La ministra Susana Jiménez resaltó que la sustitución del aparato por uno más moderno es parte de un conjunto de medidas que harán exigible «un suministro más seguro y continuo».

Rodrigo Castillo dijo que el aparato había sido financiado directamente por el cliente, ya sea comprándolo o pagando un arriendo a la empresa.

Así lo señala Dante Carrasco, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Atacama (UDA).

Un grupo de parlamentarios oficialistas no descarta incluso llegar al Sernac para que se pronuncie al respecto.

Enel lidera el cambio con 280 mil dispositivos y el resto pertenece a Saesa y Chilquinta. La ministra de Energía señaló que son pilotos y que si no cumplen con los requisitos del anexo pronto a publicar, deberán ser cambiados.

A pesar de que la ley se promulgara en el gobierno anterior, parlamentarios del PS presentaron ayer en el Congreso un proyecto nuevo.

El director ejecutivo del gremio planteó que el nuevo sistema aumentará costo de la energía en no más de $300.

La asociación gremial descartó que los consumidores deban asumir el costo del reemplazo del aparato por «dispositivos inteligentes».

La ministra de Energía, Susana Jiménez, dijo que ayudarán a incrementar la seguridad y calidad de servicio, pues mediante una gestión conjunta permiten identificar rápidamente a los clientes.

Según el organismo regulador, el objetivo de este proceso «es transitar hacia una Red de Distribución inteligente, acorde a los últimos avances tecnológicos y desarrollos de las redes de distribución internacionales».