(La Tercera) “No puede ser que la regulación tarifaria dependa de una mera rentabilidad, porque eso atenta contra los principios básicos de un sistema de economía de mercado”. Con esas palabras, el presidente del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca, esbozó ayer una de las principales críticas del organismo contra el proyecto de Ley del gobierno que busca regular el mercado del gas por cañería.
En su presentación ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, el magistrado dijo que si bien la iniciativa legal es necesaria para completar el actual vacío legal, ésta no considera el análisis tendiente a determinar si el exceso de rentabilidad en el que puede incurrir una empresa es condenable o no. En ese sentido, explicó que se requiere un análisis para determinar si dicha rentabilidad responde a eficiencias o a un abuso de poder de mercado.
“Un error que tiene el proyecto es que se establece que va a haber una tarificación obligatoria por el sólo hecho de exceder un cierto margen de rentabilidad (…) Lo que había en la ley era más razonable que lo que se plantea en el sentido de exigir un análisis de competencia”, puntualizó.
Otro de los puntos que criticó tuvo que ver con los plazos para poner fin a la regulación tarifaria una vez aplicada. Eso, dado que la iniciativa legal los fija en cuatro años, lo que a su juicio es cuestionable puesto que una empresa podría seguir siendo tarificada aún si ya no hay motivos para ello.
Menchaca también puso en duda el uso de recursos de reclamación en estos procesos y llamó a reemplazarlos por recursos de ilegalidad. Asimismo, indicó que no todos los servicios asociados deberían ser tarificados.
La visión de la industria
El director ejecutivo de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Gas Natural (AGN), Carlos Cortés, por su lado, reiteró que en la ley actual existen vacíos legales. Sin embargo, señaló que el proyecto presenta incertidumbres, ya que se cambian las reglas del juego, lo que puede afectar la inversión.
En ese sentido, la Comisión acordó solicitar un informe para ver los eventuales efectos en ese ámbito.
La discusión sobre regulación del gas se da luego que el gobierno diera a conocer que Metrogas excedió los límites de rentabilidad establecidos durante dos años consecutivos y se constatara la inexistencia de un procedimiento para la fijación tarifaria o sanción, por falta de reglamentos.