Un estudio determinó que esta norma afecta a los productores renovables, ya que ha provocado bajas en el precio de la energía que se comercializa en el mercado mayorista o spot.

El ex ministro de Energía del gobierno anterior considera que esta figura “altera las condiciones de competencia en el sistema eléctrico”, por lo que plantea su revisión, “sobre todo cuando hay suficiente oferta en el sistema”.

Informe 2020 del organismo internacional indica que la crisis del Covid-19 redujo la demanda eléctrica y, por ende, la generación con este combustibles, a lo que se sumó los bajos precios del gas natural.

Danilo Zurita, director ejecutivo de GPM-A.G., comenta a ELECTRICIDAD que el proyecto sobre este tema “dejará en una situación estrecha a la oferta de energía, y por ende tendrá repercusiones en la seguridad de servicio y en los costos de operación”.

Se proponen incorporar nuevos artículos, entre los cuales está la prohibición de instalar estas centrales, además de otras que plantean informes técnicos del Coordinador Eléctrico y de la CNE en el proceso de cierre de estas plantas.

La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que propone anticipar en quince años el retiro de estas unidades. Su avance preocupa al gobierno y a la industria pues, aunque hay consenso en que se debe acelerar la descarbonización, ven riesgos en hacerlo tan rápido sobre la estabilidad del sistema, en una mayor generación con diésel e incluso alzas de tarifa.

Ambas tecnologías suman más de 5.500 MW, superando los 5.192 MW que tienen las centrales termoeléctricas que usan este combustible.

Así se desprende de los datos contenidos en los reportes mensuales de la Comisión Nacional de Energía.

Así lo señala el New Energy Outlook 2020 de BloombergNEF, en que se prevé que la demanda total del petróleo alcanzará su nivel máximo en 2035.