Como una excelente noticia calificaron las seremis de Energía y de Bienes Nacionales de la región de Atacama, Cecilia Sánchez y Mónica Marín respectivamente, la obligatoriedad de cumplir con la Ley de Pago a 30 días, así como las multas por incumplimiento, ambas medidas, en el marco de las bases de licitación de terrenos fiscales para proyectos de energías renovables.
“Consideramos que esta modificación es una excelente noticia, ya que por años empresas contratistas y subcontratistas de Atacama y de otros puntos del país se han visto perjudicados por el retraso o el no pago de las empresas, lo que ha significado tremendos costos económicos y también emocionales para ellos y sus familias”, comentó la seremi Cecilia Sánchez.
En esa línea, agregó que “ahora estamos contribuyendo a corregir este problema de larga data. Quienes desarrollan proyectos en terrenos fiscales deben estar especialmente comprometidos a cumplir estas reglas, porque el uso de bienes que son de todas y todos debe orientarse por el bien común y a la justicia social”.
Por su parte, la seremi Mónica Marín, destacó que “nos encanta ser parte de la solución y no de un problema; porque cuando se trata de hacer justicia social con las y los trabajadores de Atacama, siempre seremos propositivos”. Con esta modificación, añadió la autoridad, “afirmamos que es posible equilibrar el impulso de la economía con criterios de equidad y un adecuado relacionamiento entre los diversos actores involucrados en la generación de energías limpias, con más garantías y protección para quienes laboran y sus familias”.
Adicionalmente, ambas autoridades coincidieron en que la descarbonización no es solo una oportunidad para construir ciudades más limpias y mejorar la calidad de vida de las personas, sino que también una oportunidad para que la industria energética se fortalezca y continúe creciendo.
Cabe recordar que dicha modificación en las bases de licitaciones, anunciada recientemente, responde a un trabajo conjunto entre los ministerios de Energía y Bienes Nacionales. Lo anterior se traduce en que, a contar de 2022, los postulantes a los procesos licitatorios para proyectos de ERNC deberán acreditar anualmente que tanto ellos como sus contratistas y subcontratistas cumplen con el compromiso de dar “estricto e íntegro cumplimiento” a la normativa contenida en la Ley N° 21.131, de pago a 30 días. Y, asimismo, que en caso de incumplimiento las concesionarias arriesgan multas que llegan hasta las 40 UF.