros beneficios privados. Tiene además la ventaja de permitir dar a los recursos el mejor uso que la comunidad quiera darle, y que no necesariamente es una rebaja en las cuentas de la luz”.
Por ello, añadió, sería preferible retrotraerse a lo que fuera el proyecto original de la llamada Ley Tokman (cargo por kW o kWh a nuevos proyectos y cargo por km de línea según voltaje, a beneficio local), iniciativa que fue transversal a los gobiernos pues, pese a haber sido ideado durante la primera administración de la Presidenta Bachelet, se mantuvo vigente en el gobierno del ex presidente Piñera.
El abogado Hugo Álvarez, del Instituto Libertad, sostuvo que aunque hacer un reconocimiento a las comunas intensivas en generación “funciona o podría funcionar” para facilitar nuevos proyectos, el beneficio sería relativamente marginal y no soluciona el problema de fondo.
“Las acciones de la autoridad y de la ley debiesen tender, de manera sistémica y con pasos decididos, a generar no sólo tímidos incentivos sino que acciones y medidas destinadas a destrabar la inversión eléctrica y perfeccionar el funcionamiento del sector energético”, planteó el profesional.
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